ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, EN SU CARÁCTER DE ARRENDATARIAS.

ARSENIO FARRELL CUBILLAS, Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8o. fracción VIII, 15 y 63 de la Ley General de Bienes Nacionales; 17 y 37 fracciones XX y XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o. y 29 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; y 2o. del Reglamento de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, y

CONSIDERANDO

Que a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo corresponde conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, fijar la política del Gobierno Federal en materia de arrendamiento de inmuebles, revisar y evaluar las operaciones y contratos inmobiliarios que realicen las dependencias de la Administración Pública Federal, registrar y aprobar los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles que con el carácter de arrendatarias realicen las propias dependencias, así como revisar periódicamente dichos contratos y vigilar su cumplimiento;

Que la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la propia Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, tiene competencia para practicar las justipreciaciones de rentas que le soliciten las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

Que existen severas restricciones presupuestales para que la Administración Pública Federal adquiera la propiedad de los inmuebles que requiere para ubicar las oficinas administrativas y locales necesarios para la prestación de los servicios públicos a su cargo, y que esta situación ha venido impulsando su participación creciente en el arrendamiento de inmuebles;

Que para justificar debidamente el gasto público federal que se aplica al arrendamiento de inmuebles, es indispensable que la Administración Pública Federal se sujete estrictamente a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que establezcan tanto la H. Cámara de Diputados en el Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal, como el Ejecutivo Federal por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Contraloría y Desarrollo Administrativo;

Que como parte de esas medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, es importante promover el óptimo aprovechamiento de los inmuebles federales, antes de que se tome la decisión de adquirir en propiedad o en arrendamiento otros inmuebles;

Que para propiciar la adecuada selección de los inmuebles que habrán de tomarse en arrendamiento es indispensable establecer un mecanismo en el que participe la Administración Pública Federal en su conjunto, a efecto de que se puedan satisfacer sus necesidades concretas, en función primordialmente de la población por servir y de los requerimientos de espacio para la atención del público y de los usuarios;

Que es necesario que la migración de instituciones públicas provocada por la necesidad de reubicar sus oficinas administrativas en inmuebles que reúnen mejores características en cuanto a localización, espacios utilizables, áreas de estacionamiento, vías de comunicación, medidas de protección civil, entre otras, se realice bajo criterios uniformes, de tal suerte que si un inmueble es desalojado por una institución pública por no satisfacer necesidades mínimas de seguridad estructural, funcionalidad y costo, el mismo no sea ocupado por otra, independientemente del impacto que tal ocupación ocasiona al erario federal al tener que sufragar gastos de mudanza, así como gastos de adaptación y de instalación de equipos especiales, y

Que en vista de que el arrendamiento de inmuebles es una problemática común que enfrenta la Administración Pública Federal, es conveniente formular y poner en operación una política que propicie la selección de edificios que cuenten con las instalaciones adecuadas para la prestación de servicios públicos, que cumplan con la normatividad vigente en materia de uso del suelo, estacionamientos, construcciones, seguridad estructural, protección civil y protección del medio ambiente, y cuyos costos sean acordes al comportamiento del mercado inmobiliario;

Que en razón de que las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo son congruentes con la normatividad presupuestaria vigente, y se cuenta con la conformidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, EN SU CARÁCTER DE ARRENDATARIAS

Responsabilidad de los servidores públicos

Artículo 1o.- Los titulares de las dependencias serán responsables del estricto cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo. A tal efecto y sin perjuicio de lo establecido en otros ordenamientos jurídicos aplicables, los referidos titulares promoverán la adopción de medidas conducentes para su adecuado cumplimiento, tanto en el ámbito interno de las dependencias a su cargo, como en el de las entidades bajo su coordinación. Los órganos de gobierno y los titulares de las entidades paraestatales, incluidas las no sectorizadas, proveerán lo necesario para tales fines de conformidad con sus facultades legales y estatutarias.

Artículo 2o.- Los servidores públicos que contravengan lo dispuesto en el presente Acuerdo, serán sancionados en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Selección de inmuebles

Artículo 3o.- Las dependencias de la Administración Pública Federal, sólo podrán tomar inmuebles en arrendamiento, si no cuentan con los inmuebles necesarios para realizar los programas, obras y servicios a su cargo y cuando además no sea posible o conveniente adquirirlos en propiedad, ya sea en pago de contado, a plazo, mediante arrendamiento financiero o por cualquier otro título, sujetándose a los criterios de disciplina presupuestaria.

Artículo 4o.- En el mes de enero de cada año, las dependencias de la Administración Pública Federal deberán presentar a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, a través de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, un programa anual de requerimientos en materia de arrendamiento de inmuebles, que considere tanto los ocupados como los de nueva contratación, de acuerdo a los formatos que para tal efecto determine la propia Comisión.

Artículo 5o.- Para satisfacer los requerimientos planteados, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, a través de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, procederá a:

I. Revisar el Inventario Nacional de Bienes Inmuebles de la Administración Pública Federal, para identificar la existencia de inmuebles disponibles y en su caso, destinarlos o promover su aprovechamiento por parte de las dependencias demandantes;

II. En el caso de no existir inmuebles de la Administración Pública Federal disponibles, se revisará la oferta de inmuebles en el mercado que tenga identificada la propia Comisión, para efectuar las recomendaciones conducentes;

III. De no cubrirse los requerimientos presentados, la Comisión evaluará las propuestas que le sometan a su consideración las dependencias demandantes, previamente a la emisión de los respectivos dictámenes de justipreciación de rentas.

Artículo 6o.- Para satisfacer los requerimientos de la Administración Pública Federal en materia de arrendamiento de inmuebles, se deberán observar los siguientes criterios:

I. La distribución de la población por servir;

II. La conveniente integración física de las unidades administrativas adscritas a la misma dependencia;

III. Las necesidades de espacio, seguridad, higiene y funcionalidad para el público, los usuarios y el personal;

IV. El decoro y austeridad que debe observar la Administración Pública Federal;

V. La idoneidad de las dimensiones, distribución e instalaciones de los inmuebles para las actividades que se pretendan realizar en ellos;

VI. El importe de las erogaciones y el tiempo necesario para remodelar y adaptar los inmuebles, así como para instalar los equipos especiales que, en su caso, se requieran;

VII. El cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de uso del suelo; estacionamientos, construcciones, seguridad estructural, protección civil y protección del medio ambiente, y

VIII. Las normas y políticas que expida la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para el aprovechamiento y racionalidad en el uso de los inmuebles arrendados.

Artículo 7o. Para los efectos anteriores, la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales evaluará las propuestas de inmuebles por arrendar que le presenten las dependencias, de modo que con la aprobación de ésta se seleccione la opción más apropiada.

Ejercicio Presupuestal

Artículo 8o.- Las dependencias deberán efectuar las previsiones presupuestales necesarias para cubrir las erogaciones por concepto de arrendamiento de inmuebles, así como para realizar las mejoras, adaptaciones e instalaciones para equipos especiales que en su caso se requieran, y para los servicios de conservación, mantenimiento y vigilancia de dichos inmuebles.

Artículo 9o.- Para la celebración de contratos de arrendamiento de inmuebles, las dependencias deberán observar las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que establezcan la H. Cámara de Diputados en el Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal, así como el Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

Artículo 10.- La vigencia de los contratos de arrendamiento que celebren las dependencias, se podrá iniciar en cualquier fecha del año y podrá tener una duración que exceda el ejercicio presupuestal en que se inicie su vigencia, en la inteligencia de que los compromisos que se generen hacia los siguientes ejercicios deberán estar autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y quedarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a que la H. Cámara de Diputados apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de que se trate.

Justipreciación de rentas

Artículo 11.- Las dependencias de la Administración Pública Federal deberán solicitar a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales las respectivas justipreciaciones de rentas, de acuerdo con su programa anual de requerimientos en materia de arrendamiento de inmuebles. En caso de que este último se modifique, deberán notificarse los ajustes a la propia Comisión.

Artículo 12.- Las dependencias deberán solicitar y obtener la justipreciación de renta de cada inmueble que por primera vez pretendan tomar en arrendamiento, previamente a su ocupación, a la celebración del respectivo contrato, al pago de rentas, a la realización de gastos de mudanza y al inicio de obras de remodelación y adaptación.

Artículo 13.- Si dos o más dependencias solicitan una justipreciación de renta para un mismo inmueble, la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales atenderá la solicitud que haya recibido en primer lugar, y comunicará a las demás que existe una solicitud anterior y que, con el propósito de evitar competencia entre ellas, deberán abstenerse de continuar negociando con el propietario.

Artículo 14.- Las dependencias deberán presentar a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales la solicitud de justipreciación de renta, y copia de los siguientes documentos:

I. Croquis de localización;

II. Plano topográfico con superficie, linderos y colindancias;

III. Planos arquitectónicos actualizados y aprobados;

IV. Dictamen de seguridad estructural;

V. Visto bueno de seguridad y operación expedido por la autoridad correspondiente cuando lo requiera la legislación local;

VI. Titulo de propiedad, y

VII. Boleta Predial.

La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales emitirá las justipreciaciones de renta a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que reciba, a su entera satisfacción, la documentación que se señala en el párrafo anterior.

Las dependencias proporcionarán a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales las facilidades necesarias para la adecuada investigación de los inmuebles objeto de la justipreciación de rentas.

Artículo 15.- Para determinar el monto de la renta, la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales hará una investigación sobre los montos de las rentas prevalecientes en el mercado inmobiliario a la fecha de la solicitud, y tomará en consideración, entre otros aspectos, la zona donde se ubica el inmueble objeto de la justipreciación de renta, el segmento específico del mercado con las características del inmueble, su seguridad estructural, su estado de conservación y mantenimiento, las adaptaciones e instalaciones para equipos especiales que sean propiedad de los arrendadores y, en general, el marco normativo y metodológico aplicable.

Artículo 16.- En todos los casos, los dictámenes de justipreciación y de actualización de rentas, sólo serán entregados a representantes acreditados de la dependencia promovente.

Artículo 17.- El importe de las rentas que pacten las dependencias, no podrá ser superior al señalado en el dictamen de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales.

Los servidores públicos competentes de la dependencia de que se trate, deberán negociar con los arrendadores que el monto de la renta se sitúe dentro de los términos de la justipreciación de renta emitida por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales.

Artículo 18.- Los titulares de las dependencias cuidarán, bajo su directa responsabilidad, que en su carácter de arrendatarias no se convengan importes de renta superiores a los determinados en los dictámenes emitidos por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales.

Articulo 19.- La vigencia de los dictámenes de justipreciación de rentas, no podrá exceder de un año, contado a partir de la fecha de su registro ante la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, periodo dentro del cual se podrá celebrar el contrato de arrendamiento. Invariablemente en los dictámenes de justipreciación de rentas se consignará la vigencia que se otorgue a los mismos.

Artículo 20.- No se podrá fijar en un contrato de arrendamiento un periodo inferior a un año para revisar y, en su caso, incrementar el importe de la renta.

Cuando se ajuste el plazo de un contrato de arrendamiento a la duración del ejercicio fiscal en curso, en la prórroga o celebración del contrato para el siguiente ejercicio se podrá convenir el importe de la renta pactada en el ejercicio anterior o solicitar una nueva justipreciación de renta, sin que este caso aplique lo dispuesto por el artículo 40 del presente Acuerdo.

En el caso de que la vigencia del contrato sea superior a un año, se deberá estipular en el contrato que la revisión del importe de la renta se sujetará a la actualización de la justipreciación de renta que cada año realice la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o bien, en su caso, a lo dispuesto por el artículo 40 del presente Acuerdo.

Artículo 21.- La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales no podrá emitir dictámenes de justipreciación de rentas referidos a periodos anteriores a la fecha de solicitud, para efectos de regularización.

Reconsideración de las justipreciaciones de rentas

Artículo 22.- Cuando la renta dictaminada por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales no sea aceptada por el arrendador y existan circunstancias que lo ameriten, la dependencia promovente podrá solicitar a dicha Comisión dentro de los sesenta días naturales siguientes al registro de los respectivos dictámenes, la reconsideración del importe de renta justipreciado, debiendo aportar los elementos de juicio que demuestre la idoneidad del inmueble para sus servicios, las ventajas de dicho inmueble en comparación con otras ofertas y la información de mercado de que disponga, entre otros aspectos.

Artículo 23.- La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales deberá realizar los trabajos necesarios a efecto de evaluar la información proporcionada por la promovente y, en caso procedente, ampliar la investigación de mercado. En un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha en que recibió debidamente integrada la solicitud de reconsideración, la citada Comisión emitirá un nuevo dictamen que ratifique o rectifique el monto justipreciado de la renta. La vigencia de este nuevo dictamen comenzará a correr a partir de la fecha de su registro ante la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, dependiente de la propia Comisión.

Celebración del contrato de arrendamiento

Artículo 24.- Las dependencias deberán utilizar el modelo de contrato de arrendamiento que se anexa al presente Acuerdo, pudiendo agregar otras cláusulas que consideren necesarias, siempre y cuando no se altere el sentido ni el alcance de las disposiciones de este Acuerdo ni de las cláusulas que contiene el modelo.

Artículo 25.- En el contrato se establecerá una cláusula en la que el arrendador exprese su conformidad para que la arrendataria permita el uso parcial del inmueble arrendado a terceros, ya sea en forma gratuita u onerosa, sin que se generen derechos en favor del arrendador al pago de contraprestación alguna por ese concepto.

Artículo 26.- Las dependencias no deberán otorgar fianzas ni realizar depósitos como garantía del cumplimiento del contrato de arrendamiento de inmuebles.

Artículo 27.- No podrá aceptarse cláusula contractual o estipulación de cualquier especie que implique renuncia o menoscabo de los derechos que otorga la legislación civil a los arrendatarios.

Artículo 28.- Una vez que se cuente con la aceptación del propietario del inmueble o, en su caso, de su representante, respecto del monto de la renta con base en la justipreciación de renta emitida por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, se procederá a celebrar el contrato de arrendamiento, el cual deberá ser firmado por el servidor público de la dependencia con facultades para ello y por el propietario del inmueble o, en su caso, su representante. Los servidores públicos que efectúen pagos de rentas sin contar con el contrato de arrendamiento debidamente firmado, incurrirán en responsabilidad administrativa, independientemente de que con posterioridad se cubra este requisito.

Artículo 29.- La dependencia deberá remitir a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales una copia con firmas autógrafas o una copia certificada de arrendamiento celebrado, en un plazo máximo de sesenta días contados a partir de la fecha de inicio de su vigencia.

Articulo 30.- Firmado el contrato de arrendamiento, se deberá levantar acta circunstanciada de la recepción del inmueble, en la que se hará constar:

I. El inventario y las condiciones de instalaciones y equipos propios del inmueble, y

II. La entrega por parte del propietario a la dependencia arrendataria, de la documentación relativa a la seguridad estructural y de las instalaciones, los límites de cargas vivas unitarias para la estructura, la carta de fluidos en las instalaciones, los usos permitidos y en general todas las limitaciones derivadas de las características del inmueble.

Artículo 31.- Las dependencias deberán acatar las licencias y constancias de uso de suelo y los permisos de ocupación de construcciones expedidos a los propietarios de los inmuebles arrendados.

Pago de rentas, servicios, obras y equipamiento

Artículo 32.- La periodicidad para el pago de las rentas no podrá ser inferior a un mes. El pago de las rentas se deberá convenir y efectuar por periodos vencidos. Se deberán establecer los mecanismos adecuados para que el pago se realice en plazo máximo de veinte días contados a partir de la fecha del vencimiento de cada periodo.

Artículo 33.- Las dependencias deberán prever y gestionar las disponibilidades presupuestales que garanticen el pago oportuno de las rentas y de los servicios necesarios para la operación eficiente de los inmuebles que tomen en arrendamiento, y que permitan efectuar con oportunidad las erogaciones indispensables para la conservación, mantenimiento, mejoras, adaptaciones y equipamiento de dichos inmuebles.

Mejoras, adaptaciones e instalaciones de equipos especiales

Artículo 34.- Las dependencias deberán comunicar por escrito a la Comisión de avalúos de Bienes Nacionales los conceptos y el importe de las erogaciones que apliquen a la realización de mejoras, adaptaciones e instalaciones para equipos especiales, con el fin de evitar que estos conceptos se incluyan en las justipreciaciones de rentas y en sus actualizaciones.

Se entenderá por mejoras los trabajos de mantenimiento a los acabados y a las instalaciones. Se entenderá por adaptaciones las modificaciones a los espacios, acabados e instalaciones, para adecuarlos a las necesidades específicas de las dependencias ocupantes, sin alterar las características esenciales del inmueble (estructura, instalaciones y equipos propios). Se entenderá por instalaciones para equipos especiales cuando se trate de alimentaciones y/o descargas de fluidos independientes a las instalaciones originales del inmueble.

Artículo 35.- En ningún caso el monto de las erogaciones en mejoras y adaptaciones deberá exceder del equivalente a treinta y seis meses del importe de la renta pactada al inicio del contrato, ni el tiempo requerido para realizarlas deberá exceder de seis meses. La duración del contrato de arrendamiento deberá permitir amortizar las erogaciones realizadas en las mejoras y adaptaciones.

Artículo 36.- Las dependencias sólo podrán realizar mejoras, adaptaciones e instalaciones de equipos especiales una vez que se haya firmado el contrato de arrendamiento, en el que conste la conformidad del propietario para su realización. En dicho contrato se podrán establecer las siguientes modalidades;

I. Si se pacta que las adaptaciones y las instalaciones de equipos especiales pertenecerán al Gobierno Federal, la arrendataria podrá retirarlas en cualquier momento;

II. Si se pacta que las adaptaciones y las instalaciones de equipos especiales pertenecerán al propietario del inmueble, a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales corresponderá determinar el plazo y el monto para la amortización de las respectivas inversiones, el cual se deberá descontar del importe de la renta. Durante el plazo de amortización de las inversiones, no se podrá tomar en consideración el valor de las adaptaciones e instalaciones de equipos especiales para justipreciar el monto de la renta.

En ningún caso se podrá arrendar un inmueble o parte de él, que no esté en condiciones de ser ocupado de inmediato para realizar las mejoras, adaptaciones e instalaciones de equipos especiales.

Procedimiento para continuar la ocupación de un inmueble arrendado

Artículo 37.- Con tres meses de anticipación a la expiración de la vigencia de un contrato de arrendamiento, la dependencia deberá evaluar la conveniencia de continuar la ocupación del inmueble arrendado, en atención a los aspectos señalados en el artículo 6o. del presente Acuerdo.

Artículo 38.- Si la dependencia decide continuar la ocupación del inmueble arrendado, deberá presentar a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, con una anticipación de dos meses a la fecha de expiración de la vigencia del contrato de arrendamiento, una solicitud para actualizar la respectiva justipreciación de renta, debiendo acompañar copia de la constancia de la entrega a dicha Comisión del último contrato de arrendamiento. De no contar con el dictamen de la Comisión en que se base el contrato vigente, deberá proporcionar los documentos que señala el artículo 14 del presente Acuerdo.

Artículo 39.- Las disposiciones contenidas en los artículos 14, párrafos segundo y tercero, 15, 16, 17, 18, 19, 22 y 23 del presente Acuerdo, son aplicables a la actualización de las justipreciaciones de rentas.

Artículo 40.- La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo podrá fijar con la periodicidad que la misma determine y por lo menos con dos meses de anticipación al inicio del periodo de que se trate, un porcentaje máximo de incremento al monto de las rentas pactadas por las dependencias en los contratos de arrendamiento cuya vigencia expire dentro de dicho periodo, para cada una de las zonas en que para estos efectos se divida al país, en función del comportamiento del mercado inmobiliario.

Cuando la arrendataria convenga con el propietario un importe de renta igual o inferior al porcentaje fijado, no será necesario solicitar la actualización o nueva justipreciación de renta a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, sino únicamente darle aviso y proporcionarle una copia con firmas autógrafas o certificada del contrato celebrado, dentro de los sesenta días siguientes al inicio de su vigencia. Dicha negociación tendrá el carácter de una justipreciación automática. Este mecanismo sólo procederá si el monto de la renta pactada en el contrato anterior está sustentado en un dictamen de justipreciación de renta emitido por l a propia Comisión o si se convino dentro del límite del incremento porcentual vigente en la fecha de celebración del contrato.

Artículo 41.- Si la pretensión de un arrendador es superior al límite de incremento porcentual fijado y la dependencia considera conveniente continuar la ocupación del inmueble arrendado, la arrendataria deberá presentar a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales la respectiva solicitud de justipreciación de renta.

Artículo 42.- Si en definitiva el propietario no acepta el monto de renta que resulte de aplicar el porcentaje máximo de incremento que se fije en los términos del artículo 40 de este Acuerdo o el dictaminado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, la dependencia deberá efectuar una evaluación para determinar si procede a;

I. Acogerse a los beneficios que a los arrendatarios concede la legislación civil;

II. Localizar otro inmueble apropiado para satisfacer los diversos aspectos que señala el artículo 6o. del presente Acuerdo y una vez seleccionado el más adecuado, solicitará a dicha Comisión su aprobación y la emisión del respectivo dictamen de justipreciación de renta;

III. Iniciar las gestiones para la adquisición de la propiedad del inmueble arrendado.

Desocupación de inmuebles arrendados

Artículo 43.- Si la dependencia decide desocupar el inmueble arrendado, deberá avisarlo a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales con una anticipación mínima de dos meses a la fecha prevista para la desocupación, a fin de que la propia Comisión previa evaluación lo incorpore a su catálogo de inmuebles disponibles para arrendamiento.

Articulo 44.- Tomada la decisión de desocupar el inmueble arrendado, la arrendataria deberá levantar un inventario de las adaptaciones e instalaciones de equipos especiales, comparando su valor neto de reposición con el costo de desmantelar, transportar y volver a utilizar esos activos en otro inmueble, así como su vida útil remanente.

Con base en la información mencionada en el párrafo anterior, se deberá evaluar la decisión de reubicar las adaptaciones e instalaciones de equipos especiales, de venderlas desmanteladas o venderlas al propietario o al futuro inquilino del inmueble arrendado, todo ello cumpliendo con la legislación aplicable.

Exclusiones

Artículo 45.- Las disposiciones de este Acuerdo no se aplicarán a los arrendamientos financieros ni a la determinación de rentas para proyectos de inversión o negocios en marcha, para cuyo efecto la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales observará lo dispuesto en la normatividad aplicable, así como los criterios técnicos y metodologías autorizadas.

Interpretación del Acuerdo

Artículo 46.- Corresponderá a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en la esfera de sus atribuciones, interpretar estas disposiciones para efectos administrativos, así como la resolución de cualquier situación no prevista en el presente Acuerdo.

Artículo 47.- La vigencia del cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo corresponderá, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y a los órganos internos de control de las dependencias y entidades.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se deroga el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el arrendamiento de inmuebles de la Administración Pública Federal en carácter de arrendatarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de julio de 1988, y demás disposiciones administrativas que se opongan al presente Acuerdo.

TERCERO.- Los asuntos pendientes de resolución que se hayan presentado con anterioridad al 1o. de enero de 1997, se resolverán de acuerdo con las disposiciones vigentes en 1996.

CUARTO.- Para el ejercicio fiscal de 1997, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, con la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitirá durante el mes de enero un Oficio-Circular en el que se determinará el mecanismo para fijar el monto de la renta en los casos en que se pretenda continuar con la ocupación del inmueble arrendado.

Dado en la Ciudad de México; Distrito Federal, a los treinta días del mes de enero de mil novecientos noventa y siete.- El Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo.- Arsenio Farell Cubillas.- Rúbrica.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1997.