I.1.PRESENTACIÓN

 

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o, fracción II, inciso b y 10, fracción V de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, estos últimos en relación con los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se reforman los artículos 73, 74, 78 y 79 de la citada Carta Magna, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 30 de julio de 1999 y Cuarto Transitorio de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, publicada en el DOF del 29 de diciembre de 2000, se presenta a la H. Cámara de Diputados el Informe de Resultados Sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2000.

 

Este informe es producto de las auditorías, visitas e inspecciones incluidas en el Programa de Auditorías, las cuales fueron efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con el artículo Segundo Transitorio del Decreto aludido, que entre otras disposiciones precisa que:

 

“La revisión de la Cuenta Pública y las funciones de fiscalización a que se refieren las fracciones I a IV del artículo 79 reformado por este Decreto, se llevarán a cabo, en los términos del propio Decreto, a partir de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al año 2001”.

 

“La entidad de fiscalización superior de la Federación revisará la Cuenta Pública de los años 1998, 1999 y 2000 conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de este Decreto”.

 

Por su parte, el artículo Tercero Transitorio establece que: “En tanto la entidad de fiscalización superior de la Federación no empiece a ejercer las atribuciones a que se refiere este Decreto, la Contaduría Mayor de Hacienda continuará ejerciendo las atribuciones que actualmente tiene conforme al artículo 74, fracción IV, de la Constitución, su Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas aplicables vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto”.

 

En consecuencia, el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2000 que ahora se presenta, ha sido formulado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en las atribuciones contenidas en el artículo 3o de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y éstas, le permitieron analizar y verificar si las entidades a que se refiere el artículo 2o de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, comprendidas en la Cuenta Pública:

 

a)     Realizaron sus operaciones, en lo general y en lo particular, con apego a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación y, cumplieron con las disposiciones respectivas de las Leyes General de Deuda Pública; de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; Orgánica de la Administración Pública Federal y demás ordenamientos aplicables en la materia;

 

b)     Ejercieron correcta y estrictamente sus presupuestos conforme a los programas y subprogramas aprobados;

 

c)     Ajustaron y ejecutaron los programas de inversión en los términos y montos aprobados y de conformidad con sus partidas; y

 

d)     Aplicaron los recursos provenientes de financiamientos con la periodicidad y forma establecidas por la Ley.

 

Dentro de su Programa de Auditorías, la entidad de fiscalización superior de la Federación incluyó y atendió las instrucciones contenidas en el artículo 9 del Decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2000 que estipula:

 

“La Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento a lo establecido en su Ley de Fiscalización Superior de la Federación, deberá practicar las auditorías correspondientes, destacando las irregularidades por el incumplimiento de la legislación y normatividad vigentes y en su caso, promover el fincamiento de las responsabilidades administrativas, civiles o penales, que procedan conforme a derecho, así como dentro del término de la Ley, deberá rendir a esta Cámara el Informe de Resultados correspondiente”.

 

La Auditoría Superior de la Federación también consideró, de manera particular, las instrucciones específicas del artículo 8 del citado Decreto y  constató de manera genérica los aspectos referidos en los artículos 4 y 5 del mismo. Adicionalmente, llevó a cabo las revisiones ordenadas por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en consonancia con las facultades que a dicha Comisión confiere la fracción III del artículo 10, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.

 

El ciclo fiscalizador del órgano técnico se inició con las labores de análisis, verificación y evaluación de la Cuenta Pública 2000, cuyos resultados se plasmaron en el Informe Previo que se rindió a la H. Cámara de Diputados el 7 de noviembre de 2001, en cumplimiento de los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3o fracción II, inciso a, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.

 

El Programa de Auditorías que se elaboró y presentó para su aprobación a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, dividido en dos fases, consideró la práctica de 309 revisiones, que a la postre se incrementaron a 312, y se efectuaron en los Poderes de la Unión, así como en algunos entes públicos federales y en 30 entidades federativas y varios municipios.  Estas últimas se realizaron en forma directa o por conducto de las entidades de fiscalización superior de los Congresos Locales, para verificar la aplicación de los recursos federales canalizados mediante el Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”; el marco legal de estas auditorías está contenido en la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 46, fracción IV, en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2000, artículos 17 y 20, y en la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, artículo 3o fracción II, inciso a, subinciso 5 y fracción III.

 

De las 312 revisiones, 24 (7.7%), fueron auditorías de desempeño; 257 (82.4%), de regularidad; y, 31 (9.9%) auditorías especiales. Los informes respectivos se presentan en los tomos sectoriales y en el del Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.

 

Las auditorías se practicaron a 129 entes públicos, 37.0% de un total de 349; privilegiando la revisión de aquéllos que ejercen o administran los mayores volúmenes de recursos públicos y que presentan las variaciones más significativas en el ejercicio del gasto y en el cumplimiento de metas.

 

Del Ramo 33, se realizaron auditorías en 30 (93.8%) de las 32 entidades federativas.

 

En la determinación del Programa de Auditorías, se atendieron las apreciaciones y señalamientos de los CC. Diputados Federales integrantes de las comisiones de Vigilancia y de Presupuesto y Cuenta Pública, además de los elementos y criterios de selección detallados en el numeral I.3.1. del capítulo Marco Metodológico.

 

Por cuanto hace al desarrollo de los trabajos, se aplicaron los procedimientos y técnicas de auditoría pertinentes para cada caso. Los objetivos y el alcance de las revisiones se establecieron con base en un estricto rigor técnico, que en todo momento se sujetó a la normatividad para la fiscalización superior.

 

En este entorno, el presente Informe de Resultados es producto del trabajo profesional, multidisciplinario, imparcial e independiente del personal de la Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento del referido Programa de Auditorías para la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2000, el cual culminará con el seguimiento de las observaciones emitidas y acciones promovidas de cada revisión.

 

Como lo establece la normatividad aplicable, se realizaron las reuniones de confronta con los servidores públicos responsables de los entes auditados, a fin de informarles sobre los resultados de las revisiones practicadas. Los comentarios y aclaraciones pertinentes que en esas reuniones se hicieron, fueron considerados en los informes de las auditorías correspondientes.

 

Por otra parte, en cumplimiento del artículo 7o fracciones VI y X, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación procedió a realizar las siguientes acciones derivadas de la práctica de las auditorías:

 

·         Ante la presunción de un daño al erario federal o al patrimonio de los entes, se emitieron los pliegos de observaciones y en su caso, se presentaron las denuncias de hechos correspondientes ante el Ministerio Público Federal.

 

·         Cuando se determinaron incumplimientos a la normatividad de operación, se solicitó al Órgano Interno de Control en el ente, que evaluara las apreciaciones preliminares emitidas por el personal de la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, iniciara el procedimiento administrativo respectivo, en el ámbito de sus atribuciones.

 

·         En las auditorías en que se detectaron errores u omisiones en la presentación de las declaraciones o en el pago o entero de impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, por parte de los entes auditados o de los proveedores de bienes o servicios relacionados con las operaciones revisadas, se solicitó a las autoridades hacendarias analizar la conveniencia y pertinencia de llevar a cabo revisiones para, en su caso, requerir el pago de obligaciones omitidas y para aplicar las sanciones que por ley procedan.

 

·         En los casos en que se detectaron deficiencias en los sistemas por fallas en el control interno establecido, se hicieron del conocimiento de las entidades fiscalizadas las recomendaciones de carácter preventivo, que a juicio de la Auditoría Superior de la Federación, deben adoptarse para evitar la recurrencia en errores y omisiones, fortalecer los mecanismos de operación y mejorar los sistemas de control administrativo.

 

·         Por último, se emitieron las recomendaciones al desempeño que tienen como finalidad que la dependencia o entidad auditada mejore la eficiencia y eficacia en la consecución de sus objetivos y metas, para de esa forma contribuir a incrementar la calidad de la gestión gubernamental.

 

En este contexto, se informa que respecto de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente a 2000, la Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento de sus atribuciones, determinó 3,334 observaciones, de las cuales derivaron 4,653 acciones promovidas, que se integran como sigue, según su naturaleza:

 

Acciones Preventivas:

 

a)     Emitió 2,900 recomendaciones sobre deficiencias de control interno.

 

b)     Formuló 283 recomendaciones al desempeño.

 

 

Acciones Correctivas:

 

c)     Solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en 737 casos.

 

d)     Solicitó en 671 casos, aclaración sobre las operaciones realizadas, respecto de las cuales deberán presentar la documentación comprobatoria o bien justificar su procedencia.

 

e)     Formuló 24 pliegos de observaciones.

 

f)      Informó a las instancias recaudadoras de 22 casos en los que se detectaron indicios de evasión fiscal por parte de los proveedores de bienes y servicios del sector público.

 

g)     En 10 casos requirió a las instancias correspondientes, la práctica de revisiones sobre deficiencias o irregularidades en el cálculo y entero de obligaciones fiscales por parte de los  entes auditados.

 

h)     Presentó 6 denuncias de hechos ante las autoridades correspondientes.

 

A todas estas acciones se les dará la debida atención y seguimiento hasta su cabal conclusión.

 

En la perspectiva de la división de poderes del Estado mexicano, es necesario mencionar que, en términos generales, se contó con la colaboración y cooperación requeridas de los entes auditados para facilitar el cumplimiento de las responsabilidades de la entidad de fiscalización superior de la Federación, situación que contribuye sin duda al fortalecimiento, independencia y coordinación institucional de los Poderes de la Unión.

 

El presente Tomo Ejecutivo incluye la información y datos relativos a: la Visión Estratégica de la Auditoría Superior de la Federación; el Marco Metodológico; los Resultados Relevantes; el Cumplimiento del Decreto Relativo a la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2000 y Atención de los Puntos de Acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; las Acciones Promovidas con Motivo de la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2000 y de Ejercicios Anteriores, y las Consideraciones Finales, sobre la revisión practicada.

 

Adicionalmente, los resultados de las auditorías se presentan, en ocho tomos agrupados de conformidad con la clasificación administrativa sectorial (con algunas agrupaciones convencionales) y un Tomo del Ramo 33. Todo ello, con el propósito de facilitar a los usuarios interesados la consulta, principalmente a los CC. Legisladores de ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión.

 

Con el mismo propósito y a efecto de conferir mayor valor agregado a los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación, se ha enriquecido el contenido del informe con los siguientes elementos:

 

a)     En el Tomo Ejecutivo

 

 

 

b)     En los Tomos Sectoriales

 

 

 

La Auditoría Superior de la Federación expresa su reconocimiento a los CC. Diputados Federales integrantes de la Comisión de Vigilancia de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, por el apoyo otorgado para el desempeño de sus funciones.

 

Con la entrega del  Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2000, la Auditoría Superior de la Federación, cumple en tiempo y forma con su Mandato Constitucional y con lo que establece la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

I.2.VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

 

Para enfrentar los retos del siglo XXI, México necesita de instituciones sólidas, capaces de generar en la ciudadanía la confianza para una vida ordenada y productiva.

 

No podemos abandonarnos a la inercia de los hechos.  No podemos permitir que la confusión, las omisiones irresponsables o, en el peor de los casos, la corrupción, sean los fenómenos recurrentes de las políticas públicas.

 

Requerimos de claridad, transparencia y participación  ciudadana para acercar las tareas del gobierno al mexicano común.  Para que pueda percibir al Estado y a la autoridad en todos los niveles como aliados en su quehacer cotidiano.  Para ello, el control constitucional del Poder Legislativo y las facultades de fiscalización de la H. Cámara de Diputados han de traducir las demandas sociales en políticas permanentes de colaboración y apoyo, de supervisión y control, y de promoción para hacer de la administración pública una esfera de confianza ciudadana.

 

La globalización, el desarrollo sustentable y todos los desafíos de los nuevos escenarios nacionales e internacionales, nos exigen la transformación de nuestras instituciones.  El Poder Legislativo creó y dotó a la Auditoría Superior de la Federación de un marco jurídico adecuado para el desarrollo de sus actividades.  La entidad debe ahora asumir con responsabilidad la tarea encomendada.

 

Tenemos la certeza de que, además de las acciones contenidas como mandato expreso en el marco jurídico de su actividad, es obligación de la Auditoría Superior de la Federación convertirse en una entidad promotora de la transparencia, la eficiencia y mejora continua de los servicios públicos, garante para el Poder Legislativo y la sociedad en general, de que los recursos del pueblo son recaudados, administrados y aplicados con honestidad, economía y eficiencia.  Pero también de que el Estado cuenta con la capacidad para verificar cabalmente el cumplimiento pleno de sus responsabilidades en materia de seguridad, salud, educación, trabajo, vivienda, derechos humanos, medio ambiente, defensa de la soberanía y todos los aspectos que la sociedad le ha confiado.

 

 

1.2.1.       Mandato

 

La Auditoría Superior de la Federación -en su carácter de entidad de fiscalización superior de la Federación- fue creada para apoyar a la H. Cámara de Diputados en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales relativas a la revisión de la Cuenta Pública Federal, con objeto de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si ésta se ajustó a los lineamientos señalados por el presupuesto y constatar la consecución de los objetivos y las metas contenidas en los programas de gobierno.

 

1.2.2.       Misión

 

Informar veraz y oportunamente a la H. Cámara de Diputados y a la sociedad, sobre el resultado de la revisión del origen y aplicación de los recursos públicos, del cumplimiento de los objetivos y metas; inducir el manejo eficaz, productivo y honesto de los mismos, y promover la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los Poderes de la Unión y los entes públicos federales, en beneficio de la población a la que sirven.

 

1.2.3.       Objetivos

 

a)     Efectuar la revisión de la Cuenta Pública Federal con objetividad, imparcialidad y oportunidad para merecer la confianza y credibilidad de la H. Cámara de Diputados y de la sociedad.

 

b)     Fomentar gestiones públicas responsables, orientadas a la obtención de resultados y a la satisfacción de las necesidades de la población.

 

c)        Apoyar al H. Congreso de la Unión y al Gobierno Federal en la solución de problemas estructurales y en la identificación de oportunidades para mejorar el desempeño de las instituciones públicas.

 

d)     Consolidar la transición de la entidad de fiscalización superior de la Federación, maximizar el valor de sus servicios a la H. Cámara de Diputados y convertirla en una institución modelo.

 

1.2.4.       Principios Rectores

 

En el cumplimiento de sus atribuciones y desempeño de sus funciones, la Auditoría Superior de la Federación se debe regir por principios sólidamente sustentados en criterios de profesionalismo, objetividad, imparcialidad, honestidad, confiabilidad, responsabilidad e integridad.

 

1.2.5.       Áreas Estratégicas de Actuación

 

Como respuesta al reto futuro, se requiere que la Auditoría Superior de la Federación sea más proactiva que reactiva, que con plena observancia de las disposiciones jurídicas que le son aplicables, marque senderos, señale caminos, establezca pautas, para que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales marchen hacia la modernización administrativa, logrando con ello la eliminación gradual de las áreas generadoras de corrupción, privilegiando la economía, la eficacia y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

 

Con el fin de avanzar en tal sentido y con base en esta visión del deber ser institucional, se plantea como línea de acción la atención de las áreas estratégicas siguientes:

 

 

1)             Áreas Generadoras de Corrupción

 

Eliminar el exceso de burocracia, la tramitología y la discrecionalidad en la toma de decisiones, para ganarle el paso a la corrupción.

 

Detectar áreas generadoras de actos de deshonestidad.  Evaluar los procesos para la obtención de permisos, documentos, concesiones y licencias, para el pago de facturas, adjudicación de contratos y otras gestiones, así como los mecanismos de supervisión, procedimientos de autorización y normatividad aplicables.  Emitir opiniones sobre la forma en la que el exceso de trámites propicia la comisión de irregularidades. Proponer esquemas de simplificación administrativa a favor de la transparencia y la productividad.

 

Establecer sistemas de seguimiento de las denuncias presentadas a esta entidad, a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y a los órganos de control interno de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los entes públicos autónomos, relacionadas con presuntos actos de corrupción, incluyendo las manifestadas a través de los medios de comunicación.  Programar las revisiones necesarias y, en su caso, verificar las acciones correctivas adoptadas.

 

Recomendar al Ejecutivo Federal, con la convicción de que corresponde a la entidad de fiscalización superior señalar pautas para inducir el cambio de la administración pública, reforzar, en los programas educativos de todos los niveles, la enseñanza y transmisión de los valores éticos que constituyen, por sí mismos, la mejor prevención contra las prácticas corruptas.

 

 

2)       Mejores Prácticas Gubernamentales

 

La Auditoría Superior de la Federación debe procurar ser una institución más impulsora de la calidad de la gestión pública, que correctora y sancionadora de irregularidades.

 

Esta última parte se refiere, principalmente a la lucha contra la corrupción, que es fundamental, pero no lo es todo.  El sentido proactivo de la actuación fiscalizadora tiene que ver con el establecimiento de sistemas de control eficaces que cierren los espacios a la comisión de actos indebidos, pero que abran las puertas al mejoramiento de las prácticas gubernamentales.

 

La fiscalización debe analizar si la ejecución del mandato popular, expresado en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, se cumple no sólo con honestidad y honradez, sino con eficacia, economía y eficiencia; en otras palabras, si se opera con sanas prácticas gubernamentales y todavía más, con las mejores prácticas de gobierno, lo que obliga a estar atentos y a efectuar comparaciones con quienes lo hacen mejor, para que con un espíritu de superación constante, la fiscalización proporcione elementos para la mejora continua del quehacer público.

 

 

3)             Seguridad Laboral de los Servidores Públicos

 

Dar estabilidad laboral a los empleados públicos, a través del establecimiento de un servicio civil de carrera, a fin de que los niveles de supervisión y mandos medios cuenten con la protección necesaria para desempeñar adecuadamente su encargo y eviten la visión patrimonialista de los cargos públicos.

 

La seguridad laboral de los servidores públicos es, simultáneamente, un asunto de justicia social y un requisito para promover la capacitación y profesionalización de los trabajadores y, en consecuencia, la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

 

Entre otras opciones, el servicio civil de carrera ofrece un modelo de administración de recursos humanos con un marco normativo que fija reglas para la selección, ocupación y promoción de puestos y genera condiciones de equidad e incentivos que permiten el desarrollo y permanencia del personal.

 

En el ámbito de competencia de los Poderes de la Unión y entes públicos federales, promover la adopción de este tipo de modelos forma parte de la estrategia para alentar el comportamiento ético de los servidores públicos y la excelencia en el desempeño institucional.

 

 

4)       Indicadores Estratégicos

 

Crear sistemas de indicadores de evaluación y parámetros de actuación, que permitan revisar y medir el grado de cumplimiento de los objetivos sociales de las instituciones públicas.

 

Calificar el desempeño de todos los funcionarios y empleados de la administración pública.  Crear conciencia, así como arraigar la cultura de la rendición de cuentas en todos los ámbitos de la gestión pública.

 

Impulsar el establecimiento de indicadores estratégicos, ya que no obstante la creación en 1998, del Sistema de Evaluación del Desempeño y los esfuerzos para medir los resultados de las acciones gubernamentales, una buena parte de los indicadores hasta ahora formulados no permiten, relacionar los objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo, con los resultados de los programas sectoriales o especiales y los establecidos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

 

Aportar la experiencia adquirida en la práctica de auditorías al desempeño para que, en coordinación con los Poderes de la Unión y entes públicos federales, se apoye la implantación de indicadores que permitan evaluar sistemática y objetivamente el impacto de las políticas públicas y los beneficios sociales y económicos de las mismas.  Considerar los principales aspectos relacionados con la cobertura, la calidad y la eficiencia de las acciones ejecutadas, los servicios públicos prestados y los bienes producidos, para la fijación de esos parámetros.

 

En las auditorías al desempeño, incluir observaciones sobre el impacto de acciones y programas para la conservación del medio ambiente.  Con apego a la legalidad, impulsar el respeto irrestricto a las normas ecológicas.  Es una tarea que, de manera prioritaria, llevan a cabo los principales órganos de fiscalización superior en el mundo y es también, una demanda social generalizada y un reclamo legítimo de las nuevas generaciones.

 

 

5)       Rendición de Cuentas

 

Los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas a la sociedad, porque manejan recursos que son de ella.  Debe existir una rendición de cuentas clara y transparente en todas las esferas, niveles y funciones de la administración pública, como elemento fundamental de la democracia plena.

 

Impulsar la cultura de la rendición de cuentas es hoy el vínculo que mantiene la legitimidad de los estados democráticos y uno de los mecanismos sin el cual sería imposible el equilibrio entre los poderes.  Por ello es primordial arraigarla en el servicio público, sobre todo, en los responsables del manejo de los recursos del pueblo.

 

 

6)       Supervisión y Control

 

Reforzar los mecanismos de control y supervisión institucionalizados, considerando que los organismos responsables de estas actividades son entidades públicas federales y por lo tanto sujetos de fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación.  Contar con un equipo multidisciplinario que evalúe anualmente su desempeño y el cumplimiento de sus funciones sustantivas, para poder alertar al H. Congreso de la Unión sobre posibles contingencias e irregularidades que, eventualmente, pudieran conducir a situaciones de inestabilidad en los mercados financieros y cargas presupuestales adicionales.  Programar revisiones en las instancias responsables de supervisar a instituciones financieras, bursátiles, aseguradoras, afianzadoras y de protección a ahorradores y usuarios de la banca.

 

Buscar el fortalecimiento de los órganos de control.  Conocer y ponderar los resultados de las auditorías practicadas por los órganos internos de control y los auditores independientes, con el propósito de incrementar y complementar los alcances de la fiscalización y vigilar la adopción de medidas correctivas y preventivas que eviten la recurrencia de las anomalías.

 

Estructurar esquemas de supervisión que aseguren que los registros contables y presupuestales de las entidades públicas consignen todas sus operaciones y estén actualizados, ya que esta práctica, independientemente de que permite disponer de información confiable y oportuna para la toma de decisiones, constituye uno de los mecanismos de control más perfeccionados y efectivos.

 

 

7)       Fiscalización de Alto Impacto

 

Maximizar los resultados de las auditorías realizadas y el alcance de las acciones preventivas sugeridas.

 

Fortalecer los mecanismos de supervisión y control para la aplicación de los recursos del Ramo 33, que permitan garantizar que los mismos se ejerzan en los términos de las disposiciones presupuestarias y evitar así, la recurrencia en su desvío hacia fines distintos a los autorizados.  Los montos aprobados anualmente por la H. Cámara de Diputados en este renglón obligan a redoblar el esfuerzo en la materia.

 

Analizar el estado de la información financiera de una gran cantidad de fideicomisos, fondos, mandatos, convenios y otros instrumentos desincorporados para la administración de cuantiosos recursos federales.  Esta falta de información oportuna opera en contra de la objetividad en la evaluación del cumplimiento de los programas y de la transparencia en la rendición de cuentas.

 

 

8)       Oportunidades de Mejora

 

Promover la mejora constante de la administración pública.  La identificación de oportunidades para alentar la productividad, economía y transparencia en el uso de los recursos federales debe ser una constante en la actuación de la Auditoría Superior de la Federación.  Optimizar el aprovechamiento de capacidades y recursos, reconociendo las  fortalezas institucionales e identificando sus aspectos vulnerables, con el propósito de potenciar las primeras y abatir los segundos.

 

 

Establecer un programa de control de calidad con el fin de corroborar que se estén aplicando las técnicas de auditoría apropiadas, que el tamaño de las muestras, estadísticamente seleccionadas en cada caso, asegure la representatividad y los niveles de confianza requeridos, y que el contenido y calidad de los informes sean acordes con los objetivos previstos. Fortalecer el sistema automatizado de seguimiento y control de las acciones promovidas para conocer y constatar el impacto de las recomendaciones emitidas.

 

 

1.2.6.       Conclusión

 

Con esta mística de servicio y las acciones prioritarias señaladas, se busca dar cumplimiento a las expectativas generadas por la creación de la Auditoría Superior de la Federación, con el fin de abatir gradualmente los rezagos históricos de la fiscalización superior. Así se pretende combatir institucionalmente la corrupción y la ineficiencia en el uso de los recursos públicos.

 

Con el apoyo solidario de la Comisión de Vigilancia que la ha hecho posible, la Auditoría Superior de la Federación impulsa el fortalecimiento del poder fiscalizador de la H. Cámara de Diputados.

 

El principal patrimonio de la Auditoría Superior de la Federación es la neutralidad, principio fundamental que debe ser estandarte y premisa de su actuación, defendida y valorada por todos los partidos políticos, ya que de ella dependen la credibilidad y la confianza de la sociedad en la institución.

 

La responsabilidad de atender el mejoramiento integral de la administración gubernamental, primordialmente en los temas aludidos, compete al Ejecutivo Federal, a los otros Poderes de la Unión y a los entes públicos federales, a través de la instrumentación de programas específicos que contengan una clara definición de objetivos y metas, con sus respectivos indicadores estratégicos y parámetros de medición, que permitan una mejor evaluación de los logros alcanzados.

I.3.MARCO METODOLÓGICO

 

I.3.1.Planeación y Criterios de Selección

 

Para llevar a cabo su función fiscalizadora, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) utiliza un esquema metodológico consistente y riguroso en la determinación de su Programa de Auditorías, el cual considera en términos generales, las etapas que a continuación se describen:

 

La primera fase del proceso, denominada Planeación Genérica, consiste en un análisis macroeconómico, presupuestal, financiero y programático para distinguir los sectores, ramos, funciones, subfunciones, programas especiales y actividades institucionales estratégicos y/o prioritarios.

 

Los insumos para la realización de este análisis son: el Plan Nacional de Desarrollo, sus 36 Programas Sectoriales, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, los Programas Operativos Anuales, la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, entre los principales.

 

Como resultado del examen y vinculación de la información mencionada, correspondiente al ejercicio 2000, se determinaron como prioritarios para la fiscalización 38 ramos administrativos y 10 entidades paraestatales, tomando en consideración su relevancia en el cumplimiento de los objetivos nacionales manifestados en las diferentes políticas públicas, así como su importancia socieconómica y el monto de los recursos ejercidos.

 

Dichos entes públicos, para el ejercicio fiscal de 2000, llevaron a cabo 246 actividades institucionales que en su conjunto representaron el 97.0% del gasto neto presupuestal, diez de las cuales erogaron el 53.3%.

 

La siguiente fase es la Planeación Específica, que tiene como fin la identificación de los entes públicos encargados de ejecutar esos programas prioritarios y/o estratégicos a los que, por los resultados alcanzados en su gestión y por otros factores que más adelante se comentan, resultan pertinentes auditar. Paralelamente se lleva a cabo la ponderación de las áreas, actividades, proyectos y rubros de ingreso y gasto más significativos para la fiscalización.

 

Este proceso se desarrolla a partir del análisis de la Cuenta Pública y otras fuentes de información, entre las que destacan:

 

1.        El Informe Previo sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, elaborado por la propia ASF, que muestra los principales resultados del ejercicio presupuestal y financiero, así como el logro de objetivos y metas de los entes públicos federales, en comparación con lo aprobado por la Cámara de Diputados.

 

2.        El Dictamen y el Decreto sobre la revisión de la Cuenta Pública, formulados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como las versiones estenográficas y resúmenes de las comparecencias de servidores públicos superiores ante las comisiones legislativas de ambas cámaras.

 

3.        Los informes de gobierno que por disposiciones legales, debe rendir el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo, principalmente los relacionados con las finanzas públicas, la situación económica y la deuda pública.

 

4.        Los estudios técnicos elaborados por la ASF y la Unidad de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en relación con el comportamiento del ingreso-gasto, la evolución y tendencia de los principales indicadores económicos, y variaciones presupuestales, programáticas y financieras, entre otros. Además, se examinan diversas publicaciones sobre el entorno financiero y económico del país, elaboradas por firmas consultoras y organizaciones tanto del sector privado como gubernamentales.

 

5.        Los resultados y el seguimiento de auditorías anteriormente realizadas por la ASF, toda vez que éstas aportan elementos sobre la problemática que se presenta en cada ente público federal y permiten evaluar los esfuerzos y avances para resolverla.

 

6.        Los programas anuales de control y auditoría de los órganos internos de control en las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal; los resultados relevantes derivados de sus intervenciones y los estados financieros dictaminados por los profesionales independientes contratados por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM).

 

7.        Las demandas, denuncias y reclamos de la sociedad, así como los señalamientos de problemas e irregularidades, expresados por la opinión pública a través de los distintos medios de comunicación.

 

El análisis estructurado y metódico de esta información, posibilita la determinación de indicadores de revisión, los cuales son cualitativamente ponderados mediante la aplicación de los criterios de selección que a continuación se precisan:

 

 

A)       El Interés Camaral

 

Se refiere a las recomendaciones e instrucciones de los CC. Diputados Federales, contenidas en el Decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, elaborado a partir del Informe Previo sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal que presenta la ASF.

 

También, los señalamientos y observaciones que los legisladores establecen en el Dictamen Aprobatorio de la Ley de Ingresos de la Federación y en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los mandatos e instrucciones aprobados por la Comisión de Vigilancia, a cuyo cargo está la coordinación y evaluación de este órgano fiscalizador.

 

Igualmente, se analizan y recogen los puntos de acuerdo, relacionados con aspectos de fiscalización, presentados en las sesiones del pleno de la Cámara de Diputados. En lo conducente, se toman en cuenta los pronunciamientos de la Cámara de Senadores.

 

 

B)       La Evaluación Financiera, Programática y Presupuestal

 

Corresponde a los resultados del estudio, evaluación y obtención de indicios de auditoría a partir de los estados analíticos de ingresos y del estado presupuestario de egresos, del estado del ejercicio programático del gasto y de los estados financieros dictaminados de las entidades paraestatales que se presentan en la Cuenta Pública. En especial, se detectan y examinan las diferencias significativas entre lo previsto y lo alcanzado, lo presupuestado y lo ejercido, lo estimado y lo ejecutado, a través de un análisis comparativo.

 

 

C)      La Importancia Relativa de la Acción Institucional

 

Es la resultante de ponderar y jerarquizar cuantitativa y cualitativamente la trascendencia de funciones, entes públicos, proyectos, áreas y actividades institucionales, previamente seleccionados a través del proceso de planeación genérica, otorgando un peso relativo superior a aquéllos que hayan ejercido más gasto, que presenten las variaciones más significativas respecto a lo autorizado y que participen en mayor grado en las tareas definidas como prioritarias.

 

 

D)      Los Antecedentes de las Revisiones

 

Corresponde al análisis respecto de la cantidad y la frecuencia de las auditorías que en el tiempo se hayan efectuado a los entes públicos, las características de las mismas, las áreas involucradas y los resultados obtenidos. De particular consideración es la forma y los términos en que los entes públicos atendieron y solventaron las observaciones y recomendaciones emitidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación.

 

 

 

E)       La Identificación de Áreas de Riesgo

 

Se refiere al reconocimiento de aquellas unidades administrativas, procesos o actividades donde, por la propia naturaleza o volumen de las operaciones que llevan a cabo, se observa una mayor incidencia de errores, omisiones e irregularidades. Asimismo, se seleccionan las áreas en las cuales se ha detectado o se presume que los mecanismos de control interno acusan debilidades.

 

El resultado de ambas fases de planeación se materializa en un conjunto jerarquizado de entes públicos federales (sujetos) y rubros de auditoría (objetos), seleccionados en primera instancia, en función de su contribución al logro de los objetivos considerados como estratégicos y/o prioritarios y, adicionalmente, de acuerdo a la evaluación obtenida a través de la aplicación de los criterios utilizados por la ASF.

 

Por último, la ASF aplica las siguientes reglas de decisión, respecto del conjunto jerarquizado de sujetos y objetos de revisión, a efecto de conformar su Programa de Auditorías:

 

 

q       Importancia

 

Significa que la ejecución de la auditoría por sus alcances, características o circunstancias debe ser lo suficientemente representativa y trascendente. Que el objeto de la revisión es de interés general. Que los aspectos a auditar involucran recursos cuantiosos u operaciones vastas, complejas, delicadas o estratégicas.

 

 

q       Pertinencia

 

Considera que, por los indicios detectados, la auditoría constituirá un elemento importante para mejorar la operación o corregir irregularidades, ineficiencias o incumplimientos. Que existen elementos que sustentan la necesidad de su ejecución o que la revisión resulta de particular interés para la H. Cámara de Diputados. Que la información básica muestra incongruencias o inconsistencias entre propósitos y logros, y entre desviaciones y justificaciones.

 

 

q       Factibilidad

 

Presume que las condiciones funcionales, operativas y documentales permiten llevar a cabo la revisión. Que es posible estimar previamente las implicaciones que su ejecución representa. Que su realización es viable en términos de tiempo y recursos disponibles.

 

En síntesis, la descripción anterior constituye el fundamento metodológico para la formulación del programa de revisiones cuyos resultados son objeto del presente informe. El rigor en el análisis prácticamente asegura que los entes públicos y rubros de auditoría resultantes del proceso de planeación, cumplen con las dos primeras reglas de decisión. Por ello, es conveniente puntualizar que la acción de la ASF queda en última instancia acotada por el número de técnicos que conforman su fuerza de trabajo y por el monto de los recursos presupuestales autorizados para la contratación de despachos externos que apoyen el desarrollo de las revisiones.

 

No obstante, con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y los Convenios de Coordinación entre la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y los Congresos Estatales para realizar el seguimiento y evaluación del ejercicio de los recursos del Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, y sobre los Recursos Reasignados a través de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la ASF ha buscado la forma de potenciar los alcances de su actividad, estableciendo para ello la debida colaboración con los órganos técnicos de los congresos locales a efecto de seleccionar y practicar diversas revisiones sobre la asignación y ejercicio de dichos recursos, en un marco de absoluto respeto a la autonomía de esos órganos y a la soberanía de cada una de las entidades federativas.

 

Destaca el hecho de que la elección de los aspectos a fiscalizar se realiza de común acuerdo, considerando la importancia relativa de los recursos federales asignados a cada entidad federativa y municipio, así como en base al interés camaral, sustanciado en acuerdos del pleno de la Cámara de Diputados y/o de la Comisión de Vigilancia.

 

Finalmente, una vez conformado el Programa de Auditorías y antes de proceder a la planeación detallada de las revisiones y a la programación de los trabajos, en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías (SICSA) se capturan los datos e información que sustenta cada propuesta de auditoría, consignándose, además del título y el tipo de revisión, los objetivos de la misma, su justificación y los criterios de selección. El Programa de Auditorías correspondiente a la revisión del ejercicio 2000, en sus dos fases, fue sometido a la consideración de la Comisión de Vigilancia de la H. Cámara de Diputados, conforme a la legislación aplicable para el ejercicio fiscal sujeto a revisión.

 

 

I.3.2.Objetivos y Desarrollo de las Auditorías

 

Para efectuar las revisiones autorizadas, la entidad de fiscalización superior de la Federación, una vez notificados los entes públicos de su inclusión en el programa correspondiente, practica diversos tipos de auditoría, las cuales, de acuerdo con su objetivo, se clasifican genéricamente en tres grandes grupos: de Desempeño, de Regularidad y Especiales. A su vez, las de Regularidad pueden ser de los siguientes tipos: financieras y de cumplimiento, de obra pública e inversión física, de sistemas y a los recursos federales ejercidos por entidades federativas y por municipios.

 

Como parte de su gestión operativa, la ASF realiza evaluaciones de seguimiento sobre la atención a las observaciones determinadas sobre los resultados obtenidos y para constatar la instrumentación de las recomendaciones emitidas con motivo de las auditorías practicadas a ejercicios anteriores.

 

La naturaleza y objetivos de las auditorías y evaluaciones llevadas a cabo se describe a continuación:

 

A)            Auditorías de Desempeño

 

Consisten en el examen objetivo, sistemático, propositivo, organizado, y comparativo, tanto de las actividades gubernamentales enfocadas a la ejecución de una política pública, general, sectorial o regional, como de aquellas inherentes al funcionamiento de los entes públicos federales, a nivel institucional, de programa, proyecto o unidad administrativa.  Dicho examen incluye la identificación de fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.

 

Los criterios de evaluación utilizados son la eficacia, eficiencia y economía. La intención es conocer si los entes públicos cumplieron con sus objetivos y metas y si ejercieron sus recursos de acuerdo a la normatividad y el propósito para el cual les fueron asignados.

 

El fin último de este tipo de evaluaciones es promover gestiones públicas responsables, honradas y productivas, fomentar la rendición de cuentas transparente y oportuna, impulsar la adopción de las mejores prácticas y reforzar la actitud responsable de los servidores públicos.

 

Sus resultados proporcionan una apreciación objetiva de la forma en que se llevan a cabo las tareas gubernamentales y aportan a los CC. Diputados Federales y a los entes auditados, información, observaciones y recomendaciones que permitan incrementar la calidad de los bienes y servicios que presta el sector público.

 

 

B)            Auditorías de Regularidad

 

Mediante este grupo de auditorías la ASF verifica que los sujetos de fiscalización hayan captado, administrado, ejercido y comprobado los recursos públicos de conformidad a los programas y montos aprobados por la Cámara de Diputados y con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables. En atención al objeto de la fiscalización, estas auditorías se clasifican en:

 

B.1.         Financieras y de Cumplimiento

 

Por cuanto hace a los ingresos, su objetivo es constatar la forma y términos en que fueron captados y administrados, así como verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables. De manera particular, se revisa que los ingresos por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y aportaciones de seguridad social, así como sus accesorios denominados recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnización, se hayan recaudado y registrado en la forma y términos establecidos por la normatividad y que fueron presentados correctamente en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Asimismo, que los recursos obtenidos a través de financiamientos se captaron, registraron y fueron contratados de acuerdo con la legislación aplicable.

 

En materia de egresos, el propósito es examinar que los recursos presupuestarios autorizados a las dependencias, órganos desconcentrados, entidades paraestatales y órganos autónomos, se aplicaron en operaciones efectivamente realizadas, que su ejercicio se ajustó a las disposiciones normativas vigentes, que se utilizaron para el cumplimiento de las funciones propias de los entes públicos y que se registraron con base en los Principios Básicos de Contabilidad Aplicables al Sector Gubernamental y el Clasificador por Objeto del Gasto.

 

Se verifica que las modificaciones presupuestarias se encuentren respaldadas. Que el gasto se haya efectuado atendiendo las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal y de acuerdo con las disposiciones normativas correspondientes. En especial, se revisa que la adquisición y contratación de bienes y servicios se haya ajustado a la legislación en la materia.

 

Se revisa que las operaciones hayan sido registradas con base en los manuales de contabilidad y que las mismas estén sustentadas con la documentación justificativa y comprobatoria, la cual debe reunir los requisitos legales y normativos.

 

Con objeto de comprobar la existencia de los activos, se realizan inspecciones físicas de los bienes adquiridos y de los inventarios en almacén, así como su distribución y utilización; se constata documentalmente que los servicios contratados fueron recibidos; en su caso, se realizan compulsas con los proveedores o prestadores de servicios, para confirmar que las operaciones corresponden a las reportadas.

 

En su caso, se comprueba si los ingresos propios correspondieron a los volúmenes vendidos o a los servicios prestados, si las transferencias se registraron adecuadamente y si se utilizaron para los fines autorizados. En lo que respecta a los pasivos, se revisa que reflejen las obligaciones reales a cargo de los entes públicos auditados.

 

 

B.2.         De Obra Pública e Inversión Física

 

Su objetivo es constatar que las obras públicas ejecutadas para o por los entes públicos federales fueron presupuestalmente aprobadas y el apropiado uso de los recursos; si existieron los estudios y proyectos respectivos y si éstos fueron autorizados; si la contratación se ajustó a la normatividad técnica y jurídica; si los costos fueron acordes con los volúmenes de obra ejecutada, con el tipo y calidad de materiales utilizados y si coinciden con los precios unitarios y extraordinarios autorizados; asimismo, si la oportunidad en la ejecución y entrega de las obras fue de acuerdo con lo previsto.

 

Para llevar a cabo lo anterior, se realizan inspecciones físicas, pruebas técnicas y trabajos denominados de gabinete.

 

 

B.3.         De Sistemas

 

Su finalidad es evaluar los sistemas y procedimientos utilizados; si son adecuados en su diseño y operación, identificando sus atributos básicos de control interno y, en su caso, promover la incorporación de medidas correctivas.

 

Al practicar este tipo de auditorías se analizan, entre otros aspectos: los objetivos, políticas y procedimientos; se selecciona el proceso o sistema a revisar; se definen y aplican las rutinas de verificación; se identifican las deficiencias y los puntos de control; y, se realizan las pruebas de cumplimiento a fin de evaluar su correcta operación.

 

 

B.4.         A los Recursos Federales Ejercidos por Entidades Federativas y por Municipios

 

La finalidad de estas auditorías es verificar y evaluar si los recursos públicos federales recibidos por las entidades federativas y los municipios, ya sea mediante reasignaciones hechas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o a través del Ramo 33, se ejercieron de conformidad con lo dispuesto por la legislación y normatividad aplicables.

 

Estas revisiones son practicadas ya sea directamente por la ASF o, como ya se apuntó, por las entidades de fiscalización superior de los Congresos Locales, con base en los mecanismos de coordinación y convenios establecidos.

 

Las revisiones se enfocan sobre aspectos financieros, programáticos, presupuestales, de obra pública y de legalidad, entre otros.

 

 

C)            Auditorías Especiales

 

Su objetivo consiste en revisar los procedimientos y acciones de la Administración Pública Federal para la creación y desincorporación, en sus diferentes modalidades, de empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos y organismos descentralizados. También se analiza y evalúa la ejecución de programas de apoyo a estas entidades, la canalización de recursos vía subsidios y transferencias, el otorgamiento de permisos y concesiones para el desarrollo de programas o proyectos prioritarios y, eventualmente, problemas estructurales u operaciones singulares del Gobierno Federal.

 

Con estas revisiones se busca constatar el cumplimiento de los objetivos y el grado de eficiencia y eficacia alcanzado, de conformidad con la normatividad aplicable y las condiciones establecidas para cada caso en particular.

 

 

El enfoque de este tipo de revisiones es múltiple y puede incluir auditorías financieras, de sistemas, de legalidad, o bien, ocuparse de la evaluación de aspectos o proyectos específicos.

 

 

D)            Acciones de Seguimiento

 

El objetivo de las actividades de seguimiento de las observaciones, recomendaciones y acciones determinadas por la ASF en las auditorías realizadas a los entes públicos, consiste en verificar que se preste la debida atención a las mismas, a fin de que se fortalezca el control interno y, en su caso, se promueva el fincamiento de las responsabilidades resarcitorias o de otra naturaleza, ante las autoridades competentes.

 

Los procedimientos aplicados en las evaluaciones sobre la atención a las recomendaciones se basa fundamentalmente en el análisis de la información y documentación que presentan los entes auditados y la verificación en campo, de las medidas instrumentadas para corregir lo observado.

 

Para tal fin, se realizan reuniones de seguimiento con los servidores públicos del ente auditado y se establecen compromisos concretos para ser cumplidos dentro de plazos preestablecidos.

 

Por lo que respecta a las observaciones y recomendaciones determinadas por los órganos técnicos de los Congresos Locales, se acuerda con dichas instancias de fiscalización la realización del seguimiento correspondiente y en caso de detectarse desvíos de recursos o falta de cumplimiento a las disposiciones normativas o legales, la ASF promueve el fincamiento de pliegos de observaciones o de las responsabilidades que procedan.

 

 

I.3.3.Estructura y Componentes de los Informes de Auditoría

 

Por cuanto se refiere a la estructura de los informes de auditoría y con el propósito de facilitar su consulta e interpretar su contenido, a continuación se describen sus componentes:

 

a)            Estructura de los Tomos

 

 

Tomo

 

Cada una de las partes en que se divide el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal que se presenta; se identifican con un número romano.

 

 

Ente Público Auditado

 

Denominación oficial del sujeto de la auditoría, agrupado de acuerdo al Poder, Sector o Ramo al que pertenece, según la clasificación administrativa del Gobierno Federal.

 

 

Antecedentes

 

Sección del informe en la que se señalan las atribuciones legales del ente público auditado, su situación presupuestal y  posición financiera a una fecha determinada, en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Identificando las actividades institucionales y la referencia del oficio de notificación y apertura de la revisión.

 

 

Resumen de Resultados

 

Síntesis de los resultados y observaciones derivados de las auditorías practicadas al ente público.

 

 

Informes Detallados de Auditoría

 

Clasificados de acuerdo al tipo de revisión efectuada por la ASF.

 

Título de la Revisión

 

Denominación o nombre con la que se identifica la auditoría realizada.

 

 

Seguimiento de Observaciones-Acciones

 

Resumen de la situación que guarda la atención de las observaciones emitidas y las acciones promovidas en revisiones anteriores al ente público.

 

 

b)            Apartados de los Informes de Auditoría

 

 

Objetivo

 

 Breve descripción del propósito de la revisión.

 

 

Criterios de Selección

 

Apartado donde se indican los principales factores tomados en cuenta para la selección del sujeto y  el objeto de la auditoría en función de las disposiciones legales, la evaluación financiera y programática efectuada, el interés camaral, la importancia relativa de la acción institucional, los antecedentes de las revisiones anteriores y de las realizadas por los órganos internos de control, y la identificación de áreas de riesgo.

 

 

Alcance

 

Parte del documento donde se establece la relación cuantitativa entre la muestra analizada y el universo objeto de la auditoría. En la revisión de programas, sistemas, funciones o proyectos, se indican además las fases o componentes que fueron evaluados, para delimitar y ubicar en contexto los resultados obtenidos.

 

 

Área Revisada

 

Sección en la que se señalan las unidades administrativas de la entidad pública fiscalizada responsable de la ejecución de las actividades o programas objeto de la revisión.

 

 

Resultado

 

Parte del informe en la que se establecen los hechos, evidencias y conclusiones resultantes de la aplicación de los procedimientos y pruebas de auditoría.

 

 

Observaciones

 

Se derivan de los resultados y se refieren al señalamiento de deficiencias, irregularidades u otros hallazgos relevantes.

 

 

Acciones Promovidas

 

Son consecuencia y complemento inseparable de las observaciones de auditoría. Se clasifican genéricamente en correctivas y preventivas y, para la fiscalización a cargo de la ASF, tienen la siguiente connotación:

 

 

Correctivas

 

 

Denuncia de Hechos

 

Ante las autoridades competentes por la presunta comisión de ilícitos.

 

 

Pliego de Observaciones

 

Fincados a servidores públicos, por la presunción de daños o perjuicios al erario federal.

 

 

Promoción del Fincamiento de Responsabilidades

 

Ante los órganos internos de control o la SECODAM, para la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

 

 

Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control

 

Por el posible incumplimiento de disposiciones normativas. Los órganos internos de control deben informar de sus actuaciones a la ASF.

 

 

Señalamientos

 

A las autoridades fiscales, por probables errores u omisiones en las declaraciones fiscales de las entidades públicas auditadas, en relación con el cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y aportaciones de seguridad social.

 

 

Promoción para el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal

 

Ante las autoridades responsables de la administración tributaria, por presuntos actos de evasión o elusión fiscal por parte de proveedores de bienes y servicios del sector público.

 

 

Solicitud de Aclaración

 

A los entes auditados por operaciones no justificadas y/o comprobadas, toda vez que al momento de la revisión no se dispuso de los elementos necesarios para solventar lo observado o promover otro tipo de acción.

 

 

Preventivas

 

 

Recomendación

 

Sugerencias generalmente relacionadas con deficiencias de control interno en las entidades públicas auditadas. Se emiten con el fin de evitar la recurrencia de errores y omisiones, fortalecer la operación y los sistemas administrativos, atenuar la discrecionalidad en la toma de decisiones, promover el cabal cumplimiento de la normatividad y desalentar la comisión de irregularidades.

 

Recomendación al Desempeño

 

Sugerencias orientadas a que los entes públicos mejoren su gestión, atiendan problemas estructurales, adopten las mejores prácticas administrativas y cumplan sus objetivos y metas con eficacia, eficiencia y economía. Asimismo, para fomentar el perfeccionamiento de los sistemas de indicadores de desempeño.

 

 

I.3.4.Cobertura de la Revisión

 

El Programa de Auditorías fue dividido en dos fases con el propósito de atender, en la segunda de ellas, lo dispuesto por la Cámara de Diputados en su Decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2001.

 

El programa original contempló 309 auditorías, sin embargo, se practicaron 312. Las variaciones y adecuaciones se comentan a continuación:

 

a)     Sobre la gestión de los entes públicos federales, de un total programado de 233 auditorías, se llevaron a cabo 235, debido a la inclusión de 5 revisiones y a la cancelación de 3.

 

 a1)  Para atender puntos de acuerdo de la Comisión de Vigilancia y ajustar el programa, se adicionaron revisiones a: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pemex Refinación y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS); las cancelaciones fueron en la Cámara de Diputados, PEMEX Gas y Petroquímica Básica y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).

 

        Los casos de Pemex Refinación y BANOBRAS, obedecieron a que durante la etapa de ejecución de las auditorías, originalmente previstas en Pemex Gas y Petroquímica Básica y CAPUFE, se encontró que las operaciones objeto de la revisión (compra-venta de una planta y apoyos para el rescate de autopistas concesionadas, respectivamente) estuvieron a cargo de las entidades citadas en primer término.

 

a2)   Asimismo, se reorientó de la SHCP hacia el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), la auditoría dirigida a evaluar el proceso de desincorporación, vía enajenación, de la empresa Ocean Garden Products, Inc.

 

b)     En relación con las revisiones previstas dentro del marco de los convenios y acciones de coordinación para el seguimiento y evaluación del ejercicio de los recursos federales transferidos mediante el Ramo 33, se practicaron 77 revisiones, después de adecuar el programa de 76 propuestas, como sigue:

 

b1)   Se adicionaron 4 auditorías que se practicaron a los siguientes estados y fondos de aportación: una a Veracruz (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud); dos a Colima (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios); y una a Morelos (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios).

 

        Se cancelaron 4 revisiones previstas para los estados y fondos de aportaciones siguientes: dos a Oaxaca (Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios); y dos a Querétaro (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios).

 

        Las primeras por requerimientos de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y en el caso de las segundas, por el cuestionamiento sobre las facultades de esta entidad de fiscalización superior de la Federación, para revisar este tipo de recursos públicos, situación que se atenderá a partir de la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio de 2001, conforme a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

 

b2)   Se adecuaron los objetos o cambiaron los municipios a evaluar de 3 revisiones, correspondientes: una a los Centros SCT, y dos a municipios de los estados de Aguascalientes y Sinaloa.

 

b3)   La auditoría programada para evaluar la ejecución de los proyectos de los CERESOS de Cadereyta, Nuevo León y Altamira, Tamaulipas, fue dividida en dos, ante la necesidad de analizar por separado, los recursos asignados a las dos entidades federativas, vía Ramo 33.  Con ello, el número de revisiones se incrementó en una auditoría. 

 

La cobertura de revisión, con relación al universo de 317 entes sujetos de fiscalización, fue de 30.3%; esto es, se auditaron 96 entes públicos. Asimismo,  de las 32 entidades federativas, se practicaron revisiones en 30 de ellas (93.8%).

 

Adicionalmente, se practicaron auditorías en 2 entes públicos estatales y en el Gobierno del Distrito Federal, con lo cual el universo revisado comprendió 129 entes públicos, como se presenta a continuación:

 

 

RESUMEN COMPARATIVO DEL NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS REVISADOS Y LOS REPORTADOS

EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2000

 

 

AGRUPACIÓN

 

UNIVERSO

 

REVISADO

% COBERTURA

 

 

 

 

Poder Legislativo

2

 

 

Poder Judicial

3

3

100.0

Dependencias

19

16

84.2

Entidades Paraestatales Coordinadas Sectorialmente

206

48

23.3

Entidades Paraestatales No Coordinadas Sectorialmente

6

3

50.0

Órganos Desconcentrados

76

24

31.6

Órganos Autónomos

5

2

40.0

 

TOTAL

 

317

 

96

 

30.3

 

Ramo 33  */

 

32

 

30

 

93.8

Otros **/

 

3

N.C.

GRAN TOTAL

349

129

37.0

 

*/ Corresponde al número de entidades federativas en las cuales se practicaron revisiones a los recursos federales canalizados vía Ramo 33, directamente por la ASF o bien por los órganos técnicos de los Congresos Locales.

 

**/            Auditorías practicadas a la Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y al Gobierno del Distrito Federal.

 

De las auditorías practicadas, 24 (7.7%) fueron de desempeño; 155 (49.7%) financieras y de cumplimiento; 23 (7.4%) de obra pública e inversiones físicas; 2 (0.6%) de sistemas; 29 (9.3%) a recursos federales ejercidos por entidades federativas; 48 (15.4%) a recursos federales ejercidos por municipios y 31 (9.9%) especiales, según se aprecia en el siguiente cuadro:

 

 

 

RESUMEN DE AUDITORÍAS REALIZADAS POR SU TIPO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2000

 

 

TIPO DE AUDITORÍA

NÚMERO DE

AUDITORÍAS

 

%

 

 

 

 

De Desempeño

24

7.7

 

De Regularidad:

 

 

·      Financieras y de Cumplimiento

155

49.7

·      Obra Pública e Inversiones Físicas

23

7.4

·      Sistemas

2

0.6

·      Recursos Federales a Entidades Federativas 1/

·      Recursos Federales a Municipios 1/

29

48

9.3

15.4

 

Subtotal

 

257

 

82.4

 

Especiales

 

31

 

9.9

 

 

 

Total

312

100.0

 

1/  Este grupo de auditorías incluyen dos tipos de revisión: Financiera y de Cumplimiento y de Obra Pública e Inversiones Físicas.

 

Es importante comentar, que las 24 auditorías de desempeño, comprenden la revisión de aspectos institucionales muy extensos y complejos y en algunos casos, implican la necesidad de realizar encuestas con los beneficiarios de los programas analizados.

 

Las 155 auditorías financieras y de cumplimiento, así como las 29 y las 48 a los recursos federales ejercidos por entidades federativas y municipios, incluyeron la realización de cuando menos dos tipos de revisiones: a las primeras, se les practicó las financieras y las de legalidad; a las siguientes dos, les correspondió las de tipo financiero y de obra pública.

 

Las 23 auditorías de obra pública e inversiones físicas requirieron de la revisión de 147 contratos, de los cuales 63 (42.9%) fueron examinados por despachos externos contratados para apoyar la realización de este tipo de trabajos.

 

Las 2 auditorías de sistemas se practicaron a procedimientos que por su trascendencia y complejidad, implicaron un estimable tiempo de planeación y ejecución.

 

Las 31 auditorías especiales requirieron el análisis de aspectos financieros, presupuestales, legales, de sistemas y de resultados en la mayoría de los casos evaluados.

 

Por ente público federal, a continuación se presenta el tipo y número de revisiones efectuadas, siguiendo la clasificación establecida para la integración de los tomos sectoriales y del Ramo 33 que conforman el  presente Informe de Resultados.

 

 

AUDITORÍAS PRACTICADAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2000

 

SECTOR/ RAMO/ ENTE

 

AUDITORÍA

DE

DESEMPEÑO

AUDITORÍAS DE REGULARIDAD

 

AUDITORÍAS

ESPECIALES

 

TOTAL

 

No. REF

 

DESCRIPCIÓN

FINANCIERAS Y DE

CUMPLIMIENTO

 

OBRA PÚBLICA

E INVERSIONES

FÍSICAS

 

SISTEMAS

REC. FED. EJERCIDOS POR ENTID. FEDERATIVAS

REC. FED. EJERCIDOS POR MUNICIPIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.

 

Poder Judicial

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.1.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

 

2

 

 

 

 

 

2

II.1.2.

Consejo de la Judicatura Federal

 

1

 

 

 

 

 

1

II.1.3.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Subtotal

 

4

 

 

 

 

 

4

 

II.2.

 

Presidencia de la República

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.1.

Presidencia de la República

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Subtotal

 

1

 

 

 

 

 

1

 

II.3.

 

Sector Gobernación

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3.1.

Secretaría de Gobernación

 

1

 

 

 

 

 

1

II.3.2.

Centro de Investigación y Seguridad Nacional

 

1

 

 

 

 

 

1

II.3.3.

Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

II.3.4.

Instituto Nacional de Migración

1

1

 

 

 

 

 

2

II.3.5.

Policía Federal Preventiva

 

1

 

 

 

 

 

1

II.3.6.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Subtotal

1

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4.1.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Subtotal

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.5.

Instituto Federal Electoral

 

 

 

 

 

 

 

 

II.5.1.

Instituto Federal Electoral

1

2

 

 

 

 

 

3

 

Subtotal

1

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.6.

Sector Defensa Nacional

 

 

 

 

 

 

 

 

II.6.1.

Secretaría de la Defensa Nacional

 

2

 

 

 

 

 

2

 

Subtotal

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.7.

Secretaría de Marina

 

 

 

 

 

 

 

 

II.7.1.

Secretaría de Marina

 

 

 

 

 

 

1

1

 

Subtotal

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.8.

Secretaría de Relaciones Exteriores

 

 

 

 

 

 

 

 

II.8.1.

Secretaría de Relaciones Exteriores

1

2

 

 

 

 

 

3

 

Subtotal

1

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.9.

Sector Procuraduría General de la República

 

 

 

 

 

 

 

 

II.9.1.

Procuraduría General de la República

 

1

 

 

 

 

1

2

II.9.2.

Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Subtotal

 

2

 

 

 

 

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.

Sector Hacienda y Crédito Público

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.1.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

1

6

 

 

 

 

7

14

III.1.2.

AGROASEMEX, S.A.

 

2

 

 

 

 

 

2

III.1.3.

Aseguradora Hidalgo, S.A.

 

1

 

 

 

 

 

1

III.1.4.

Baja, Mantenimiento y Operación, S. A. de C. V.

 

1

 

 

 

 

 

1

III.1.5.

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

 

 

 

 

 

 

1

1

III.1.6.

Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C.

 

 

 

 

 

 

1

1

III.1.7.

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,  S.N.C.

 

1

 

 

 

 

 

1

III.1.8.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

1

1

 

 

 

 

1

3

III.1.9.

Financiera Nacional Azucarera, S.N.C.

 

 

 

 

 

 

1

1

III.1.10.

Fondo Nacional de Fomento al Turismo

 

1

 

 

 

 

 

1

III.1.11.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

 

1

 

 

 

 

 

1

III.1.12.

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

 

1

 

 

 

 

3

4

III.1.13.

Lotería Nacional para la Asistencia Pública

1

2

 

 

 

 

 

3

III.1.14.

Pronósticos para la Asistencia Pública

1

 

 

 

 

 

 

1

III.1.15

Servicio de Administración Tributaria

 

8

 

2

 

 

 

10

 

Subtotal

4

25

 

2

 

 

14

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1.

Gobierno del Distrito Federal

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1.1.

Gobierno del Distrito Federal

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Subtotal

 

1

 

 

 

 

 

1

 

AUDITORÍAS PRACTICADAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2000

 

SECTOR/RAMO/ENTE

 

AUDITORÍAS

DE

DESEMPEÑO

AUDITORÍAS DE REGULARIDAD

 

AUDITORÍAS

ESPECIALES

 

TOTAL

 

No. REF

 

DESCRIPCIÓN

FINANCIERAS Y DE

CUMPLIMIENTO

 

OBRA PÚBLICA

E INVERSIONES

FÍSICAS

 

SISTEMAS

REC. FED. EJERCIDOS POR ENTID. FEDERATIVAS

REC. FED. EJERCIDOS POR MUNICIPIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2.

Sector Contraloría y Desarrollo Administrativo

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2.1.

Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales

1

1

 

 

 

 

 

2

 

Subtotal

1

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3.

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3.1.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

 

4

 

 

 

 

 

4

IV.3.2.

Comisión Nacional del Agua

 

2

2

 

 

 

 

4

IV.3.3.

Instituto Nacional de Ecología

1

1

 

 

 

 

 

2

IV.3.4.

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

 

 

 

 

 

 

1

1

 

Subtotal

1

7

2

 

 

 

1

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.4.

Sector Reforma Agraria

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.4.1.

Registro Agrario Nacional

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Subtotal

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.5.

Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.5.1.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

3

IV.5.2.

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria

 

2

 

 

 

 

 

2

IV.5.3.

Colegio de Postgraduados

 

2

 

 

 

 

 

2

IV.5.4.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

IV.5.5.

Fideicomiso de Riesgo Compartido

1

2

 

 

 

 

 

3

IV.5.6

Productora Nacional de Semillas

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Subtotal

2

10

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.6.

Sector Trabajo y Previsión Social

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.6.1.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

1

2

 

 

 

 

 

3

IV.6.2.

Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Subtotal

1

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.1.

Sector Energía

 

 

 

 

 

 

 

 

V.1.1.

Comisión Federal de Electricidad

1

3

2

 

 

 

 

6

V.1.2.

Comisión Nacional para el Ahorro de Energía

 

1

 

 

 

 

 

1

V.1.3.

Comisión Reguladora de Energía

 

 

 

 

 

 

2

2

V.1.4.

Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V.

 

1

 

 

 

 

 

1

V.1.5.

Instituto de Investigaciones Eléctricas

 

1

 

 

 

 

 

1

V.1.6.

Luz y Fuerza del Centro

1

2

1

 

 

 

 

4

V.1.7.

Petróleos Mexicanos Corporativo

 

1

 

 

 

 

 

1

V.1.8.

PEMEX Exploración y Producción

 

3

3

 

 

 

 

6

V.1.9.

PEMEX Gas y Petroquímica Básica

 

1

2

 

 

 

 

3

V.1.10.

PEMEX Refinación

 

4

2

 

 

 

1

7

V.1.11.

Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.

 

1

 

 

 

 

 

1

V.1.12

Petroquímica Cosoleacaque, S.A. de C.V.

 

1

 

 

 

 

 

1

V.1.13.

Petroquímica Escolín, S.A. de C.V.

 

2

 

 

 

 

 

2

V.1.14.

Petroquímica Pajaritos, S.A. de C.V.

 

1

 

 

 

 

 

1

V.1.15.

Petroquímica Tula, S.A. de C.V.

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Subtotal

2

23

10

 

 

 

3

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.1.

Sector Comunicaciones y Transportes

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.1.1.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

 

8

4

 

 

 

6

18

VI.1.2.

Administración Portuaria Integral de Mazatlán,

S.A. de C.V.

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

VI.1.3.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

 

1

 

1

 

2

 

 

 

 

 

4

VI.1.4.

Comisión Federal de Telecomunicaciones

 

1

 

 

 

 

 

1

VI.1.5.

Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

VI.1.6.

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano

 

2

 

 

 

 

 

2

VI.1.7.

Servicio Postal Mexicano

 

2

 

 

 

 

 

2

VI.1.8.

Telecomunicaciones de México

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Subtotal

2

17

6

 

 

 

6

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.2.

Sector Comercio y Fomento Industrial

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.2.1.

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

 

1

 

 

 

 

 

1

VI.2.2.

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

 

1

 

 

 

 

 

1

VI.2.3.

Procuraduría Federal del Consumidor

1

2

 

 

 

 

 

3

 

Subtotal

1

4

 

 

 

 

 

5

 

 

AUDITORÍAS PRACTICADAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2000

 

SECTOR/RAMO/ENTE

 

AUDITORÍAS

DE

DESEMPEÑO

AUDITORÍAS DE REGULARIDAD

 

AUDITORÍAS

ESPECIALES

 

TOTAL

 

No. REF

 

DESCRIPCIÓN

FINANCIERAS Y DE

CUMPLIMIENTO

 

OBRA PÚBLICA

E INVERSIONES

FÍSICAS

 

SISTEMAS

REC. FED. EJERCIDOS POR ENTID. FEDERATIVAS

REC. FED. EJERCIDOS POR MUNICIPIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.3.

Sector Turismo

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.3.1.

Secretaría de Turismo

1

1

 

 

 

 

 

2

 

Subtotal

1

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.1.

Sector Educación Pública

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.1.1.

Secretaría de Educación Pública

 

3

 

 

 

 

 

3

VII.1.2.

Colegio de Bachilleres

 

1

 

 

 

 

 

1

VII.1.3.

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos

 

2

 

 

 

 

 

2

VII.1.4.

Comisión Nacional del Deporte

 

1

 

 

 

 

 

1

VII.1.5.

Consejo Nacional de Fomento Educativo

1

1

1

 

 

 

 

3

VII.1.6.

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

 

1

 

 

 

 

 

1

VII.1.7.

El Colegio de México, A.C.

 

1

 

 

 

 

 

1

VII.1.8.

Fondo de Cultura Económica

 

1

 

 

 

 

 

1

VII.1.9.

Instituto Politécnico Nacional

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Subtotal

1

12

1

 

 

 

 

14

VII.2.

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.2.1.

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

 

 

 

 

 

 

1

1

 

Subtotal

 

 

 

 

 

 

1

1

VII.3.

Universidad Nacional Autónoma de México

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.3.1.

Universidad Nacional Autónoma de México

 

 

 

 

 

 

1

1

 

Subtotal

 

 

 

 

 

 

1

1

VII.4.

Universidad Veracruzana

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.4.1.

Universidad Veracruzana

 

 

 

 

 

 

1

1

 

Subtotal

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.1.

Sector Salud

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.1.1.

Secretaría de Salud

2

2

 

 

 

 

 

4

VIII.1.2.

Hospital General de México

 

2

 

 

 

 

 

2

VIII.1.3.

Instituto Nacional de Cardiología “Dr. Ignacio Chávez”

 

1

 

 

 

 

 

1

VIII.1.4.

Instituto Nacional de Salud Pública

 

1

 

 

 

 

 

1

VIII.1.5.

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Subtotal

3

6

 

 

 

 

 

9

VIII.2.

Instituto Mexicano del Seguro Social

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.2.1.

Instituto Mexicano del Seguro Social

 

4

2

 

 

 

 

6

 

Subtotal

 

4

2

 

 

 

 

6

VIII.3.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.3.1.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

 

 

4

 

1

 

 

 

 

 

5

VIII.3.2.

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Subtotal

 

5

1

 

 

 

 

6

IX.1.

Sector Desarrollo Social

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.1.1.

Secretaría de Desarrollo Social

2

4

1

 

 

 

 

7

IX.1.2.

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

IX.1.3.

DICONSA, S.A. de C.V.

 

4

 

 

 

 

2

6

IX.1.4.

Instituto Nacional Indigenista

 

3

 

 

 

 

 

3

IX.1.5.

LICONSA, S.A. de C.V.

 

3

 

 

 

 

 

3

 

Subtotal

2

15

1

 

 

 

2

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios” 1/,  2/

 

 

 

 

 

 

 

 

X.2.

Aguascalientes

 

 

 

 

2

1

 

3

X.3.

Baja California

 

 

 

 

1

1

 

2

X.4.

Baja California Sur

 

 

 

 

2

1

 

3

X.5.

Campeche

 

 

 

 

 

1

 

1

X.6.

Chiapas

 

 

 

 

1

1

 

2

X.7.

Chihuahua

 

 

 

 

1

2

 

3

X.8.

Coahuila

 

 

 

 

 

1

 

1

X.9.

Colima

 

 

 

 

3

3

 

6

X.10.

Distrito Federal

 

 

 

 

1

 

 

1

X.11.

Durango

 

 

 

 

 

2

 

2

X.12.

Guanajuato

 

 

 

 

1

2

 

3

X.13.

Guerrero

 

 

 

 

2

2

 

4

X.14.

Hidalgo

 

 

 

 

1

1

 

2

X.15.

Jalisco

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

AUDITORÍAS PRACTICADAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2000

 

SECTOR/RAMO/ENTE

 

AUDITORÍAS

DE

DESEMPEÑO

AUDITORÍAS DE REGULARIDAD

 

AUDITORÍAS

ESPECIALES

 

TOTAL

 

No. REF

 

DESCRIPCIÓN

FINANCIERAS Y DE

CUMPLIMIENTO

 

OBRA PÚBLICA

E INVERSIONES

FÍSICAS

 

SISTEMAS

REC. FED. EJERCIDOS POR ENTID. FEDERATIVAS

REC. FED. EJERCIDOS POR MUNICIPIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.16.

Estado de México

 

 

 

 

2

5

 

7

X.17.

Michoacán

 

 

 

 

 

2

 

2

X.18.

Morelos

 

 

 

 

2

2

 

4

X.19.

Nayarit

 

 

 

 

 

2

 

2

X.20.

Nuevo León

 

 

 

 

1

2

 

3

X.21.

Puebla

 

 

 

 

 

1

 

1

X.22.

Quintana Roo

 

 

 

 

 

1

 

1

X.23.

San Luis Potosí

 

 

 

 

1

2

 

3

X.24.

Sinaloa

 

 

 

 

2

1

 

3

X.25.

Sonora

 

 

 

 

 

2

 

2

X.26.

Tabasco

 

 

 

 

1

1

 

2

X.27.

Tamaulipas

 

 

 

 

2

2

 

4

X.28.

Tlaxcala

 

 

 

 

 

1

 

1

X.29.

Veracruz

 

 

 

 

1

2

 

3

X.30.

Yucatán

 

 

 

 

1

1

 

2

X.31.

Zacatecas

 

 

 

 

1

2

 

3

 

Subtotal

 

 

 

 

29

48

 

77

 

 

TOTAL

 

 

 

24

 

155

 

23

 

2

 

29

3/

 

48

3/

 

31

 

312

 

 

1/   El numeral X.1. no se incluye en virtud de que corresponde al apartado de Marco de Referencia de los fondos revisados.

2/   En los numerales del X.2. al X.31., se hace referencia a las entidades federativas auditadas. En el siguiente cuadro se detallan los fondos revisados en cada una de las

entidades federativas.

3/   Este grupo de auditorías incluyen dos tipos de revisión: Financiera y de Cumplimiento y de Obra Pública e Inversiones Físicas.

 

En relación con las auditorías practicadas a los recursos federales canalizados a las entidades federativas y municipios, se practicaron 77 revisiones. Por fondo su distribución fue:

 

a)     18 (23.4%) correspondieron a los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

 

b)     32 (41.5%) al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

 

c)     3 (3.9%) a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

 

d)     1 (1.3%) a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

 

e)     3 (3.9%) al Fondo de Aportaciones Múltiples.

 

f)      20 (26.0%) a los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

 

En el cuadro que se presenta a continuación, se detallan los fondos del Ramo 33 que fueron objeto de revisión en cada una de las entidades federativas:

 

 

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS REVISADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD FEDERATIVA

 

FAIS

 

FORTAMUN

 

FASSA

 

FAEB

 

FAM

 

FASP

 

TOTAL

 

No.

 

DESCRIPCIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Aguascalientes

 

1

 

 

 

2

3

2

Baja California

 

1

 

 

 

1

2

3

Baja California Sur

 

1

 

 

 

2

3

4

Campeche

 

1

 

 

 

 

1

5

Chiapas

 

1

 

 

1

 

2

6

Chihuahua

1

1

 

1

 

 

3

7

Coahuila

 

1

 

 

 

 

1

8

Colima

1

2

1

 

 

2

6

9

Distrito Federal   

 

 

1

 

 

 

1

10

Durango

1

1

 

 

 

 

2

11

Estado de México

3

4

 

 

 

 

7

12

Guanajuato

1

1

 

 

 

1

3

13

Guerrero

1

1

 

 

 

2

4

14

Hidalgo

 

1

 

 

 

1

2

15

Jalisco

 

1

 

 

 

 

1

16

Michoacán

1

1

 

 

 

 

2

17

Morelos

 

2

 

 

 

2

4

18

Nayarit

1

1

 

 

 

 

2

19

Nuevo León

1

1

 

 

 

1

3

20

Puebla

 

1

 

 

 

 

1

21

Quintana Roo

 

1

 

 

 

 

1

22

San Luis Potosí

1

1

 

 

1

 

3

23

Sinaloa

1

 

 

 

 

2

3

24

Sonora

1

1

 

 

 

 

2

25

Tabasco

1

 

 

 

 

1

2

26

Tamaulipas

1

1

 

 

 

2

4

27

Tlaxcala

 

1

 

 

 

 

1

28

Veracruz

1

1

1

 

 

 

3

29

Yucatán

 

1

 

 

 

1

2

30

Zacatecas

1

1

 

 

1

 

3

 

 

Totales

 

18

 

32

 

3

 

1

 

3

 

20

 

77

 

 

 

% de revisión por fondo

 

23.4

 

41.5

 

3.9

 

1.3

 

3.9

 

26.0

 

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAIS                                   Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

FORTAMUN                          Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

FASSA                                Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

FAEB                                  Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

FAM                                    Fondo de Aportaciones Múltiples

FASP                                  Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federa

 

 

I.4.RESULTADOS RELEVANTES

 

En este capítulo se presentan los resultados de aquellas auditorías, que en opinión de la Auditoría Superior de la Federación se pueden considerar con el carácter de relevantes. Por tratarse de una selección, los resultados que en este capítulo se reportan no incluyen a todos los entes públicos auditados, ni todos lo resultados determinados. La totalidad de éstos y su detalle, se consignan en los tomos sectoriales y del Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.

 

En algunos casos, los entes públicos que conforman un sector pueden estar presentados en más de un tomo, debido al número de auditorías que se le practicaron y, por el contrario, cuando es reducido el número de auditorías efectuadas, en un tomo quedan incluidos dos o más sectores. En resumen, se trata de una agrupación convencional, estructurada racionalmente para imprimir mayor claridad a la presentación y facilitar la consulta de los interesados en algún sector en particular.

 

Es importante destacar que, como parte del proceso de fiscalización que realiza el órgano técnico de la H. Cámara de Diputados, todas las observaciones y acciones que se determinaron con motivo de las revisiones, serán notificadas a los titulares de los entes públicos acreedores de las mismas, en cumplimiento de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda. Igualmente, se realizará el seguimiento de la atención en tiempo y forma de las mismas.

 

 

DEL TOMO II

 

II.1.         PODER JUDICIAL

 

Al Poder Judicial se le practicaron cuatro auditorías, de las cuales correspondieron dos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una al Consejo de la Judicatura Federal y una al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos resultados relevantes fueron:

 

 

II.1.1.      SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

Uso y Aplicación de los Recursos de los Fideicomisos Durante el Ejercicio de 2000

 

La SCJN efectuó pagos por concepto de pensiones complementarias por 2,929.2 miles de pesos a 13 personas que no cubrieron el total de los requisitos establecidos en el Acuerdo General correspondiente; además, se realizaron pagos de pensiones en exceso por 1,807.5 miles de pesos y se omitió el entero del Impuesto Sobre la Renta por 2,223.9 miles de pesos.

 

Por lo expuesto anteriormente se generaron dos solicitudes de intervención del Órgano Interno de Control.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral II.1.1.3.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

II.3.         SECTOR GOBERNACIÓN

 

Al Sector Gobernación se le practicaron siete auditorías, de las cuales correspondieron una a la Secretaría de Gobernación, una al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, una al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, dos al Instituto Nacional de Migración, una a la Policía Federal Preventiva y una al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los resultados relevantes de este grupo de revisiones fueron los siguientes:

 

II.3.4.      INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

 

Auditoría de Desempeño

 

Evaluación de las Acciones Realizadas en Materia de Planeación, Ejecución y Evaluación de los Servicios Migratorios y de Control de los Flujos Migratorios

 

El Instituto Nacional de Migración (INM) se creó en 1993 como órgano desconcentrado de SEGOB y tiene encomendado planear, ejecutar, controlar, supervisar y evaluar los servicios migratorios, mediante la promoción y facilitación de los flujos migratorios que favorezcan el desarrollo económico, social y cultural del país, y mantener el control y verificación que requiere la seguridad nacional.

 

El INM registró un flujo migratorio total de 31,006.3 miles de personas, de las cuales 17,564.6 miles fueron de entradas al país y 13,441.7 miles, correspondieron a salidas del mismo.

 

En relación con la documentación migratoria de personas que ingresaron al país, en 2000, el INM documentó 15,382.5 miles de personas; sin embargo, no tiene criterios definidos y carece de un adecuado control de las formas migratorias que expide. Se detectaron diferencias en cuanto a las políticas para la recepción de extranjeros y el control de los que radican en el país.

 

El Registro Nacional de Extranjeros arroja un acumulado a diciembre de 2000, de 529,925 extranjeros inscritos, sin embargo, la información no es confiable, se carece de un sistema automatizado de registro y control a nivel nacional, la atención de los trámites migratorios es ineficiente y el personal adolece de falta de preparación.

 

El INM no elaboró proyectos para regular la emigración y repatriación de mexicanos, ni para la protección de los mexicanos en el extranjero. Además, no cuenta con información de los países en los que radican los emigrantes, su edad, sexo y ocupación, ni realizó las acciones relativas a investigar las causas que dan origen a la emigración de mexicanos.

 

En 2000, las autoridades migratorias aseguraron 166,457 extranjeros; sin embargo, existieron deficiencias en el registro y control de la información y en el procedimiento operativo, toda vez que no se dejó constancia de los motivos específicos del aseguramiento, y respecto de los 13,490 asegurados a los que les permitió su permanencia para regularizar su situación migratoria, tampoco obran constancias de las razones para otorgar ese beneficio.

 

El INM tiene únicamente una estación migratoria ubicada en el Distrito Federal y aún cuando cuenta con “estancias migratorias”, éstas no están previstas en la normatividad, ni tienen instalaciones adecuadas.

 

Los resultados de la encuesta practicada en la estación migratoria reflejan que existen problemas administrativos y de conductas apartadas de la ley y no se cumple en su totalidad con el procedimiento para el aseguramiento de extranjeros.

 

El INM en 2000, trasladó a la estación migratoria, a las fronteras norte y sur del país y a otros países 82,769 extranjeros asegurados, pero no cuenta con un programa de conducciones y devoluciones de extranjeros ni con la información completa del número de conducciones y de los extranjeros trasladados, así como de los costos.

 

El Instituto no ha implementado un programa anual de visitas de inspección y verificación a personas físicas y morales que contratan personal extranjero; el padrón de empresas y los expedientes básicos de las mismas no están debidamente integrados conforme a la normatividad.

 

En materia de modernización se redujo el número de trámites migratorios de 133 a 59 y han reestructurado 52 de los 168 puntos de internación.

 

Para evaluar las mejoras del INM, en las Bases de Desempeño se establecieron indicadores estratégicos de la operación de sus funciones sustantivas. Si bien el auditor externo dictaminó que en términos generales se cumplió con las metas establecidas en esos indicadores, se reporta que es necesario precisar o ampliar algunos de ellos.

 

Finalmente, el INM no ha dado cumplimiento a las funciones de gobernabilidad migratoria, ya que no ha llevado a cabo los estudios para emitir lineamientos respecto a las políticas en materia de inmigración, emigración, repatriación, aseguramiento y expulsión de extranjeros.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral II.3.4.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Transferencias para Apoyo de Programas

 

 

Se comprobó que la Tesorería de la Federación a través de la DGPOP de la Secretaría de Gobernación, ministró recursos al Instituto Nacional de Migración (INM) por 469,836.4 miles de pesos, de los cuales, la cantidad de 23,256.1 miles de pesos no tuvo evidencia de su ingreso en bancos. Por otra parte, se reportaron, como reintegrados a la  Tesorería de la Federación (TESOFE), recursos por 29,472.1 miles de pesos sin presentar la evidencia correspondiente. En las cuentas bancarias que maneja el Instituto, se determinaron saldos bancarios no reintegrados a la TESOFE por 13,331.9 miles de pesos.

 

Se identificaron gastos pendientes de comprobar por 62,023.6 miles de pesos, procedentes de ejercicios anteriores, que no se reportaron en la contabilidad al inicio del ejercicio de 2000, y que cuentan con una antigüedad de hasta 6 años; de lo anterior, no existe evidencia de su depuración ni de la recuperación de dichos recursos. Aunado a ello, en el ejercicio de 2000, se identificaron erogaciones pendientes de comprobar por 80,396.6 miles de pesos, dentro de los cuales algunas se refieren a entregas a funcionarios y empleados.

 

No obstante que se solicitó reiteradamente, no se proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de gastos por concepto de arrendamiento de inmuebles, traslado de personal y adquisiciones de bienes por 136,029.2 miles de pesos, por lo que se desconoce si estos recursos fueron aplicados en esos conceptos. Además, en materia de adquisición de bienes, no se mostró la documentación que acredite los procedimientos de adjudicación realizados por un monto de 23,434.5 miles de pesos.

 

Por lo expuesto, se formularon 4 solicitudes de Intervención al Órgano Interno de Control y dos Pliegos de Observaciones.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral II.3.4.4.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

II.3.5.      POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Adquisición de Aeronaves, Equipos de Comunicación y Seguridad Pública de la PFP

 

 

Se observaron saldos en la cuenta de “Deudores Diversos” por 22,148.2 miles de pesos provenientes de los ejercicios de 1999 y 2000 que, al 31 de diciembre de 2000, se encontraban pendientes de comprobar, dentro de los cuales algunos se refieren a funcionarios y empleados.

 

Por lo que se refiere a los procesos de adjudicación utilizados para la adquisición de aeronaves, no obstante que debieron haberse efectuado licitaciones públicas, se adjudicaron directamente nueve contratos por 295,351.5 miles de pesos; al respecto, no se sustentó, ni se justificó la excepción de la licitación pública y los criterios para la selección de los proveedores que garantizaran las mejores condiciones para el Estado. Asimismo, la PFP pagó un sobreprecio por 1,006.1 miles de dólares por adjudicar directamente la adquisición de aeronaves sin realizar estudios de mercado.

 

En relación con la recepción de los bienes, se identificó que algunas aeronaves se entregaron extemporáneamente, sin haber aplicado las sanciones correspondientes por 589.6 miles de dólares debido al incumplimiento en la entrega de bienes; además, se efectuaron pagos a proveedores de aeronaves por 142,471.1 miles de pesos previamente a la entrega de los bienes y se identificaron equipos de comunicación y telecomunicación que se encuentran ociosos, por 5,549.6 miles de pesos.

 

Referente al manejo de los recursos financieros, se observó que al cierre del ejercicio, las cuentas bancarias presentaron saldos por 59,200.0 miles de pesos sin evidencia de su reintegro a la TESOFE.

 

Por lo que corresponde a la revisión de la partida 4310 “Acciones Policiales Especiales”, se determinaron las situaciones siguientes:

 

La PFP realizó adquisiciones directas por 9,367.5 miles de pesos, sin justificar, como lo señala la normatividad, el riesgo, la excepción y la urgente necesidad, para no haberlas licitado. Se realizaron adquisiciones por 7,943.3 miles de pesos que no se sustentaron con documentación original. Asimismo, se observó que la PFP liberó 114,000.0 miles de pesos en efectivo de sus cuentas bancarias, en lugar de emitir cheques nominativos conforme dispone la norma respectiva; de ese importe, no se proporcionó la documentación comprobatoria de gasto por 43,215.0 miles de pesos, desconociéndose su destino. Con recursos de la partida 4310 “Acciones Policiales Especiales” se otorgaron préstamos a la Secretaría de Gobernación por 51,095.0 miles de pesos, en contravención de la norma respectiva.

 

Por lo expuesto, se formularon 10 solicitudes de Intervención al Órgano Interno de Control.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral II.3.5.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

II.5.INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

 

 

Al IFE se le practicaron tres auditorías, una de Desempeño y dos Financieras y de Cumplimiento cuyos resultados relevantes fueron los siguientes:

 

 

II.5.1.      INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

 

 

Auditoría de Desempeño

 

Evaluación de las Acciones Realizadas para Preparar, Organizar y Actualizar el Registro Federal de Electores y para Promover el Voto para las Elecciones Federales; así como la Operación del Servicio de Profesionalización Electoral

 

El Instituto Federal Electoral (IFE) se creó en 1990 como un organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación. El 22 de agosto de 1996 se estableció como organismo público autónomo, responsable de la organización de las elecciones federales, encargado también de la integración del padrón electoral, la promoción del voto y la difusión de la cultura democrática.

 

El IFE contó para la elección de 2000 con un padrón electoral de 59,584,542 ciudadanos y con una lista nominal de 58,782,737 electores; el listado nominal tuvo una cobertura del 98.6% respecto del padrón electoral.

 

Los trabajos de auditoría reflejan que este órgano, en términos generales funcionó de conformidad a las sanas prácticas gubernamentales en 2000 y que las campañas para actualizar el Registro Federal de Electores y para promover el voto fueron satisfactorias.

 

El número de votos emitidos conforme a los resultados de la elección de Presidente realizada en 2000 ascendió a 37,601,618 sufragios (64.0%); para senadores ascendió a 37,259,720 sufragios (63.4%); y en la de los diputados se emitieron 37,165,393 sufragios, que representó el 63.2% de los ciudadanos inscritos.

 

El padrón tuvo una cobertura entre el 90.8% y el 92.2% respecto a la población en edad de votar. En 2000, se dieron un total de 7,570,885 movimientos en el padrón electoral entre inscripciones, cambios de domicilio, corrección de datos y reposición de credenciales.

 

La verificación por parte de los ciudadanos a las listas nominales refleja que 232,959 ciudadanos verificaron sus datos, durante los períodos de exhibición, y los partidos políticos presentaron 30,135 observaciones a las listas.

 

Se realizó la suscripción de un convenio de colaboración entre el IFE y el Consejo Nacional de la Publicidad, para que este último destinara su campaña social del 2000 a la promoción del voto. Autorizó la distribución de 11,650,000 trípticos y 700,000 carteles a diversas instituciones, de 16,600,000 trípticos y 500,000 carteles a las juntas locales ejecutivas y se imprimieron diversos carteles para las campañas de difusión, “voto libre y secreto” y “participación ciudadana”.

 

El servicio profesional electoral es un servicio civil moderno, que privilegia la competencia y capacidad y propicia la superación del personal. Para ingresar al servicio, el concurso es la vía primordial, cuya característica es ser un concurso abierto en el que pueden participar aspirantes tanto internos como externos. Lo anterior, permite garantizar la selección de funcionarios por sus méritos.

 

En 2000 el IFE no estableció metas y unidades de medida, ni elaboró indicadores de gestión y de desempeño que le permitieran medir y evaluar sus actividades específicas.

 

La encuesta aplicada, muestra que no existe un criterio uniforme en los módulos de credencialización respecto a los requisitos para tramitar y recoger la credencial de elector; además de que los plazos de entrega de la credencial son diversos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral II.5.1.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Auditorías Financieras y de Cumplimiento

 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”

 

Se localizaron diversos equipos de informática por 5,248.3 miles de pesos y vehículos por 1,204.5 miles de pesos sin utilizarse; lo anterior denota una inadecuada planeación y falta de racionalidad en el uso de los recursos financieros. Por otra parte, se carece de controles adecuados para la asignación de vehículos, ya que al cierre de la auditoría no fue posible ubicar cinco de ellos con un valor de 992.7 miles de pesos.

 

Por lo expuesto, se formuló una Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral II.5.1.4.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Insumos y Servicios Informáticos

 

La Dirección de Recursos Materiales no proporcionó los documentos que acrediten la recepción de diversos servicios de informática por la cantidad de 10,304.8 miles de pesos. Por lo expuesto, se formuló una Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral II.5.1.4.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

II.7.         SECRETARÍA DE MARINA

 

Se practicó una auditoría a los recursos transferidos del Programa Nacional de Seguridad Pública.

 

II.7.1.      SECRETARÍA DE MARINA

 

 

Auditoría Especial

 

Transferencias del Programa Nacional de Seguridad Pública

 

En la auditoría efectuada a las transferencias por 250,000.0 miles de pesos a la Secretaría de Marina se determinaron irregularidades en materia presupuestaria y de adquisiciones, entre las que destacan diversos incumplimientos contractuales, por lo que la dependencia procedió a penalizar a los proveedores por 256.2 miles de dólares, por pago de recargos y aplicación de sanciones por retraso en la entrega de bienes.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral II.7.1.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

II.8.         SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

 

A la SRE se le practicaron tres auditorías, una de desempeño y dos financieras y de cumplimiento cuyos resultados relevantes fueron:

 

 

II.8.1.      SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

 

Auditoría de Desempeño

 

Evaluación de las Acciones Realizadas para Operar y Controlar el Servicio Civil de Carrera en el Servicio Exterior Mexicano

 

En 1934, se crea el servicio civil de carrera en el servicio exterior, al que le corresponde principalmente promover y salvaguardar los intereses nacionales, proteger la dignidad y los derechos de los mexicanos, mantener y fomentar las relaciones de México con el exterior, intervenir en la celebración de tratados, velar por el prestigio del país y participar en todo esfuerzo por mantener la paz y la seguridad.

 

El servicio civil de carrera en el servicio exterior mexicano se compone de cinco apartados principales: el ingreso, el ascenso, la rotación, la capacitación y la salida.

 

Se comprobó que la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano, al expedir los nombramientos provisionales omite tomar en consideración las apreciaciones negativas que sobre los aspirantes emite el Instituto Matías Romero, y que otorgó nombramientos definitivos sin respetar el plazo que establece la Ley del Servicio Exterior Mexicano, por lo que se recomendó la intervención del Órgano Interno de Control.

 

La dependencia no cuenta con un programa de rotación en el que se consideren los lugares de vida difícil, las áreas geográficas y las distintas características de las representaciones de México en el exterior, por lo que infringió la obligación que le impone la Ley del Servicio Exterior Mexicano de llevar a cabo una rotación programada.

 

La Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano, al acordar las recomendaciones de traslados del personal no señala las razones que tomó en consideración.

 

Por lo que hace a la capacitación que imparte el Instituto Matías Romero, se observó que es limitada, ya que el único curso que comprende tres trimestres es la Maestría en Estudios Diplomáticos.

 

Derivado de la auditoría, se formularon a la Secretaría de Relaciones Exteriores siete recomendaciones al desempeño a fin de mejorar y eficientar el servicio exterior mexicano.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral II.8.1.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Auditorías Financieras y de Cumplimiento

 

 

Recaudación de Ingresos por Derechos por la Prestación de Servicios Consulares, en Los Ángeles, California, E.U.A.

 

Las 132 Representaciones de México en el extranjero, recaudaron un total de 40,741.8 miles de dólares, de las cuales, 90 de ellas (68.1%), efectuaron extemporáneamente la transferencia de ingresos a la cuenta concentradora de la SRE.

 

La SRE enteró extemporáneamente a la TESOFE durante el ejercicio auditado 387,816.6 miles de pesos, de los cuales 234,583.2 miles de pesos corresponden a la recaudación de siete meses, mismos que se enteraron con un desfase promedio mensual de 7 días.

 

Los ingresos por 166,917.1 miles de pesos por derechos por la prestación de servicios consulares, del ejercicio 2000, no se reflejaron en el Estado Analítico de Ingresos de la CHPF. En 2001 se registraron 161,416.9 miles de pesos y a noviembre de 2001, están pendientes de registrar 5,500.2 miles de pesos.

 

El Consulado General de México en Los Ángeles, California, E.U.A. envió durante 2000, con un atraso promedio de 5 días, la transferencia de la recaudación mensual a la cuenta concentradora de la SRE y en los informes de actos y recaudaciones se detectó un atraso de 25 días.

 

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral II.8.1.4.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Recaudación de Ingresos por Derechos por la Prestación de Servicios Consulares, en Chicago Illinois, E.U.A.

 

 

La TESOFE registró erróneamente los enteros en dólares E.U.A. por derechos por la prestación de servicios consulares del ejercicio 2000, por 382,316.4 miles de pesos, con base en el tipo de cambio de los tres primeros días hábiles del mes siguiente al de la recaudación, en lugar de registrarlo al de la fecha de recepción de los mismos. El cálculo realizado por personal de la Auditoría Superior de la Federación fue de 380,944.9 miles de pesos, por lo que se determinó una diferencia por 1,371.5 miles de pesos registrada de más.

 

Como resultado de la reunión de preconfronta, mediante atenta nota núm. 054/2002 del 05 de julio del mismo año, la TESOFE proporcionó las pólizas de ajuste correspondientes, las cuales se enviaron a la Administración General de Recaudación para su registro contable.

 

En el Consulado General de México en Chicago, Illinois, E.U.A. se requiere reforzar el control interno en los siguientes aspectos: fianza que debe tener el personal que maneja efectivo, resguardo de formas valoradas y trato a los usuarios de los servicios en cuanto a amabilidad y difusión de los mismos.

 

Es necesario, además, cumplir con el envío oportuno de la transferencia de la recaudación mensual a la cuenta concentradora de la SRE y los informes de actos y recaudaciones, ya que se detectó un atraso de 36 días en los meses de mayo, julio y agosto del ejercicio 2000, por 37.7 miles de pesos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral II.8.1.4.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

II.9.         SECTOR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

 

Al sector se le practicaron tres auditorías, de las cuales correspondieron dos a la Procuraduría General de la República (PGR) y una al Instituto de Capacitación de la Procuraduría General de la República. Los resultados relevantes son:

 

 

II.9.1.      PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

 

 

Auditoría Especial

 

 

Bienes Asegurados

 

Con motivo de la expedición de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, en agosto de 1999, y de la firma de acuerdos interinstitucionales suscritos con el Servicio de Administración de Bienes Asegurados, se constató que la PGR ha entregado únicamente el 2.6% del universo (20,784) de expedientes relacionados con averiguaciones previas, por lo que no dio cumplimiento en tiempo y forma al programa de trabajo para la entrega-recepción de bienes asegurados que continúan bajo su guarda y custodia.

 

La PGR no se ha ajustado a lo dispuesto por el artículo Cuarto Transitorio de dicha Ley, ya que a 3 años de su expedición, no ha entregado la totalidad de los bienes asegurados al SERA.

 

En el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1999, se determinaron diversas irregularidades en los expedientes relacionados con el aseguramiento de bienes. A fin de verificar las acciones implementadas  para corregir esas deficiencias se realizó una revisión adicional, con lo que se determinó que no se han establecido los controles y registros internos necesarios para la integración de la documentación que debe contener cada uno de los expedientes, incumpliendo con ello la normatividad aplicable.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral II.9.1.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

DEL TOMO III

 

 

III.1.        SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

 

Al Sector Hacienda y Crédito Público se le practicaron 45 auditorías, de las cuales correspondieron 14 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dos a Aseguradora Agropecuaria Mexicana, S.A. (AGROASEMEX), una a Aseguradora Hidalgo (AHISA), una a Baja, Mantenimiento y Operación, S.A. de C.V., una al Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), una al Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. (BNCI), una al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), tres a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), una a Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. (FINA), una al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), una al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), cuatro al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), tres a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL), una a Pronósticos para la Asistencia Pública y diez al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los resultados relevantes son:

 

 

III.1.1.     SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

 

Auditoría de Desempeño

 

 

Evaluación Financiera y Operativa de los PIDIREGAS

 

Los Proyectos de Infraestructura con Impacto Diferido en el Registro del Gasto (PIDIREGAS), representan un esquema de financiamiento que permite complementar la inversión para el desarrollo de infraestructura ante la falta de recursos presupuestarios y apoyar el crecimiento en materia energética. Este esquema que inicia en 1997 está dirigido a la ejecución de proyectos productivos de rentabilidad demostrada que correspondan a actividades prioritarias o estratégicas, y cuyos ingresos sean suficientes para pagar las obligaciones contraídas.

 

De 105 proyectos autorizados de 1997 a 2000 bajo el esquema de inversión financiada o PIDIREGAS, a 2000 sólo continuaban vigentes 78 y los restantes habían sido cancelados o diferidos indefinidamente a pesar de haber sido autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y por las instancias gubernamentales competentes.

 

Entre 1997 y 2000 la inversión financiada autorizada en PEF aumentó en términos reales en 28.9% al pasar de 179,847.6 millones de pesos de 2000 en 1997 a 385,529.1 millones de pesos en 2000.

 

Se determinó que la proporción de PIDIREGAS autorizados con respecto al PIB pasó de un 3.9% en 1997 a un 7.1% en 2000 y, de mantenerse estas tendencias, en un escenario conservador se llegaría al final del periodo 2000-2006 a un promedio de 6.4%; en tanto que en un escenario alto esta proporción podría incrementarse hasta 22.8%.

 

Se determinó que, en términos porcentuales, de 1997 a 2000 la inversión en PIDIREGAS aumentó su proporción con la deuda pública total en 14.0 puntos porcentuales, al pasar de 13.5% en el primero de los años a 27.5% en el último. En relación a la deuda pública interna el incremento fue de 13.7 puntos porcentuales pasando de 42.0% a 55.7% en esos mismos años; y en comparación con la deuda pública externa, aumentó en 34.5 puntos porcentuales, al pasar de 19.8% en 1997 a 54.3% en 2000.

 

En los últimos cuatro años el Gobierno Federal impulsó el desarrollo de la infraestructura productiva del país con la participación de la inversión privada a través del esquema PIDIREGAS, de tal forma que en el total de la inversión física la participación de la financiada se incrementó en 20.7 puntos porcentuales al pasar de 6.7% en 1997 a 27.4% en 2000; mientras que la presupuestaria disminuyó en esa misma proporción al pasar de 93.3% a 72.6% en esos mismos años.

 

En el caso de PEMEX, en términos reales, la inversión financiada se incrementó anualmente en 78.5%, al pasar de 7,011.8 millones de pesos de 2000 en 1997, a 31,304.2 millones de pesos; y la presupuestaria disminuyó 9.1% anual, al pasar de 41,623.1 millones de pesos de 2000 en 1997 a 39,856.7 millones de pesos, lo cual denota que se presenta una tendencia de sustitución, principalmente a partir de 1999.

 

Por lo que hace a CFE, se determinó que, en términos reales, la inversión financiada aumentó de 3,743.1 millones de pesos de 2000 en 1997, a 13,904.3 millones de pesos en 2000, es decir 54.9% anual; y la presupuestaria pasó de 17,483.7 millones de pesos de 2000 en 1997, a 17,096.3 millones de pesos en 2000, lo que significó un decremento promedio del 0.7% anual. Lo anterior hace evidente que frente al dinamismo de la inversión financiada, la presupuestaria perdió terreno.

 

Al cierre del ejercicio 2000, se registraron 18 proyectos concluidos y en operación y 3 con cierres parciales y en operación, lo que hace un total de 21 proyectos. De éstos, 15 estaban bajo la responsabilidad de CFE y 6 a cargo de PEMEX.

 

Respecto al cumplimiento de las metas previstas sólo en materia de generación de bienes y servicios energéticos, sin analizar su rentabilidad, en los PIDIREGAS concluidos se observó que en 3 proyectos concluidos parcialmente se cumplieron las metas también parcialmente; en 1 terminado totalmente se alcanzó parcialmente lo programado; en 6 se superaron las metas originales; y en 11 se lograron los niveles esperados.

 

Lo anterior, revela que el esquema de inversión en proyectos de infraestructura productiva de largo plazo permite aumentar la capacidad de generación de energía con eficacia y que en este aspecto, las metas programadas sí se han alcanzado en los proyectos concluidos; aunque los retrasos en su entrada en operación comercial han implicado deterioros en la rentabilidad.

 

Con objeto de determinar la resistencia de los proyectos PIDIREGAS ante factores adversos se revisó la información proporcionada para el dictamen de autorización, determinándose que sólo en 63 de los 105 se presentó información de este tipo y en 2 proyectos se presentó para el cierre del proyecto.

 

No existe en la SHCP un área que coordine todas las opiniones y evaluaciones de análisis a los proyectos que dé seguridad de que todos los requisitos planteados en las leyes, reglamentos y manuales de la materia se cumplen estrictamente.

 

No se tiene evidencia de que se haya llevado a cabo por todas las instancias de la SHCP y en todos los proyectos, el análisis que de acuerdo a la normatividad les corresponde previo a la autorización de estos proyectos.

 

En el Manual para el Ejercicio del Gasto de 1996, se señaló que los proyectos deberían generar desde el inicio de su operación los recursos suficientes para pagar sus obligaciones; en los manuales de 1998, 2000 y 2001 se autorizó que generaran recursos hasta 2 años después del inicio de operación, en el primero de ellos y de 3 años en los dos últimos, lo que obliga a utilizar recursos presupuestales para cubrir las obligaciones.

 

Se han autorizado proyectos que en su inicio deben ser amortizados con recursos presupuestales.

 

Se han iniciado proyectos que no han tenido la rentabilidad con base a la cual fueron autorizados.

 

Ante las restricciones presupuestarias el esquema de financiamiento denominado PIDIREGAS ha contribuido a incrementar la infraestructura energética del país; sin embargo, el procedimiento de evaluación y autorización por parte de las autoridades correspondientes requiere ser más profundo y exhaustivo y contar con una revisión más puntual de todas aquellas cuestiones que la normatividad especifica. En particular, es necesario que se establezcan análisis de sensibilidad que permitan visualizar bajo qué escenarios los proyectos PIDIREGAS pueden llegar a representar un riesgo para las finanzas públicas y que, en base a estas consideraciones, se dé un seguimiento cercano a la evolución de estos proyectos, que permitan aplicar las medidas requeridas a efecto de evitar repercusiones negativas sobre los recursos presupuestales, como de hecho ha sucedido ya con aquellos proyectos que en sus primeros años de operación no lograron generar el suficiente flujo de recursos para hacer frente a sus obligaciones.

 

Los resultados de la auditoría se presentan en el numeral III.1.1.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Auditorías Especiales

 

Programa Punto Final sobre el Programa para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero (FINAPE), Programa Punto Final sobre el Programa de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOPYME), Programa Punto Final sobre el Programa de Beneficios Adicionales a los Deudores de Créditos a la Vivienda y Programa Punto Final sobre el Programa de Beneficios Adicionales a la Planta Productiva

 

 

Respecto a los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca, se ejercieron en el año que se revisa 25,917.6 millones de pesos; en los resultados de las auditorías efectuadas para la verificación de la correcta aplicación del “Programa Punto Final” sobre los programas de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FOPYME) y para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero (FINAPE), aplicados, entre otros, por el Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., el auditor externo, conforme a las reglas de operación,  informó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que la institución de banca de desarrollo no proporcionó la documentación que sustentara los beneficios otorgados en 978 expedientes de crédito que fueron seleccionados para su revisión; por lo que los apoyos generados durante los ejercicios fiscales de 1999 y 2000 al amparo de dichos programas, el citado banco tuvo que reintegrar al Gobierno Federal un monto de 509.5 millones de pesos; lo cual, en virtud de que ya habían sido ejercidos, representó un daño patrimonial para dicha institución.

 

Los resultados de estas revisiones se presentan en los numerales III.1.1.4.1., III.1.1.4.2., III.1.1.4.3. y III.1.1.4.4. del tomo sectorial correspondiente.

 

Evaluación del Proceso de Fusión y Compra BBVA-BANCOMER

 

A solicitud de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, se incluyó en el Programa de Auditorías la revisión a la autorización de compra de BBVA-Bancomer.

 

Para dar cumplimiento al mandato de la Comisión de Vigilancia, la revisión se programó con el fin de verificar el cumplimiento de la legislación y normatividad en las operaciones siguientes:

 

1. La reprivatización de Multibanco Mercantil de México, S.N.C. (MMM)

 

2. El proceso de enajenación de MMM por parte de Grupo Financiero Probursa, S.A. de C.V. (GFP)

 

3. El proceso de enajenación del GFP por parte de Banco Bilbao Vizcaya (BBV)

 

4. El proceso de enajenación de la red de sucursales de Banca Cremi, S.A. por parte de BBV

 

5. El proceso de enajenación de la red de sucursales de Banco de Oriente, S.A. por parte de BBV

 

6. El proceso de enajenación de Banca Promex, S.A. (PROMEX) por parte de Bancomer, S.A. (BANCOMER)

 

7. El proceso de fusión y enajenación de la tenencia accionaria de Grupo Financiero Bancomer, S.A. de C.V. (GFB) por parte de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)

 

8. La capitalización a través del Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) de BBV, PROMEX y BANCOMER, aplicado por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro

 

Por lo anterior, debido a la gran cantidad de procesos involucrados en la integración y formación de BBVA-Bancomer, y en consecuencia al volumen de la información, la revisión que se presenta en este informe comprendió las operaciones relativas a la desincorporación y reprivatización de MMM a favor del GFP, por ser la operación que dio inicio al proceso de adquisición de diversas instituciones de banca múltiple para la conformación de BBVA-Bancomer.

 

De acuerdo a la información a la que tuvimos acceso y con base en los procedimientos de auditoría aplicados y a las Normas Generales para la Fiscalización de la Gestión Gubernamental, la adquisición de la sociedad nacional de crédito por parte del GFP se llevó a cabo de conformidad con la legislación y normatividad aplicable.

 

Los resultados de la revisión se presentan en el numeral III.1.1.4.7. del tomo sectorial correspondiente.

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 “Servicios Generales” en la Actividad Institucional 104 “Comunicar y Difundir las Actividades y Compromisos del Gobierno Federal”

 

La SHCP no contó con la autorización de la Secretaría de Gobernación para la edición de tres libros. De estas publicaciones, se imprimieron 6,600 ejemplares por 632.1 miles de pesos, de los cuales la Unidad de Comunicación Social no pudo justificar su recepción y distribución.

 

El proceso de adjudicación para la campaña publicitaria ”Presentación de Declaraciones y Sensibilización al Contribuyente” presentó irregularidades, ya que no se justificó la excepción a la licitación, y se asignó indebidamente la parte correspondiente a la difusión, ya que el prestador de servicios seleccionado no cumplió con diversos numerales de las bases en sus propuestas técnicas y económicas.

 

Por otra parte, la Unidad de Comunicación Social no contó con mecanismos que le permitieran constatar la recepción de los servicios establecidos en los contratos de publicidad y difusión; cabe señalar que, mediante el procedimiento de compulsa a los prestadores de servicios, se comprobó que éstos no cumplieron en su totalidad con las disposiciones contractuales, ya que no acreditaron la difusión de 207 anuncios en periódicos, 11 en revistas y la realización de un spot para radio, 2 de prensa y 2 de revistas.

 

Por lo antes expuesto, se generaron dos solicitudes de Intervención al Órgano Interno de Control.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral III.1.1.5.5. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

III.1.2.     ASEGURADORA AGROPECUARIA MEXICANA

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Cuentas de Balance-Activo, “Inversiones a Empresas Privadas-Tasa Conocida”

 

 

Con fecha 30 de octubre de 2000, el Banco Unión, S.A., suscribió tres pagares por un total de 350,000.0 miles de pesos, con fechas de pago en el 2006. Al respecto, en los pagares se señaló que el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) asumía la titularidad de las obligaciones de dichos títulos de crédito, y que éstos podrían ser amortizados total o parcialmente en forma anticipada, sin que por ello se cubriera ningún cargo por penalización.

 

AGROASEMEX, para contar con recursos, solicitó al IPAB por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la amortización total en forma anticipada por parte del Banco Unión, S.A., la cual se llevó a cabo a finales de 2001, recuperando 343,858.0 miles de pesos, por lo que dejó de percibir un monto de 6,142.0 miles de pesos, al no recibir el importe total consignado en los tres pagares por 350,000.0 miles de pesos, como se estipulaba en los mismos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral III.1.2.3.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

III.1.5.     BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

 

 

Auditoría Especial

 

 

Proceso de Desincorporación Vía Venta de Ocean Garden Products, Inc.

 

No se ha cumplido con el objetivo de llevar a cabo la desincorporación; asimismo, BANCOMEXT no proporcionó la estrategia de venta y no cuenta con un programa de trabajo que contenga las acciones necesarias para llevar a cabo su capitalización y enajenación. De acuerdo con el Plan de Negocios 2002-2006 de Ocean Garden Products, Inc., existe la intención de que continúe operando, no obstante que presenta una crisis de liquidez, lo cual afectará sus resultados en los próximos años.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral III.1.5.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

III.1.6.     BANCO NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR, S.N.C.

 

 

Auditoría Especial

 

 

Evaluación y Seguimiento del Proceso de Liquidación del Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C.

 

 

En los fideicomisos Terminal Central de Carga Oriente I y II existe la presunción de un quebranto patrimonial por 230.9 millones de pesos en perjuicio del Banco Nacional de Comercio Interior.

 

Durante el proceso de liquidación del banco se han efectuado tres revisiones, en las cuales se observa que el área fiduciaria del banco no cumplió con las disposiciones normativas ni con las funciones que tuvo encomendadas. Las irregularidades en la operación de estos instrumentos fueron recurrentes y entre ellas destacan: incumplimiento de los fines para los que fueron constituidos; desvío de recursos; falta de pago de sus obligaciones crediticias y fiscales; y, carencia de información.

 

Las irregularidades determinadas en los procesos de otorgamiento de créditos y en la administración de los fideicomisos fueron una constante, observándose una falta de supervisión eficiente y eficaz por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral III.1.6.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

III.1.8.     COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

 

 

Auditoría de Desempeño

 

 

Evaluación de las Funciones de Supervisión

 

La Comisión Nacional Bancaria (CNB) fue creada como órgano desconcentrado de la SHCP en 1924; en 1970 se le suma el sector asegurador, constituyéndose en Comisión Nacional Bancaria y de Seguros (CNBS); en 1989 le fue escindido el sector asegurador y afianzador y finalmente en abril de 1995 se crea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al adicionársele el sector de valores, manteniendo su naturaleza de órgano desconcentrado de la SHCP.

 

La CNBV tiene como objeto social procurar la estabilidad y correcto funcionamiento de las entidades que componen el sistema financiero nacional, así como mantener y fomentar su sano y equilibrado desarrollo en su conjunto.

 

De las acciones de supervisión que lleva a cabo el ente auditado, se encontró una notoria preponderancia de eventos dirigidos al sector bancario.

 

La plantilla de la CNBV fue de 1,312 personas, de las cuales sólo el 45.2% realiza directamente la supervisión a las entidades financieras. Lo anterior significa que por entidad se destinaron 0.6 personas, tendencia menor respecto a años anteriores en que se tenían promedios de 0.7% y 0.8%.

 

No se tiene forma de evaluar con contundencia los resultados de la acción supervisora de la CNBV, en lo relativo a su eficacia para garantizar la estabilidad y correcto funcionamiento de las entidades financieras, el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto y la protección de los intereses del público, principalmente por la carencia de indicadores adecuados y de un sistema institucional de registro de control y seguimiento de observaciones.

 

La falta de oportunidad de las acciones de supervisión in situ (en el lugar), de la aplicación de medidas preventivas y de procedimientos con límites y parámetros claros en materia de intervenciones y revocaciones, ocasiona detrimento en la eficacia de su actuación.

 

No se tienen establecidos indicadores debidamente definidos para las intervenciones gerenciales de intermediarios financieros, ni parámetros respecto del tiempo empleado para autorizarlas.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral III.1.8.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

Auditoría Especial

 

Conclusión de la Revisión Practicada por el Auditor Michael W. Mackey Sobre la Evaluación Integral de las Operaciones y Funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) y la Calidad de Supervisión de los Programas del FOBAPROA de 1995 a 1998

 

Derivado de la controversia constitucional por la información no proporcionada al auditor Michael W. Mackey contratado por la Cámara de Diputados para hacer una “Evaluación Integral de las Operaciones y Funciones del FOBAPROA y la Calidad de Supervisión de los Programas del FOBAPROA de 1995 a 1998”, la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados en su reunión ordinaria del 5 de septiembre de 2001, acordó que la Auditoría Superior de la Federación concluyera la auditoría de los fideicomisos operados por Banco Unión, S.A.

 

Se considera que las aportaciones recibidas durante 1993 y 1994 por los fideicomisos F/2739-9 "PRI Chiapas"; F/2929-4 "PRI Nacional"; F/2939-1 "PRI Tabasco"; y F/3110-8 "PRI Campeche" operados por Banco Unión, S.A. y F/1718-0 "PRI Nacional" por Banca Cremi, S.A.; no se encuentran en el supuesto previsto en el último párrafo, del artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

 

Se solicitó a la CNBV otorgara su opinión a efecto de determinar si las aportaciones realizadas a los fideicomisos generaron algún quebranto financiero a las instituciones de crédito referidas.

 

En tal sentido, la CNBV manifestó que en sí mismas, las aportaciones realizadas a los fideicomisos revisados, contablemente no le generaron quebranto a Banco Unión, S.A. ni a Banca Cremi, S.A., en razón de que los actos generadores de los quebrantos en cita, fueron precisamente las autorizaciones de los créditos a empresas insolventes.

 

Los resultados de la revisión se presentan en el numeral III.1.8.4.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

Recaudación de Ingresos por Derechos por Inspección y Vigilancia

 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no enteró con oportunidad a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 1,217,392.6 miles de pesos, que canalizó indebidamente a su gasto de operación. La Comisión regularizó esta situación hasta el 29 de diciembre de 2000, mediante la autorización especial que le otorgó  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

 

La CNBV cuenta con un Fondo de Reserva Especial por 688,414.4 miles de pesos, creado de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para cubrir gastos de ejercicios posteriores. La Ley de Ingresos de la Federación del año 2000 establece que estos fondos deben enterarse a la TESOFE.

 

Durante el ejercicio auditado se observó que 456 instituciones de servicios financieros y 207 bursátiles adeudan 66,022.0 miles de pesos, que corresponden al periodo de 1993 a 2000, por concepto de Derechos por Inspección y Vigilancia.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral III.1.8.5.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

III.1.10.   FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 “Servicios Generales”

 

El FONATUR tiene registrados gastos por 5,054.2 miles de pesos, que indebidamente pagó con recursos de la partida 3601 “Gastos de Propaganda”, los cuales fueron destinados a cubrir consumos de alimentos de 27 funcionarios bajo el concepto de atención a inversionistas o clientes; de ese monto, se determinaron erogaciones por 2,610.6 miles de pesos, en cuya comprobación del gasto no se señala el motivo ni los inversionistas o clientes atendidos; asimismo, de ese importe, de acuerdo al Manual de Organización del FONATUR, 672.9 miles de pesos correspondientes a gastos de cuatro funcionarios, tampoco proceden, ya que sus actividades no están vinculadas con la compra y venta de terrenos y otros inmuebles del FONATUR. Además, de los restantes 2,443.6 miles de pesos, se comprobó que 2,234.0 miles de pesos se refieren a un monto fijo mensual que se asignó a 22 funcionarios, para que éstos lo comprobaran con notas de consumo, y 209.6 miles de pesos fueron de otros gastos que tampoco están relacionados con los gastos de propaganda.

 

Los resultados de la auditoría se presentan en el numeral  III.1.10.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

III.1.11.   INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

Recaudación de Ingresos por Cuotas por Servicios de Investigación y Capacitación, así como por la Venta de Publicaciones, Reproducciones y Otros Servicios en Materia de Estadística

 

Se determinó una posible omisión por parte del Banco Inverlat en la transferencia a la TESOFE de recursos enterados por el INEGI en enero y febrero de 2000 por 34,988.6 miles de pesos, lo cual deberá ser confirmado por la Dirección General de Vigilancia de Fondos y Valores de la propia TESOFE.

 

El INEGI utilizó recursos de una línea de crédito del Banco Inverlat para pagar el IVA de operaciones a crédito, el cual se cubrió con recursos provenientes de productos captados en 2000; asimismo, pagó incentivos al personal por 280.7 miles de pesos con recursos de dichos productos captados, que debieron enterarse a la TESOFE.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral III.1.11.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

III.1.12.   INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

 

Auditorías Especiales

 

Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca

 

De los 34,600.0 millones de pesos que aplicó el IPAB al Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca, 9,309.0 correspondieron a BanCrecer, 4,000.0 a Promex, 5,500.0 a la TESOFE, 15,119.6 a Serfín, 38.1 a NAFIN, 472.0 a Banamex, y 161.3 a Inverlat. Dichos recursos se ejercieron de conformidad con el PEF de 2000 y la LPAB.

 

El Gobierno Federal ha destinado en los ejercicios fiscales de 1999 y 2000, 52,600.0 millones de pesos para el Programa de Apoyo a Ahorradores y para los ejercicios 2001 y 2002 se asignaron 52,763.6 millones de pesos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral III.1.12.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

Transferencia de las Operaciones y Obligaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)

 

Como resultado de la crisis económica y financiera que afectó a nuestro país en 1994 y 1995, el Gobierno Federal implementó diversos apoyos para facilitar la estabilización de los deudores de la banca y de las instituciones financieras.

 

El impacto económico en las finanzas públicas al 31 de marzo de 2002 ascendía a 876,253.8 millones de pesos, tal  como se indica a continuación:

 

IMPACTO ECONÓMICO DE LA CRISIS FINANCIERA DE 1995 CON CIFRAS AL 31 DE MARZO DE 2002

(Millones de pesos)

 

Concepto

Importe

Erogaciones para saneamiento financiero y programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca PEF de 1995 a 2002.

255,790.8

 

Préstamos de Banxico y NAFIN (erogaciones para adquirir obligaciones subordinadas y capitalizar y sanear a la banca intervenida).

68,099.0

 

Costo aproximado de la auditoría efectuada por  Michael W.  Mackey.

180.5

Deuda asumida por el IPAB 1/

608,116.0  *

Subtotal

932,186.3

Menos:

 

Venta de bienes 

43,293.9

75.0% de las cuotas

12,638.6

Impacto económico al 31-III- 2002

876,253.8

 

*    El Gobierno Federal tendrá que destinar en promedio en las condiciones actuales, el 8.0% del monto de la deuda para pago de intereses.

1/ Obligaciones netas (pagarés menos posibles recuperaciones por venta de bienes).

 

Por el impacto económico que tiene para el país y por mandato de ley, la ASF efectúa una revisión permanente al IPAB para verificar el cumplimiento de los primeros dieciséis artículos transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), de cuyos avances se informó en los Resultados sobre la Revisión de la Cuenta Pública de 1998 y 1999.

 

Para los efectos de este informe se revisó el cumplimiento a los artículos Quinto, Séptimo, Noveno y Décimo Tercero Transitorios de LPAB en lo relativo al Programa de Capitalización y Compra de Cartera de Banco Nacional de México, S.A.; la capitalización, intervención y liquidación de Banco de Oriente, S.A.; el proceso de capitalización, saneamiento y enajenación de Banca Serfín, S.A.; el proceso de saneamiento y enajenación de BanCrecer, S.A.; el proceso de negociación y pago de la deuda del Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V.; el proceso de enajenación de Camino Real (Hotel Las Hadas). Además se dio seguimiento a las observaciones-recomendaciones formuladas en el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1999; y se verificó el ejercicio de los recursos por 34,600.0 millones de pesos, otorgados por el Gobierno Federal para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el IPAB, que son materia de un informe adicional, denominado “Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca”.

 

En relación a la recomendación de la ASF para que se auditen las transacciones reportables del Grupo A(a), el IPAB comunicó a los bancos el proceso para efectuar las revisiones, lo que motivó que las instituciones de banca múltiple promovieran el juicio de amparo 979/2002-1 ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, entre ellas la ASF, sobre la ejecución de las recomendaciones emitidas por la Contaduría Mayor de Hacienda, hoy denominada Auditoría Superior de la Federación y sobre las recomendaciones contenidas en la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1999, 2000 y el avance de gestión financiera de 2001.

 

En el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo citado, el Juez del conocimiento, dictó un acuerdo por el que se concedió la suspensión provisional a los quejosos, es decir, a los bancos, para que las autoridades responsables se abstuvieran de ejecutar los actos reclamados. En el mismo acuerdo, se fijó el día 30 de julio pasado para la celebración de la audiencia incidental.

 

El 29 de julio de 2002, la ASF rindió el informe previo correspondiente ante el órgano judicial, en el que solicitó se negara la suspensión definitiva a los actos reclamados.

 

En la audiencia incidental se resolvió negar la suspensión definitiva solicitada por los quejosos.

 

El IPAB informó a la Auditoría Superior de la Federación que en la Sesión Extraordinaria de su Junta de Gobierno, programada para el 23 de agosto de 2002, se someterán a aprobación los Términos de Referencia de las auditorías recomendadas, así como el proceso de Licitación para la contratación de terceros especializados para realizarlas.

 

De la revisión al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los primeros 16 artículos transitorios se determinó lo siguiente:

 

a)     Capitalización, Intervención y Liquidación de Banco de Oriente

 

La CNBV intervino gerencialmente a Banorie en 1997, tres años después de que detectó irregularidades en la administración y operación del banco. La Auditoría Superior de la Federación no tuvo evidencias de las medidas que se tomaron por las irregularidades detectadas en 1994 y 1995, contraviniendo la Ley de Instituciones de Crédito.

 

Los recursos producto de la venta de las  sucursales de Banorie a BBV por 25.3 millones de pesos, fueron utilizados para el pago de pasivos y gasto corriente del propio banco, en  contravención a las instrucciones del Comité Técnico del FOBAPROA, que indicaban que tenían que ser aplicados al saldo del crédito simple otorgado por el Fondo, sin que se tuviera evidencia documental de dichas aplicaciones.

 

b)     Capitalización, Saneamiento y Enajenación de Banca Serfín

 

Se incluyeron indebidamente 3,400.0  millones de pesos de intereses moratorios en la compra de cartera que realizó el FOBAPROA a Banca Serfín en 1995 y 1996, que al 31 de marzo de 2002 tienen un valor aproximado de 21,890.8 millones de pesos; sin embargo, dichos recursos no podrán ser disminuidos de la deuda del IPAB, ya que al sanear al banco, el Instituto asumió todas sus obligaciones.

 

En la compra de cartera efectuada por el FOBAPROA a Banca Serfín en 1997, se adquirieron derechos de créditos hipotecarios por 10,300.0 millones de pesos, de los cuales pagó en efectivo 5,100.0 y suscribió un pagaré por 5,200.0, sin que Banca Serfín hubiera constituido las reservas crediticias correspondientes. Dichos recursos no podrán ser disminuidos de la deuda del IPAB, ya que al sanear al banco, el Instituto asumió todas sus obligaciones.

 

En la carta de intención para capitalizar a Serfín del 30 de abril de 1996, el Grupo Financiero Serfín presentó diversas operaciones de liquidez en las que incluyó los créditos hipotecarios denominados Meseta con un importe de 2,500.0 millones de pesos. El 1° de julio de 1996, el FOBAPROA adquirió de Serfín, la titularidad de dichos créditos por 2,646.4 millones de pesos, es decir, 146.4 millones de pesos superiores a lo propuesto.

 

c) Saneamiento y Enajenación de BanCrecer

 

La Auditoría Superior de la Federación no contó con las evidencias documentales de las medidas que se tomaron por las irregularidades detectadas por la CNBV en BanCrecer, tampoco de las razones por las que no se realizó el saneamiento del banco de manera oportuna, al momento en que se determinaron insuficiencias de capital por 65,000.0 millones de pesos, lo anterior representó para el IPAB un costo de 102,200.0 millones de pesos, 37,200.0 millones de pesos adicionales al costo original.

 

La recuperación por la enajenación de BanCrecer hasta la fecha asciende a 372.6 millones de pesos, resultado de la venta del paquete accionario del banco por 1,650.0 millones de pesos, menos la capitalización hecha por el IPAB por la disminución del capital contable de la institución por 1,293.3 millones de pesos. La cifra de 372.6 millones de pesos no considera las ventas de activos segregados que habrá de realizar el IPAB.

 

El IPAB no realizó el proceso de licitación para contratar el agente financiero para la venta de las acciones de BanCrecer, ni el de la empresa encargada de la recuperación de la cartera, incumpliendo el artículo 63 de la LPAB y el Programa de Enajenación de Bienes a que se refiere el artículo Décimo Tercero Transitorio de la misma ley.

 

El tercero especializado que realizó el estudio técnico para determinar si BanCrecer se liquidaba o era saneado para su venta, fue el mismo que vendió el paquete accionario y el que administra la cartera, lo cual refleja un conflicto de intereses y una falta de objetividad y transparencia, contrario a lo establecido en el artículo 63 de la LPAB.

 

La Auditoría Superior de la Federación no tuvo evidencia del estado que guardan las denuncias penales y mercantiles derivadas de las auditorías contable y legal realizadas al BanCrecer.

 

d)     Negociación y Pago de la Deuda de Grupo Bursátil Mexicano

 

En la revisión del proceso de negociación y pago de la deuda de GBM asumida por el IPAB, se concluyó que la recuperación fue superior a la garantía en 44.1 millones de pesos, pero inferior al adeudo de 596.2 millones de pesos, lo que representó un costo fiscal de 493.7 millones de pesos al 10 de agosto de 2001.

 

e)     Enajenación del Hotel Camino Real Las Hadas

 

El IPAB no realizó proceso de licitación para seleccionar al tercero especializado que se encargó de la valuación y venta del Hotel Las Hadas, contraviniendo la normatividad establecida por el propio Instituto.

 

El mismo agente vendedor incumplió las obligaciones estipuladas en el contrato de servicios realizado con Banco Unión, que consistieron en determinar el valor de referencia de los activos a vender, sin tomar en cuenta el valor que tenían los inmuebles, tanto contable, comercial y catastral, lo que pudo provocar un impacto negativo en el precio del bien. También incumplió sus obligaciones al contar únicamente con dos postores para la venta, de tres que marcaba el contrato.

 

El único postor que presentó propuesta no fue descalificado, a pesar de haber incumplido las reglas de licitación en dos de sus apartados, uno, que se refería a la garantía y el otro, a los poderes de su representante.

 

Los resultados de la revisión se presentan en el numeral III.1.12.3.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Programa de Capitalización y Compra de Cartera

 

 

En el caso de Banamex, la fiscalización que realizó la Auditoría Superior de la Federación al cumplimiento de los artículos transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, consideró las operaciones del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, con lo cual se determinó que, en la compra de la cartera, el banco incluyó intereses moratorios por 1,880.2 millones de pesos que no debió considerar el FOBAPROA, ya que la institución de banca múltiple no constituyó las reservas (peso a peso) como la establece la norma emitida por la CNBV para este tipo de intereses y en contravención a las bases de capitalización establecidas. El importe actualizado asciende a 7,176.6 millones de pesos.

 

Banamex incluyó en la cartera vendida 18,977 casos (créditos) que importaban 4,658.8 millones de pesos, correspondientes a créditos relacionados, créditos en litigio y créditos calificados en grado de riesgo E, operaciones que no debió incluirlas en la venta de cartera hecha al FOBAPROA, por contravenir las bases de capitalización y no haber sido aprobadas por el Comité Técnico del Fondo. El importe actualizado asciende a 14,001.0 millones de pesos.

 

Las cifras que reporta el auditor externo designado para revisar la cartera de la compra hecha por el FOBAPROA a Banamex en 1995 difiere de las cifras que se reportaron en los anexos de la carta de cierre en 2,061 acreditados y 23.1 millones de pesos.

 

La información contenida en los anexos de las cartas de cierre de la venta de la cartera hecha por Banamex al FOBAPROA en 1995 y 1996 presenta diferencias por 3,670 y 15,976 casos respectivamente.

 

La Auditoría Superior de la Federación tuvo limitaciones en el alcance de la revisión al no contar con la información relativa a los montos, fechas y autorizaciones, así como las causas de las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos, correspondientes a los créditos vendidos al FOBAPROA por Banamex y que son administrados en un fideicomiso establecido en el propio banco.

 

 

Los resultados de la revisión se presentan en el numeral III.1.12.3.3. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Recaudación por Ingresos Derivados de la Desincorporación de Bienes Inmuebles Administrados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

 

En el Programa de Enajenación de Bienes, no se incluyó el Diagnóstico General de la Condición de los Bienes para la Enajenación. Asimismo, no se cuenta con el inventario y el valor actualizado de los bienes inmuebles, ni se cumplió con el programa, ya que las operaciones efectuadas representaron únicamente el 23.6% de lo programado, lo que implica que no se cumpla con el plazo de 3 años  para la venta de inmuebles establecidos en la Ley para la Protección al Ahorro Bancario.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral III.1.12.4.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

III.1.13.   LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

 

 

Auditoría de Desempeño

 

 

Evaluación Financiera y Operativa de las Acciones de la Lotería Nacional

 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) se constituyó en 1920 como organismo público descentralizado y al igual que Pronósticos para la Asistencia Pública tiene como objeto el obtener recursos, a través de la celebración de concursos con premios en efectivo para destinarlos a la asistencia pública.

 

Los enteros a la TESOFE de LOTENAL en términos reales mostraron una tendencia errática y en el 2000 (350.3 millones de pesos) fueron inferiores  en 12.1% y 16.9% con respecto a los registrados en 1998 y 1999.

 

Los ingresos por ventas de LOTENAL mostraron una tendencia decreciente en el periodo 1995-2000, y que en términos reales es de 27.4%; 6,748.4 millones de pesos en 1995 a 4,902.0 millones de pesos en 2000.

 

Los billetes y boletos de lotería comercializados en el periodo 1995-2000 tuvieron un decremento del 75.0%, pues mientras que en 1995 se comercializaron 177 millones de boletos de lotería, para el 2000 sólo se comercializaron 45 millones.

 

Existe mala distribución de las agencias y expendios foráneos de la LOTENAL ya que en sólo nueve entidades federativas se concentra el 61.1% de los mismos.

 

El número de agencias y expendios de la LOTENAL mostró una tendencia a la baja al pasar de 502 en 1995 a 322 en 2000.

 

La distribución de agencias y expendios por entidad federativa no está en función de sus ventas, toda vez que las nueve entidades federativas que concentraron el 65.7% de las ventas totales sólo cuentan con 38.7% (61) del total de agencias y expendios.

 

Los ingresos por ventas presentaron una tendencia decreciente y la devolución de billetes mostró tendencia al alza, lo que significa que su eficacia para comercializar sus productos fue disminuyendo. 

 

Los productos instantáneos en la LOTENAL han venido mostrando una drástica caída en sus ventas (87.4%) al pasar de 991.7 millones de pesos en 1995 a 124.8 millones de pesos en 2000.

 

La LOTENAL no cuenta con información acerca del destino específico que se le da a los recursos que entera a la TESOFE.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral III.1.13.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

III.1.14.   PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

 

 

Auditoría de Desempeño

 

 

Evaluación Financiera y Operativa de las Acciones de Pronósticos para la Asistencia Pública

 

Pronósticos para la Asistencia Pública (PAP) se creó en 1978 como un organismo público descentralizado. Al igual que la LOTENAL tiene como objeto el obtener recursos, a través de la celebración de concursos con premios en efectivo, para destinarlos a la asistencia pública.

 

En la Cuenta Pública de 2000 la SHCP no presentó información sobre las acciones que desarrolla PAP, lo que resta transparencia a la información sobre la  gestión del organismo.

 

Se determinó que los enteros efectuados a la TESOFE en relación a los ingresos captados y a los egresos efectuados por el organismo, representaron una proporción cada vez menor en ambos rubros, lo que significa una menor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de su objetivo.

 

De igual manera, la productividad de la institución mostró una tendencia continua al decremento, toda vez que los enteros a TESOFE en relación a las terminales en operación, decrecieron en 28.0% (al pasar de 81,332.76 pesos enterados en 1995 a 58,521.22 pesos en el 2000) y con respecto a los ingresos captados por terminal, en 5.8% (al pasar de 409.4 miles de pesos captados en 1995 a 385.7 miles de pesos en el 2000).

 

La productividad mostró una tendencia errática, medida en términos de recursos enterados por empleado, y aunque en 2000 tuvo un crecimiento de 9.7% en relación a 1999 (al pasar de 602.19 a 661.19 miles de pesos), dicho incrementó no logró superar la tasa de crecimiento de 17.8 % alcanzada en 1996 respecto a 1995.

 

En la encuesta aplicada se encontró que el público prefiere PAP (57.0%) lo que denota que su mercado potencial es superior al de LOTENAL, sin embargo su presencia en el mismo es baja ya que sólo el 37.0% de los encuestados participa en los juegos de PAP.

 

De las 8,689 terminales que registraron ventas en el 2000, el 51.7% tuvo baja productividad; el 8.7% no captó los ingresos necesarios para cubrir el costo por mantenimiento y uso de programas (16,000.00 pesos anuales), y el 43.0% cubrió estos conceptos pero no alcanzó la venta mínima anual establecida por el organismo (208,000.00 pesos), lo que denota poca eficacia y eficiencia de los puntos de venta del organismo.

 

Por cuanto hace a la comercialización, las ventas de su producto principal, Melate decrecieron en 9.7% en el periodo revisado (al pasar de 1,333,295.0 miles de pesos en 1995 a 1,203,857.0 miles de pesos  en el 2000), y su participación dentro del total de los ingresos que captó el organismo decreció en 25.85 puntos porcentuales (al pasar del 69.5% en 1995 al 43.7% en el 2000).

 

Las ventas alcanzadas en el 2000 por el producto Progol (152,801.0 miles de pesos), fueron inferiores en  41.8% a las de 1995, y su participación en ese año, dentro de los ingresos captados por el organismo, decreció en 8.1 puntos porcentuales respecto a 1995 (al pasar del 13.7% al 5.5%).

 

En razón a lo anterior, se determinó que en el periodo 1995-2000 PAP no cumplió con eficacia y eficiencia sus objetivos institucionales.

 

Se precisó que PAP no cuenta con información acerca del destino específico que se le da a los recursos que entera a la TESOFE.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral III.1.14.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

III.1.15.   SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

 

 

Auditorías Financieras y de Cumplimiento

 

 

Recaudación de Ingresos por Cuentas Aduaneras

 

La Administración General de Aduanas (AGA) del SAT y la TESOFE de la SHCP, no cuentan con un manual de procedimientos que norme las áreas responsables y las funciones que deben llevarse a cabo para vigilar que las instituciones de crédito cumplan con enterar en tiempo y forma a la TESOFE los depósitos vencidos en cuentas aduaneras.

 

Al 31 de enero de 2002, la AGA no ha realizado las gestiones suficientes para el cobro a Bancomer, S.A. del resarcimiento determinado el 24 de octubre de 2001 por actualizaciones y recargos por el entero extemporáneo a la TESOFE de 5,411.4 miles de pesos de depósitos vencidos en cuentas aduaneras.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral III.1.15.3.3. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Recaudación de Ingresos por Derechos por los Servicios para Obtener Patente de Agente Aduanal

 

La Aduana de Nuevo Laredo (ANL) no verificó que los agentes aduanales se ajustaran al artículo 160, fracciones V y IX de la Ley Aduanera, que dispone que el agente aduanal deberá firmar en forma autógrafa como mínimo el 35.0% de los pedimentos originales y su inobservancia lo inhabilita para operar hasta por un mes.

 

La ANL no ha determinado las incidencias de glosa, por un importe probable de operar de 18,839.0 miles de pesos, así como las de laboratorio que ameritan sanción del año 2000.

 

16 agentes aduanales no pagaron correctamente los impuestos al comercio exterior por 76,739.2 miles de pesos, por lo que la ANL les determinó multas por 47,113.7 miles de pesos; toda vez que la omisión del impuesto fue superior a los 100.0 miles de pesos y representó más del 10.0% de la totalidad que debieron pagar, en infracción del artículo 165 fracción II, inciso a), de la Ley Aduanera, las patentes pueden ser canceladas. Sin embargo, la ANL no ha verificado si procede la cancelación.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral III.1.15.3.7. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Auditorías de Sistemas

 

 

Evaluación del Procedimiento para Controlar el Tránsito Interno de las Mercancías de Importación de la Aduana de Nuevo Laredo a la Aduana de México

 

En la muestra revisada, se observaron contradicciones en la normatividad respecto del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, de la obligación de constituir depósitos de garantía en cuentas aduaneras para garantizar el pago de contribuciones y de la inclusión de la fracción arancelaria en los pedimentos, así como datos inexactos y omitidos en los pedimentos de tránsito interno y falta de vinculación entre los pedimentos de importación definitiva y los pedimentos de tránsito que les antecedieron, lo que impidió cuantificar las contribuciones y cuotas compensatorias que debieron pagarse.

 

Como resultado de las pruebas de auditoría, se determinaron inconsistencias en el sistema de registro de tránsitos, incumplimiento de la normativa para el reconocimiento aduanero en la aduana de inicio y para la certificación del arribo de los tránsitos en la aduana de destino, así como irregularidades como son: contenedores vacíos, sin sellos o candados de seguridad, y con sellos o candados cambiados o rotos.

 

Los resultados de la revisión se presentan en los numerales III.1.15.4.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Evaluación del Régimen de Importación Temporal de Mercancías para Elaboración, Transformación o Reparación

 

Se observaron inconsistencias en el sistema de registro de las operaciones efectuadas bajo el régimen auditado; 889 empresas operaron sin programas de exportación autorizados y de una muestra de 10 empresas, 4 de ellas no contaron con  la inscripción en el Registro General de Importadores.

 

La Aduana de Tijuana informó que no verificó que las mercancías importadas temporalmente, retornaran al extranjero o se destinaran a otro régimen en los plazos establecidos, y que tampoco realizó actos de fiscalización a las empresas que operaron en esa ciudad. Sobre el particular, la Administración General de Aduanas y la Administración Local de Auditoría Fiscal, informaron que no realizaron actos de ese tipo en el ejercicio de 2000. De una muestra de 85 pedimentos y facturas, se observó que la Aduana de Tijuana no revisó que estos documentos cumplieran en su totalidad con lo que establece la norma respecto de la información y anexos que deben contener.

 

 

Los resultados de la revisión se presentan en el numeral III.1.15.4.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

DEL TOMO IV

 

 

IV.2.        SECTOR CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

 

En el Sector Contraloría y Desarrollo Administrativo se practicaron dos auditorías a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN), cuyos resultados relevantes fueron los siguientes:

 

 

IV.2.1.     COMISIÓN DE AVALÚOS DE BIENES NACIONALES

 

Auditoría de Desempeño

 

 

Evaluación de las Acciones Relacionadas con el Registro y Regularización del Patrimonio Nacional; así como con la Valuación Inmobiliaria

 

La Comisión Nacional de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN) es un organismo desconcentrado de la SECODAM, que tiene encomendada la integración del Sistema Nacional de Información Inmobiliaria, el inventario del patrimonio inmobiliario federal y el Registro Público de la Propiedad Federal, además se encarga de la valuación y justipreciación inmobiliaria.

 

En cuanto a la situación jurídica de los bienes, 50,015 inmuebles (50.1%) no cuentan con documento de propiedad y únicamente 13,795 tienen documento que la ampara emitido ante notario o juzgado, y por lo que se refiere a la situación administrativa de los inmuebles relacionados en el inventario, sólo 11,213 (11.2%) tienen registro del documento que autoriza la utilización de los inmuebles.

 

La base de datos del Registro Público de la Propiedad Federal, no cuenta con una estructura que permita conocer en forma precisa y confiable datos de desagregación por expropiación, destino, concesiones, permisos, autorizaciones y derechos de uso de los inmuebles.

 

No existen cifras confiables respecto a los gastos que eroga la Administración Pública Federal por concepto de arrendamientos, ya que la CABIN no ha establecido mecanismos para tener información completa; sin embargo, de acuerdo con sus registros en 2000, el Gobierno Federal erogó 796,767.5 miles de pesos por 1,287 inmuebles arrendados.

 

La CABIN no ha cumplido en forma adecuada con la integración del Sistema Nacional de Información Inmobiliaria, dado que el inventario de inmuebles y la operación del Registro Público de la Propiedad Federal muestran deficiencias importantes, por lo cual no se ha llevado a cabo la regularización jurídica y administrativa del patrimonio inmobiliario.

 

Existen deficiencias en la valuación y justipreciación de los inmuebles y en materia de arrendamientos no tiene cifras totales de lo que eroga el Gobierno Federal por este concepto.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral IV.2.1.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

IV.3.        SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

 

Al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales se le practicaron 11 auditorías, de las cuales cuatro correspondieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), cuatro a la Comisión Nacional del Agua (CNA), dos al Instituto Nacional de Ecología (INE) y una a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Los resultados relevantes son:

 

 

IV.3.1.     SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

 

Auditorías Financieras y de Cumplimiento

 

Recaudación de Ingresos por Derechos por la Concesión para el Uso o Goce de la Zona Federal Marítimo Terrestre, en el Estado de Baja California Sur

 

La Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (DGZOFEMAT) y la Delegación Federal de la SEMARNAT en B. C. Sur; no cuentan con catastro, catálogo, padrón e inventario actualizados, que identifiquen la superficie, el número de ocupantes, concesionarios y el uso específico de cada ocupación de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).

 

De las 26 compulsas realizadas a ocupantes de la ZOFEMAT en el estado de B.C. Sur, se detectó que en  15 casos no se cuenta con concesión y en 12 de ellos no han pagado los derechos correspondientes.

 

Adicionalmente, se detectó que tres ocupantes de la ZOFEMAT, omitieron el pago de derechos por 89.3, 1,279.0 y 1,452.0 miles de pesos; además, sus expedientes presentan irregularidades que son motivo de revocación de la concesión.

 

La Secretaría de Finanzas del Estado de B.C. Sur, no informó el total de los derechos por el uso o goce de la ZOFEMAT recaudados por los municipios de su circunscripción.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral IV.3.1.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Recaudación de Ingresos por la Administración de los Derechos por el Otorgamiento de la Concesión y  por el Uso o Goce de Instalaciones de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, en  el Estado de Veracruz

 

La DGZOFEMAT y su Unidad Estatal en Veracruz, no cuentan con padrón, inventario y catálogo actualizado de concesionarios y ocupantes de la zona federal, así como con el uso específico de cada concesión.

 

Se determinó que, al primer trimestre de 2002, 37 concesionarios de los municipios de Boca del Río y Veracruz, adeudan 1,634.7 miles de pesos del periodo de 1994, por concepto de Derechos por el Uso o Goce de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, a los que no se les ha requerido su pago.

 

Se realizaron los cálculos de los derechos a 265 ocupantes de la ZOFEMAT de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Tecolutla, incluyendo concesiones vencidas e irregulares, estimando un monto de 4,448.9 miles de pesos que dejó de percibir el Erario Federal en el ejercicio de 2000.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral IV.3.1.3.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Recaudación de Ingresos por Derechos por la Concesión para el Uso o Goce de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Verificación del Procedimiento para el Trámite de la Concesión en el Estado de Jalisco

 

El trámite de autorización de la concesión presenta atrasos que van de 21 a 1,335 días en la resolución de las solicitudes del año 2000.

 

La SEMARNAT no cuenta con un catastro, catálogo, padrón e inventario actualizados.

 

De los 996 ocupantes de la ZOFEMAT que registró la Delegación Federal de la SEMARNAT en el estado de Jalisco, únicamente 329 de ellos (33.0%), pagaron los derechos correspondientes.

 

Durante el ejercicio de 2000, dos concesionarios omitieron el pago de derechos por 4,250.0 y 15.7 miles de pesos, respectivamente.

 

La Secretaría de Finanzas del estado de Jalisco no informó a la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas (UCHEF) adscrita a la SHCP, del total de los derechos por el uso o goce de la ZOFEMAT que recaudaron los municipios de su circunscripción.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral IV.3.1.3.3. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

IV.3.2.     COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 

 

Auditorías de Obras Públicas e Inversiones Físicas

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 ”Obras Públicas”, Proyecto Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población, en el Estado de Veracruz

 

 

En dos contratos se detectaron pagos en exceso por 705.8 miles de pesos debido a un incumplimiento de los alcances de los precios unitarios; asimismo, en otro contrato, se pagó en exceso un monto de 383.3 miles de pesos por incorrecta autorización de precios unitarios extraordinarios.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral IV.3.2.4.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 “Obras Públicas”, Proyecto Desarrollo de Infraestructura en Zonas Urbanas, en el Estado de México; Ampliación de Unidades de Riego, en el Estado de Hidalgo; Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas y Centros de Población, en el Estado de México e Infraestructura de Saneamiento en Zonas Urbanas, en el Estado de Guerrero

 

 

Se detectó que en un contrato, la CNA otorgó el anticipo sin que la contratista hubiese presentado la fianza respectiva, por 6,000.0 miles de pesos.

 

En otro contrato, se detectó que se pagó indebidamente la cantidad de 859.9 miles de pesos por incorrecta autorización de precios unitarios extraordinarios; finalmente, en otro contrato, se realizaron indebidamente pagos por 462.9 miles de pesos, debido a una incorrecta aplicación de la sanción por atraso en la terminación de la obra.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral IV.3.2.4.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

IV.3.3.     INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA

 

Auditoría de Desempeño

 

 

Evaluación de las Acciones del Programa para la Minimización y Manejo Integral de Residuos Industriales Peligrosos en México, 1996–2000

 

Contrario a lo que programó el INE en el Programa para la Minimización y Manejo Integral de Residuos Industriales Peligrosos en México (PROMMIRIP), de controlar más del 50.0% de los residuos peligrosos generados en el país en el periodo 1995-2000, el instituto únicamente controló 4,144.0 miles de toneladas de dichos residuos, volumen que corresponde al 10.4% de las 40,000 miles de toneladas que el INE estimó se generarían en ese lapso.

 

El INE cumplió parcialmente las funciones que tiene conferidas en la normatividad aplicable y los objetivos de mediano plazo establecidos en el PROMMIRIP, debido principalmente a que la distribución de la infraestructura existente para su manejo en el territorio nacional, no es congruente con los requerimientos de las entidades federativas; presenta un inventario incompleto de empresas generadoras; y carece de una metodología para determinar los volúmenes generados.

 

La información sobre la generación y manejo de residuos industriales peligrosos, así como de la capacidad con la que operaron las empresas autorizadas para el manejo de los citados contaminantes, no está estructurada y sistematizada y en la NOM respectiva no se ha actualizado la clasificación de los desechos contaminantes.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral IV.3.3.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

IV.5.        SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

 

 

Al Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se le practicaron 12 auditorías, de las cuales correspondieron tres a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), dos a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), dos al Colegio de Postgraduados, una al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), tres al Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y una a la Productora Nacional de Semillas (PRONASE), cuyos resultados relevantes fueron:

 

 

IV.5.1.     SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

 

Auditoría de Desempeño

 

 

Evaluación del Programa Lechero

 

En la ejecución de proyectos de infraestructura y adquisiciones, la SAGARPA logró una eficacia de 124.6% al ejecutarse en promedio 5,071 proyectos, 1,001 más que los 4,070 considerados como meta, debido a que los productores realizaron proyectos de menor costo. Lo anterior también redundó en la eficiencia  de los recursos erogados en el programa por un total de 224.3 millones de pesos, ya que por cada peso entregado, los gobiernos estatales y los productores invirtieron 3.80 pesos adicionales.

 

La falta de diagnósticos e indicadores estratégicos y de gestión, de una base de datos confiable y oportuna, y la sobreestimación de las metas de mediano plazo originaron que se emitieran seis recomendaciones al desempeño para mejorar y transparentar las prácticas gubernamentales de la dependencia, así como para eliminar el exceso de trámites en la aprobación y entrega de los subsidios.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el  numeral IV.5.1.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

IV.5.5.     FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

 

 

Auditoría de Desempeño

 

 

Evaluación del Programa Normal de Operación

 

El FIRCO se creó con el objeto social de concurrir con recursos adicionales para corregir faltantes de productos básicos, generar empleos y apoyar la realización de inversiones, obras o tareas, y coadyuvar al aumento de la producción y productividad del campo y al mejoramiento de la capacidad productiva de los productores de bajos ingresos.

 

Con la auditoría se determinó que, de 1998 a 2000, el fideicomiso incumplió con su objeto social, ya que no consideró las tres finalidades establecidas en su mandato para planear y programar su misión, objetivos estratégicos, metas y actividades anuales, ni tampoco los programas autorizados en las reglas de operación. En lugar de su mandato, el FIRCO ejecutó tres programas: Programa de Empleo Temporal (PET), Programa de Contingencias y Programa de Obras con Maquinaria Propia.

 

La falta de diagnósticos para definir los objetivos y los impactos de los programas en el campo es un problema estructural del sistema de planeación y programación del Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Asimismo, el retraso registrado en la entrega de los subsidios, refleja una debilidad similar a la observada en las auditorías al desempeño practicadas al Programa de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), en sus vertientes de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) y de Apoyos a la Comercialización, con motivo de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1999.

 

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral IV.5.5.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Programa de Empleo Temporal en Zonas de Extrema Pobreza (Chiapas)

 

La revisión evidenció carencias en la comprobación del pago directo a los beneficiarios y en la realización de los trabajos pactados con los presidentes de los comités pro-obra, por un monto de 1,432.4 miles de pesos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral IV.5.5.4.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

IV.6.        SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

 

Al Sector Trabajo y Previsión Social se le practicaron cuatro auditorías, de las cuales tres correspondieron a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y una al Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT). Los resultados relevantes de este grupo de auditorías fueron:

 

 

IV.6.1.     SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

 

 

Auditoría de Desempeño

 

Evaluación del Programa de Trabajadores Agrícolas Migratorios Temporales Mexicanos con Canadá

 

En el periodo 1998-2000 el número de trabajadores agrícolas mexicanos contratados en Canadá registró un incremento de 41.5% ocasionado más por la actividad inercial de la demanda que por una estrategia emprendedora de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ya que esta dependencia careció de información sobre la necesidad de mano de obra y se limitó a cubrir los requerimientos de los empleadores canadienses. La preferencia por contratar trabajadores mexicanos se debió a su buen desempeño laboral.

 

En el periodo de análisis las transferencias de trabajadores de una granja a otra por cosechas emergentes crecieron en forma significativa, llegando a representar en 2000 el 10.9% del total de trabajadores; de dichas transferencias, el 85.0% se realizó sin la autorización del Ministerio de Fomento de los Recursos Humanos de Canadá ni del consulado mexicano, violando la legislación migratoria canadiense y poniendo en riesgo la imagen del programa.

 

El programa ha cumplido  con el propósito de abrir opciones a los trabajadores agrícolas mexicanos en el extranjero; por ello, la STPS, debe adoptar un papel activo para promover una mayor ocupación en Canadá considerando la aceptación y el buen desempeño de los trabajadores mexicanos y lograr una mayor coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que vigilen el cumplimiento de los acuerdos internacionales en la materia y el exacto cumplimiento de los contratos respectivos. Además, la STPS debe incluir indicadores estratégicos para evaluar el programa e instrumentar los registros contables pertinentes que le permitan determinar cuál es el costo administrativo del programa.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral IV.6.1.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Egresos Presupuestales de los Capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”

 

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales fraccionó indebidamente algunas operaciones  para la adquisición de materiales y útiles de oficina, consumibles de equipo y bienes de cómputo en beneficio de licitantes vinculados entre sí, lo que se tradujo en un sobreprecio por 1,114.7 miles de pesos. Asimismo, se efectuaron adquisiciones de alimentos para los comedores de la dependencia por un monto de 581.1 miles de pesos, los cuales no ingresaron a los almacenes de los comedores de la STPS; aunado a lo anterior, las facturas con las que se respaldó el gasto, contienen firmas de recepción  y liberación de pago presumiblemente falsificadas por servidores y/o ex servidores públicos y sellos de recepción que no corresponden a los utilizados oficialmente en dichos comedores. Finalmente, se constató que un proveedor no declaró ante la SHCP todos los ingresos percibidos por las operaciones que celebró con la Secretaría.

 

Por lo expuesto, se formularon tres Solicitudes de Intervención al Órgano Interno de Control, un Señalamiento y una Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, presentándose en proceso de elaboración, el dictamen técnico para promover las acciones legales que correspondan.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral IV.6.1.4.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

DEL TOMO V

 

 

V.1.         SECTOR ENERGÍA

 

Al Sector Energía se le practicaron 38 auditorías, de las cuales seis correspondieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una a la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE), dos a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), una a Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A. de C.V., una al Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), cuatro a Luz y Fuerza del Centro (LFC), una a Petróleos Mexicanos Corporativo (PEMEX), seis a Pemex Exploración y Producción (PEP), tres a Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), siete a Pemex Refinación (PR), una a Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V., una a Petroquímica Cosoleacaque, S.A. de C.V., dos a Petroquímica Escolín, S.A. de C.V., una a Petroquímica Pajaritos, S.A. de C.V. y una a Petroquímica Tula, S.A. de C.V. Los resultados relevantes de este grupo de auditoría fueron:

 

 

V.1.1.       COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

 

 

Auditoría de Desempeño

 

 

Evaluación del Programa de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica

 

La CFE cumplió el objetivo de garantizar la suficiencia y continuidad del servicio. De 1998 a 2000 ofreció un volumen promedio de energía de 181,940.5 GWh, con lo cual  atendió la demanda promedio que fue de 162,995.9 GWh. En promedio, la entidad comercializó 118,023.6 GWh de energía eléctrica y atendió 1,688,487 solicitudes de nuevos servicios, por lo que logró cumplir con sus metas; asimismo, redujo en 30 minutos el tiempo de interrupción por usuario, que en 2000 alcanzó un valor de 107 minutos, comparable con el logrado por empresas eléctricas de países como Inglaterra con 105 minutos. La cobertura nacional del servicio de energía eléctrica en el año 2000 fue de 93,415,477 habitantes, lo que representó el 94.7% de la población nacional, esto es, 2.3 puntos porcentuales por debajo de la cobertura que se estableció en el Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía 1995-2000 que fue de 97.0%.

 

La CFE mejoró su productividad laboral. En el Índice de Usuarios por Trabajador de Distribución el resultado logrado fue de 529 usuarios, superior en 14 usuarios al de las empresas eléctricas de Estados Unidos de América (515 usuarios); en el índice de Toma de Lecturas Urbanas, la productividad registró un  crecimiento promedio anual de  5.6%, al pasar de 685 lecturas en 1998 a 764 en 2000.

 

Durante el periodo de análisis la entidad abatió en 1.04 puntos porcentuales el Índice de  Rezago en el cobro de la energía facturada, al pasar de un valor de 2.65% en 1998 a  1.61% en 2000. Este resultado se compara desfavorablemente con el de empresas internacionales con buenas prácticas operativas como Houston Lighting and Power (0.10%),  Ente Nazionale Per l’Energía Elettrica (0.12%) y Entergy (0.18%), situación que significó para el organismo que dejara de cobrar 139.0 GWh de energía equivalentes a 81 millones de pesos.

 

En cuanto a su eficiencia operativa, el índice de pérdidas de energía  en 2000 fue de 10.95%, equivalente a 8,813.3 millones de pesos, de los cuales 2,855.5 millones de pesos correspondieron a usos ilícitos; con este resultado se mantuvo el rezago existente respecto del valor óptimo estimado por la entidad (5.9%) y de índices con que operan empresas internacionales como Houston Lighting and Power (3.2%), Ente Nazionale Per l’Energía Elettrica (6.0%) y Entergy (7.0%). En 2000 los rezagos existentes en los índices de pérdidas técnicas y no técnicas de energía respecto del valor óptimo estimado para la CFE le significó pérdidas adicionales de energía de 2,820.8 GWh y 4,408.1 GWh, respectivamente, equivalentes a 1,585.8 millones de pesos y 2,478.2 millones de pesos, en ese orden.

 

Los subsidios otorgados al consumo de energía eléctrica crecieron 36.2% promedio anual, al pasar de 21,860.6 millones de pesos en 1998 a 40,538.3 millones de pesos en 2000, debido principalmente a que los costos medios de la energía se incrementaron a un ritmo superior que el observado en los precios medios, así como al aumento de la energía comercializada.

 

En opinión de la ASF, la CFE atendió la demanda de energía eléctrica con suficiencia y continuidad. En materia de calidad del servicio, productividad laboral y eficiencia operativa, la entidad aún no ha logrado alcanzar niveles óptimos de operación, comparables con empresas internacionales con buenas prácticas operativas.

 

Como resultado de la auditoría, se formularon siete recomendaciones a fin de que la CFE mejore su desempeño en materia de productividad laboral y eficiencia operativa. Para ello, es prioritario que fortalezca sus acciones para reducir tanto las pérdidas de energía en distribución como el rezago en la cobranza de la energía facturada.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral V.1.1.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Auditorías de Obras Públicas e Inversiones Físicas

 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 “Obras Publicas”, Proyectos K028 “Proyectos  de Transformación de Energía Eléctrica” y K030 “Proyectos de Transmisión de Energía Eléctrica”, en los Estados de Yucatán y Nuevo León

 

En un contrato, la entidad  omitió aplicar una pena convencional de 2,339.0 miles de pesos por incumplimiento del programa de obra.

 

 

Los resultados de la revisión se presentan en el numeral V.1.1.5.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Egresos Presupuestales de los Capítulos 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”, Proyectos K032 “Proyecto de Ampliación de Redes de Distribución” y K034 “Proyectos de Ampliación de Generación”, y 6000 “Obras Públicas”, Proyectos K028 “Proyectos de Transformación de Energía Eléctrica” y K030 “Proyectos de Transmisión de Energía Eléctrica” en los Estados de México, Tamaulipas, Baja California, Puebla y Yucatán

 

Capítulo 5000. La entidad pagó indebidamente 1,877.5 miles de pesos, por bienes (software) que no se habían entregado; además, faltó por aplicar la penalización correspondiente por 141.0 miles de pesos.

 

En reunión de confronta, la entidad entregó la documentación comprobatoria relacionada con la aplicación de la penalización, por la entrega extemporánea del software.

 

Capítulo 6000. En dos contratos se comprobó que la entidad efectuó pagos improcedentes de 6,468.5 y 7,263.9 miles de pesos, debido a una incorrecta integración de precios unitarios adicionales.

 

Asimismo, se detectaron pagos en exceso de 1,300.8 miles de pesos por diferencias en volúmenes de obra, y por concepto de intereses por pagos anticipados, se determinó un importe de 1,247.4 miles de pesos.

 

Los resultados de la revisión se presentan en el numeral V.1.1.5.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

V.1.6.      LUZ Y FUERZA DEL CENTRO

 

Auditoría de Desempeño

 

Evaluación del Programa de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica

 

El índice de pérdidas de energía eléctrica en distribución aumentó 1.1 puntos porcentuales durante el periodo de análisis, al pasar de 17.8% en 1998 a 18.9% en 2000, representando en este último año 3,570.5 millones de pesos. Con este resultado se amplió la diferencia respecto del valor logrado por la CFE (10.9%) y empresas internacionales como Houston Lighting and Power (3.2%), Ente Nazionale Per l’Energía Elettrica (6.0%) y Entergy (7.0%).

 

En 2000 las pérdidas técnicas de energía significaron el 9.0% de la energía recibida para su distribución, y la brecha respecto del valor obtenido por la CFE (7.0%) representó 772.7 GWh, equivalentes a 379.2 millones de pesos. Por su parte, las pérdidas no técnicas de energía fueron de 9.8%, 9.3 puntos porcentuales por arriba de las empresas de Estados Unidos de América (0.5%), que significaron 3,603.9 GWh, equivalentes a 1,768.8 millones de pesos.

 

Las inconformidades por cada mil usuarios crecieron 20.4%, al pasar de 6.6 en 1998 a 6.8 en 2000, resultado superior en 38.8% al obtenido por la CFE (4.9 inconformidades). El plazo de conexión de nuevos servicios creció en 18.3%, al pasar de 10 días en 1998 a 14 días en 2000, por lo que aumentó la brecha respecto de la CFE (1.3 días) y empresas internacionales (1.0 días).

 

En opinión de la ASF, LFC atendió con suficiencia la demanda de energía eléctrica de la zona central del país. Por otra parte, el organismo registró un deterioro en la mayoría de sus indicadores de desempeño, lo cual muestra una brecha importante respecto de buenas prácticas operativas a nivel internacional, sobre todo en cuanto al índice de pérdidas de energía en distribución, de las cuales 963.2 millones de pesos se identifican con usos ilícitos.

 

Asimismo, los adeudos por cobranza pasaron de 882.0 a 1,955.8 millones de pesos en el periodo 1998-2000.

 

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral V.1.6.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Cuentas de Balance–Activo, “Pagos Anticipados”

 

 

Se detectaron anticipos otorgados a proveedores por la adquisición de materiales y servicios, de los cuales no se han llevado acciones de cobranza, no obstante que han transcurrido dos años en que se hicieron exigibles los compromisos; asimismo, las fianzas de cumplimiento por 2,275.0 miles de pesos, se encuentran vencidas sin que se hayan presentado las reclamaciones a las afianzadoras, por lo anterior, se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus atribuciones e informe a la ASF de sus resultados.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral V.1.6.4.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Auditoría de Obra Pública e Inversión Física

 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 “Obras Públicas”, Proyecto N000 “Actividad Institucional no Asociada a Proyectos”

 

En un contrato, se constató el pago indebido de 261.2 miles de pesos, ya que la entidad no fundamentó la aprobación del pago por concepto de indirectos; en otro contrato, se cuantificaron incorrectamente volúmenes de obra por 715.1 miles de pesos.

 

Los resultados de la auditoría se presentan en el numeral V.1.6.5.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

V.1.7.       PETRÓLEOS MEXICANOS CORPORATIVO

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Entrega de Recursos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana

 

 

Petróleos Mexicanos entregó recursos al STPRM durante el año 2000 por 2,090,000.0 miles de pesos a través de los Convenios Administrativos Sindicales núms. 9356, 9399 y 9442. Para la firma de estos convenios, el Director General de la entidad contaba con las facultades legales y administrativas establecidas en los artículos 59, fracciones I y XIII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 11, fracciones I y VIII y 13, fracción III de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, por lo que dichos convenios reunieron los requisitos de legalidad respectivos y cuya formalización, por tal motivo, produjo efectos válidos para las partes que los suscribieron.

 

No obstante lo anterior, en el caso del convenio administrativo núm. 9356 por 350,000.0 miles de pesos, los directores corporativos de Finanzas y de Administración no estaban legitimados en el cargo público para firmarlo. Por otra parte, cinco conceptos incluidos en dicho convenio, que significaron un monto de 153,000.0 miles de pesos, no estaban contemplados en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), y por lo tanto, al representar éstos ayudas o pagos extraordinarios, debieron ser autorizados por el Consejo de Administración de PEMEX, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 58, fracción XVI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 72, párrafos primero y segundo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000; 4º, fracción XIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos; y, numeral 164 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal de 2000. Cabe señalar que, en el convenio de referencia, se liquidaron obligaciones correspondientes a los años 1997, 1998 y 1999 que fueron pagadas con cargo al presupuesto 2000, incumpliendo el artículo 42, fracción II del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

 

Por lo que se refiere al convenio administrativo núm. 9399, por el cual se otorgó un préstamo de 640,000.0 miles de pesos, no se cumplieron las condiciones previstas en la cláusula 246, párrafo segundo, del CCT, ya que no se estableció su recuperación a cuenta y deducido de cuotas sindicales.

 

El convenio administrativo núm. 9442 por 1,100,000.0 miles de pesos, se integró, por una parte, de 850,000.0 miles de pesos como indemnización por compromisos adquiridos en los años de 1997, 1998 y 1999 al cual se le aplicó el cobro del préstamo por 640,000.0 miles de pesos que se había otorgado mediante el convenio administrativo 9399, y, por otra, de 250,000.0 miles de pesos como apoyo al STPRM para enfrentar una demanda judicial en su contra.

 

Al respecto, se considera indebido el pago por 850,000.0 miles de pesos, toda vez que el mismo cubrió compromisos que ya se habían finiquitado a través del convenio administrativo núm. 9356, por el que se entregaron 350,000.0 miles de pesos. Cabe señalar adicionalmente, que en este convenio no se desagregaron ni justificaron documentalmente los conceptos que forman el pago del importe citado.

 

Por lo que se refiere al apoyo de 250,000.0 miles de pesos, el concepto que ampara dicha aportación, no se encontraba contemplado en el CCT, por lo que al representar éste una ayuda o pago extraordinario, debió ser aprobado expresamente por el Consejo de Administración y no sólo “tomar nota” como consta en el Acta de Consejo respectiva, en términos de los artículos 58, fracción XVI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 72, párrafos primero y segundo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000; 4º, fracción XIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos; y, numeral 164 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal de 2000.

 

En otras entregas de recursos al STPRM por 15,100.0 miles de pesos, correspondientes a 8 convenios administrativos, no se requisitaron los elementos de legalidad correspondientes, en virtud de que el Subdirector Corporativo de Relaciones Laborales y la Jefe de la Unidad Ejecutiva de Normatividad y Política Laboral carecían de facultades para suscribirlos, de conformidad con las funciones que éstos tienen asignadas en el Manual de Organización de la Subdirección Corporativa de Relaciones Laborales; asimismo, en la totalidad de estos convenios no se estableció que los préstamos se otorgaban a cuenta y deducidos de las cuotas sindicales, incumpliendo la cláusula 246 del CCT 1999-2001.

 

Se otorgaron aportaciones por un total de 49,814.4, 540.0 y 80,000.0 miles de pesos, mediante tres oficios de instrucción de pago, la primera de ellas; al amparo del convenio administrativo núm. 1-9356, la segunda; y mediante el Acuerdo CMRS-CE/002/2000, la tercera de ellas. Es de mencionarse, que los conceptos por los que se otorgaron estas aportaciones no estaban contemplados en el CCT, por lo que, al representar éstas ayudas o pagos extraordinarios, debieron ser autorizadas por el Consejo de Administración, incumpliendo los artículos 58, fracción XVI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 72, párrafos primero y segundo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000; 4º, fracción XIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos; y, numeral 164 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal de 2000.

 

Es importante destacar que, si bien se tenía disponibilidad en los capítulos presupuestales de gasto corriente, también es cierto que, de acuerdo a los documentos de flujo de efectivo respectivos, no se contaba con suficiencia presupuestal en las diversas partidas específicas de Posición Financiera correspondientes, al momento de suscribir todos y cada uno de los convenios antes referidos, incumpliendo con ello los artículos 32, 40, fracción I y 44, fracción II del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 27, párrafo segundo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000.

 

Finalmente, las conclusiones generales antes expuestas, están sustentadas en la aplicación de pruebas y procedimientos de auditoría, los cuales generaron resultados, observaciones y acciones promovidas que fueron citadas de manera detallada en este informe.

 

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral V.1.7.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

V.1.8.       PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Cuentas de Balance–Activo, “Cuentas por Cobrar a Clientes y Otros”

 

Al cierre del ejercicio de 2000, la entidad registró un importe de 51,473.4 miles de pesos de amortizaciones vencidas del Sistema de Financiamiento de Vivienda (SIFIVI) que fueron pagados por la entidad y no han sido cobrados a los trabajadores beneficiarios de los créditos, mismos que incluyen saldos desde 1998.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral V.1.8.3.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Auditorías de Obras Públicas e Inversiones Físicas

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 “Obras Públicas”, Proyectos I008 “Mantenimiento de Infraestructura de Explotación” e I003 “Otros Programas Operacionales de Inversión”, en los Estados de Tabasco y Tamaulipas

 

En el contrato núm. CORS-RE-148/97, se determinaron penas convencionales por el incumplimiento del programa de obra por parte del contratista por 404.4 miles de pesos, así como por el rechazo de 16 válvulas que no cumplieron con la calidad establecida, sin haber recuperado el monto pagado de 1,276.2 miles de pesos. En el contrato núm. CORS-001/98, la contratista entregó la póliza de seguros en forma extemporánea, sin que se hubiesen aplicado las penas convencionales pactadas en el contrato por 235.0 miles de dólares.

 

Los resultados de la revisión se presentan en el numeral V.1.8.4.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Egresos Presupuestales de los Capítulos 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”, Proyecto K046 “Registro PIDIREGAS Cantarell”, y 6000 “Obras Públicas”, Proyectos I008 “Mantenimiento de Infraestructura de Explotación” e I003 “Otros Programas Operacionales de Inversión”, en los Estados de Tabasco, Tamaulipas y Campeche

 

Capítulo 5000. La entidad efectuó pagos anticipados a la prestación de los servicios por 467.1 miles de dólares, respecto de los cuales deberán recuperarse los intereses generados; asimismo, no se aplicaron las penalizaciones por atraso en la prestación de los servicios por 572.0 miles de dólares.

 

Capítulo 6000. Como resultado de la revisión, se detectaron pagos en exceso con importe de 2,288.7 miles de pesos, integrado principalmente por una incorrecta cuantificación de volúmenes de obra.

 

Los resultados de la revisión se presentan en el numeral V.1.8.4.3. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

V.1.9.       PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA

 

 

Auditoría de Obra Pública e Inversión Física

 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 “Obras Públicas”, Proyectos I002 “Programas Operacionales de Obras” y K011 “Plantas Industriales de Gas”, en los Estados de Tabasco y Veracruz

 

En un contrato, la entidad no aplicó a la contratista una sanción por 11,229.7 miles de pesos por el incumplimiento del programa de obra.

 

Los resultados de la revisión se presentan en el numeral V.1.9.4.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

V.1.10.     PEMEX REFINACIÓN

 

 

Auditoría Especial

 

Mexicana de Lubricantes MEXLUB

 

La coinversión que realizó PEMEX-Refinación con la empresa Impulsora Jalisciense, S.A. de C.V., fue una operación que cumplió con la normatividad. La paraestatal obtuvo beneficios derivados de la venta de sus activos tangibles e intangibles que adquirió Industrial de Compuestos Químicos, S.A. de C.V., mediante una oferta económica, cuyo importe ascendió a 508,400.0 miles de pesos, de los cuales PEMEX-Refinación reinvirtió en el capital de MEXLUB 176,204.0 miles de pesos, por lo que el ingreso neto de la venta de sus activos en enero de 1993 fue de 332,196.0 miles de pesos.

 

De 1995 a agosto de 2002, PEMEX-Refinación ha obtenido ingresos por 1,916,830.1 miles de pesos, por la venta de aceites básicos a MEXLUB.

 

De  acuerdo  con   los  resultados  presentados  en el dictamen que emitió el despacho PricewaterhouseCoopers, S.C. al 31 de diciembre de 2000, MEXLUB presenta contingencias por asuntos legales relativos al procedimiento que inició la Comisión Federal de Competencia por presuntas prácticas monopólicas al incluir una cláusula de exclusividad en los contratos de franquicia con las gasolineras; a la demanda mercantil iniciada por Bardahl de México, S.A. de C.V. por supuestos incumplimientos y violaciones al contrato de licencia de uso de marcas, exigiendo el pago de daños y perjuicios por 100,000.0 miles de dólares estadounidenses por el supuesto demérito de la marca “MEXLUB”; a la demanda que inició en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la confirmación de criterio sobre la deducción de las deudas con el sistema financiero de la base del cálculo del impuesto al activo; a la terminación anticipada de los contratos de Licencia de Uso de Marcas y de Maquila de Aceites y Grasas para Consumo de PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, demandada por PEMEX-Refinación, así como por la rescisión del Suministro de Aceites Básicos, por incumplimientos en diversas obligaciones sustanciales adquiridas en esos contratos. Las citadas contingencias podrían influir desfavorablemente en el desempeño financiero de MEXLUB.

 

El poder adquisitivo del capital social invertido por PEMEX-Refinación por un importe de 178,795.6 miles de pesos (valor histórico al 31 de diciembre de 1993), se mantuvo constante en los 9 años de operación de dicha empresa y, al 31 de diciembre de 2000 el valor en libros en la paraestatal fue de 686,937.0 miles de pesos, como efecto de la reexpresión anual.

 

 

Los resultados de la revisión se presentan en el numeral V.1.10.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

Indemnización Otorgada a la Empresa Productos Ecológicos, S. A. de C. V.

 

En el año de 1993 PEMEX-Refinación celebró  con Productos Ecológicos, S.A. de C.V. (PROESA), un contrato de compraventa de Metil Terbutil Éter (MTBE), del cual la entidad no cuenta con documentación del proceso de adjudicación, por lo que no se puede constatar que dicho proceso haya cumplido con los preceptos señalados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Del contenido del contrato se detectaron diversas inobservancias, entre otras: no haberse estipulado la obligación del proveedor de otorgar una garantía de cumplimiento; penalización a cargo de PEMEX-Refinación por la falta de pago; y que, la entidad no obtuvo la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para celebrarlo con carácter de multianual, en incumplimiento de los artículos 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 42, 70, fracción I y 71, fracción II de su Reglamento.

 

En los convenios modificatorios se adecuaron diversas cláusulas del contrato, de lo cual se presume se otorgaron condiciones más ventajosas al proveedor, comparadas con las establecidas originalmente, sobresaliendo la prórroga de más de seis años en la fecha de entrega del producto y el cambio de la jurisdicción a la que se someterían las partes en caso de controversia, además de que fueron formalizados fuera del plazo establecido, todo ello en incumplimiento al artículo 53, de la entonces vigente Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.

 

La Unidad Jurídica sin que conste autorización alguna, celebró un convenio con PROESA (15 de julio de 1997), a través del cual se otorgó una nueva prórroga de 180 días para que presentara los estudios de factibilidad del proyecto, situación de la que se desconocen las razones y/o instrucciones que la motivaron, aunado a que no fue informado al Consejo de Administración.

 

El 31 de agosto de 1999, la entidad comunicó al proveedor la terminación del contrato, derivado de que éste no presentó la fianza de garantía en los términos del convenio modificatorio y fundamentada en la cláusula 15.2, la cual prevé diversas causas para su terminación, sin que especificara cuál de éstas le era aplicable. Es de mencionarse además, que la entidad, en forma extemporánea, llevó a cabo las acciones para solicitar el canje de la fianza con un atraso de diez meses y no dentro del periodo de 30 días, como lo estipulaba la cláusula 14 del convenio. Cabe señalar, que la cláusula 7.3 de dicho convenio indicaba que la fianza debería sustituirse anualmente, es decir que a partir del 18 de septiembre de 1999 PEMEX-Refinación pudo haber requerido las modificaciones correspondientes en lugar de llevar a cabo una reclamación sobre un aviso de renovación de fianza.

 

Derivado de la terminación del contrato, el proveedor PROESA presentó una demanda ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, y aun cuando PEMEX-Refinación contestó la demanda referida, esta entidad desistió del arbitraje e inició un proceso conciliatorio del cual se determinó pagar al proveedor una indemnización de 127.0 millones de dólares más IVA, equivalente a 1,390,293.8 miles de pesos como finiquito, sin existir evidencia documental que justificara y desagregara los conceptos de ese importe.

 

Para la prestación de servicios profesionales de asesoría, consultoría y revisión del contrato celebrado entre PEMEX-Refinación y PROESA, se solicitaron los servicios de un despacho, del que se presume inició sus actividades previamente al procedimiento de contratación.

 

De lo anteriormente expuesto, se observan las siguientes situaciones relevantes en el proceso y acciones desarrolladas:

 

·         No obstante los constantes incumplimientos e inobservancias incurridas por PROESA desde la celebración del contrato en el año de 1993, y la aparente inconveniencia financiera de continuar con el proyecto, no fue sino hasta el 31 de agosto de 1999, cuando PEMEX-Refinación comunicó a dicha empresa la terminación del contrato.

 

·         En los convenios modificatorios que se realizaron al contrato celebrado, se adecuaron diversas cláusulas, entre las que destaca la aceptación del cambio de jurisdicción a una Corte Internacional a la que se someterían las partes en caso de controversia, otorgando con ello algunas ventajas para PROESA, y sin que para tal modificación, hubiesen existido argumentos que la fundamentaran, ni evidencia de que dicho cambio hubiera sido promovido a petición de parte, por PROESA.

 

·         Aun cuando existían opiniones de los abogados de PEMEX-Refinación y de sus asesores jurídicos, en el sentido de que había posibilidades de ganar el juicio por la demanda interpuesta por PROESA, esa entidad inició, en su lugar, un proceso conciliatorio del cual se derivó un pago de indemnización a PROESA por 1,390,293.8 miles de pesos.

 

·         No obstante la indemnización que PEMEX-Refinación pagó a PROESA, esa entidad no recibió, del proceso conciliatorio referido, activo alguno de la planta de MTBE que fue objeto del multicitado contrato.

 

En adición a lo anterior, Petroquímica Pajaritos, S.A. de C.V., no cuenta con los antecedentes que originaron la baja de la planta de MTBE; por otra parte, la Unidad de Racionalización de Activos licitó la planta como inmueble para desmantelar y no como planta completa, en contravención de los puntos 3.2 y 10.12 de las Normas Generales para la Enajenación de Bienes Muebles Improductivos de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

 

El servidor público comisionado para la reestructuración de PEMEX Petroquímica fungía a su vez como integrante del Consejo de Administración y representante legal de PROESA; sin embargo, debido a que la entidad no cuenta con los antecedentes que originaron la baja de la planta, no fue posible determinar su grado de participación en el proceso de enajenación.

 

La entidad no tiene documentos que acrediten los criterios para asignarle a la planta un valor de referencia para efectos de la venta de 9,500.0 miles de pesos, a pesar de que tenía únicamente cuatro años de operación y se le había estimado una vida probable de 30 años en condiciones óptimas.

 

Finalmente, las conclusiones generales antes expuestas están sustentadas en la aplicación de pruebas y procedimientos de auditoría, los cuales generaron resultados, observaciones y acciones promovidas, que fueron citadas de manera detallada en este informe.

 

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral V.1.10.4.4. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Auditoría de Obra Pública e Inversión Física

 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 “Obras Públicas”, Proyectos K009 “Proyecto Cadereyta” y K042 “Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero”, en Ciudad Madero, Tamaulipas

 

En el proyecto “Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero”, se constató que el monto original aprobado de 772.0 millones de dólares se incrementó en 49.1%; en la conclusión del proyecto, se registraron atrasos imputables a la entidad; la rentabilidad del proyecto ha disminuido en 3.2 puntos porcentuales; y se ha retrasado la producción de gasolinas lo que ha provocado su importación.

 

No se cumplirá con el objetivo de procesar 100.0% de crudo Maya, debido a una menor producción, originado esto, por la subutilización de la capacidad instalada de las plantas; no se contó con los servicios de auditoría técnica de manera permanente y se comprobó, que no obstante que el proyecto se autorizó bajo el esquema PIDIREGAS, la entidad constituyó un fideicomiso denominado Master Trust para obtener un financiamiento de largo plazo, con el cual liquidará a la contratista el costo del proyecto, liberándola de sus obligaciones que ésta contrajo al contratar un financiamiento para la reconfiguración de la refinería.

 

Los resultados de la revisión se presentan en el numeral V.1.10.5.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

DEL TOMO VI

 

 

VI.1.        SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

 

Al Sector Comunicaciones y Transportes se le practicaron 31 auditorías, de las cuales correspondieron 18 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dos a la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (API-MAZATLÁN), cuatro a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), una a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), una al Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA), dos a los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), dos al Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), y una a Telecomunicaciones de México (TELECOMM). De este grupo de auditorías los resultados relevantes fueron:

 

 

VI.1.1.     SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

 

 

Auditorías Especiales

 

 

Otorgamiento de Permisos para la Instalación y Operación de 719 Estaciones Nuevas de Radio y Televisión

 

La SCT no se ajustó a la normatividad aplicable, los criterios utilizados para solicitar los requisitos a los interesados en obtener un permiso no son uniformes, y en general su control interno es deficiente.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VI.1.1.3.3. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Expedición de Refrendos de Concesiones Otorgadas a Estaciones de Radiodifusión y de Televisión

 

De la fiscalización practicada a los refrendos otorgados, se constató que de los 56 títulos de concesión revisados, la SCT expidió 52 con retraso de uno a 11 años de vencimiento, y no aplicó las multas a los concesionarios que operaron sin el refrendo correspondiente.

 

En la revisión del otorgamiento de refrendos y títulos de concesión de radio y televisión en el ejercicio fiscal de 2000, la SCT no se ajustó a los procedimientos establecidos y a la normatividad aplicable, y su control interno es deficiente.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VI.1.1.3.4. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Proceso de Concesión del Libramiento Carretero de Tulancingo

 

Con fundamento en la Ley General de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la ASF considera que la concesión del Libramiento Carretero de Tulancingo debió otorgarse bajo el procedimiento administrativo de licitación pública y no como una modificación al título de concesión original.

 

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VI.1.1.3.5. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Auditorías Financieras y de Cumplimiento

 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 “Servicios Generales”

 

No se presentaron las propuestas técnicas de la Licitación Pública 0009010-064-98 por 78,000.0 miles de pesos para la contratación del mantenimiento preventivo y/o correctivo de aeronaves y simuladores de vuelo; adicionalmente, las bases de esa licitación consignan requisitos que limitaron la participación de prestadores de servicios, por lo que se benefició sólo a uno de ellos. Por su parte, no se presentó la justificación y autorización del uso de aeronaves que permitiera confirmar su utilización en asuntos oficiales. Además, se omitió realizar la evaluación del parque aeronáutico para determinar, con base en las funciones de la SCT, si se justifica contar con 22 aeronaves (de seis fabricantes y 14 modelos diferentes), en incumplimiento del artículo Décimo Quinto del Acuerdo que establece el Programa de Austeridad Presupuestaria de la Administración Pública Federal.

 

Por lo expuesto, se formularon dos Solicitudes de Intervención al Órgano Interno de Control.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VI.1.1.4.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Programa de Empleo Temporal, Centro SCT Michoacán

 

De los recursos reasignados por la SCT al Programa de Empleo Temporal (PET) transferidos al estado durante 2000, se determinó que las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) correspondientes al pago de lista de raya del personal eventual de apoyo al PET, carecen de documentación comprobatoria; igualmente,  las CLC con cargo a la partida 1319 “Remuneraciones por Horas Extraordinarias”; y, se registraron gastos por conceptos que no corresponden al PET.

 

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VI.1.1.4.3. del tomo sectorial correspondiente.

 

Programa de Empleo Temporal, Centro SCT Oaxaca

 

De los recursos reasignados por la SCT al Programa de Empleo Temporal (Carreteras Alimentadoras) transferidos al estado durante 2000, se constató que 15.3 miles de pesos fueron cubiertos a personal que no pertenecía a la plantilla eventual autorizada, y que se autorizó indebidamente el pago de tiempo extraordinario por 345.5 miles de pesos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VI.1.1.4.4. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Programa de Empleo Temporal, Centro SCT Nayarit

 

Se detectaron 25 nombres de trabajadores repetidos en la lista de la primera quincena de abril y noviembre del 2000 por 16.3 miles de pesos; en las liquidaciones de 16 caminos se detectaron 309 beneficiarios con el mismo nombre y diferentes firmas por 146.1 miles de pesos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VI.1.1.4.7. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Auditorías de Obras Públicas e Inversiones Físicas

 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 “Obras Públicas”, Proyecto para Desarrollar y Construir Infraestructura Básica, de la Carretera Uruapan-Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, en el Estado de Michoacán

 

En algunos tramos la dependencia no liberó oportunamente el derecho de vía para la ejecución de la obra, y en los expedientes revisados de tenencia de la tierra, la documentación contenida en ellos es insuficiente para justificar las erogaciones realizadas; asimismo, se constató, que la ejecución de las medidas de mitigación y condicionantes establecidas sobre los efectos del medio ambiente, fueron mínimas y en algunos casos prácticamente se limitaron a la presentación de informes de actividades a la SEMARNAP y PROFEPA.

 

Se determinaron pagos en exceso por 80,682.6 miles de pesos, debido a: errores aritméticos y diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los ejecutados; precios unitarios extraordinarios mayores que los autorizados; y al incumplimiento de los alcances de los precios unitarios.

 

Asimismo, la dependencia tiene pendiente de concluir la revisión y resolver sobre los pagos provisionales por 187,173.0 miles de pesos, que efectuó por reconsideración de bajos rendimientos, por el costo indirecto no amortizado por baja productividad, cambio de procedimiento constructivo en cortes y la construcción de una caseta para el cobro de peaje.

 

Los resultados de la revisión se presentan en el numeral VI.1.1.5.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 “Obras Públicas”, Proyectos para Conservar y Mantener la Infraestructura Básica, de las Carreteras Ciudad Obregón-Hermosillo, Hermosillo-Nogales, Ciudad Valles-Tampico, Tuxpan-Tampico y Coatzacoalcos-Salina Cruz, en los Estados de Sonora y Veracruz

 

Se detectaron pagos en exceso por un monto de 1,322.1 miles de pesos, debido a diferencias entre los volúmenes de obra estimados y los ejecutados; 7,963.5 miles de pesos, debido a que en tres contratos rescindidos no se amortizó la totalidad de los anticipos otorgados a las contratistas; y 2,281.6 miles de pesos, debido a que se determinaron sobrecostos de los trabajos no ejecutados derivados de la rescisión de dos contratos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VI.1.1.5.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 “Obras Públicas”, Proyectos para Conservar y Mantener la Infraestructura Básica de las Carreteras Zihuatanejo-Playa Azul, Chilpancingo-Acapulco y Cuernavaca-Chilpancingo, en el Estado de Guerrero, Límite de los Estados de Michoacán y Jalisco-Santa Ana Acatlán y Lagos de Moreno-Guadalajara, en el Estado de Jalisco, y Ciudad Valles-San Luis Potosí, Ciudad Valles-Tampico, Pachuca-Ciudad Valles, San Luis Potosí-Zacatecas y Querétaro-San Luis Potosí, en el Estado de San Luis Potosí

 

Se constató que, en nueve contratos, no se cumplieron los alcances necesarios en la fase de cuantificación de volúmenes de obra; en cuanto a las actas de entrega-recepción, cuatro de ellas se levantaron en forma extemporánea, y en dos más, las contratistas entregaron extemporáneamente las fianzas de vicios ocultos.

 

Se detectaron pagos en exceso por 823.2 miles de pesos, debido a que en cuatro contratos se aplicaron factores diferentes de los que correspondían a los periodos en que se realizaron los trabajos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VI.1.1.5.3. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 “Obras Públicas”, Proyectos para Desarrollar y Construir Infraestructura Básica, de las Carreteras Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas, en el Estado de Chiapas y Libramiento Altamira y Zaragoza-Ciudad Victoria, en el Estado de Tamaulipas

 

Se determinó que se realizaron pagos en exceso por 3,628.7 miles de pesos, monto que se generó por diferencias entre los volúmenes pagados y los ejecutados.

 

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VI.1.1.5.4. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

VI.1.2.     ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

Cuentas de Resultados, “Ingresos por Servicios”

 

17 empresas ocupan una superficie de 54.2 miles de m2 en el recinto fiscal, sin contar con el contrato de cesión parcial de derechos, por lo cual la API-Mazatlán dejó de percibir ingresos de agosto de 1994 a mayo de 2002 por 31,106.8 miles de pesos y la SCT ha omitido sancionar a cada una de dichas empresas, con 100,000 salarios mínimos, cuyo importe total asciende a 71,655.0 miles de pesos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VI.1.2.3.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

VI.1.3.     CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

 

Auditoría de Desempeño

 

Evaluación del Programa de Operación de Carreteras de Altas Especificaciones

 

Se determinó que en cuanto a la seguridad, el número de accidentes registrado en la red propia de CAPUFE se incrementó en 6.5% promedio anual, al pasar de 4,135 accidentes en 1998 a 4,692 en 2000.

 

En cuanto a la rapidez, al aumentar el grado de saturación de las principales carreteras de la red propia por el mayor aforo vehicular registrado, se incrementó el tiempo real de recorrido en 30 minutos respecto del tiempo de recorrido considerado en el proyecto original.

 

Por cuanto hace a la economía, los sobrecostos de operación vehicular crecieron en el periodo 1999-2000 en 13.9% al pasar de 1,496.6 millones de pesos en 1999 a 1,704.6 millones de pesos en 2000, lo que significó que cada usuario que transitó por las carreteras de peaje tuvo que erogar un costo adicional de 28 y 30 centavos por kilómetro recorrido para cada uno de los años de referencia por el mayor consumo de combustibles, lubricantes, llantas y refacciones, debido a las condiciones físicas en que se encontraba la red.

 

Los trabajos de reconstrucción presentaron un rezago en el periodo 1998-2000 de 504.6 km que representaron el 41.1% de la longitud total de las carreteras de la red propia de CAPUFE. Dicha situación afecta principalmente la estructura de los pavimentos que constituye el elemento fundamental de esas carreteras.

 

En el periodo de análisis el valor económico de las carreteras de la red propia de CAPUFE decreció en 37.0%, en términos reales, y, en consecuencia, al término del ejercicio fiscal del 2000 el valor de esa red se depreció en 12.9%, es decir 1,809.2 millones de pesos; por lo que para recuperar las condiciones del estado físico bueno de las carreteras de la red propia de CAPUFE se requerirían 12 años a partir del 2000 y un costo total de 13,226.4 millones de pesos.

 

En opinión de la ASF, el organismo registró un bajo desempeño operativo debido a los reducidos niveles de inversión canalizados al mantenimiento de la infraestructura carretera y a la atención de los puntos conflictivos, generándose un incremento en el número de accidentes y en el deterioro del estado físico de la red, problemática que contribuyó al incremento en el costo de operación vehicular y a la pérdida del valor económico de las carreteras de la red propia del organismo.

 

De la auditoría practicada a CAPUFE se emitieron 10 recomendaciones al desempeño orientadas fundamentalmente a mejorar la seguridad, economía y rapidez del servicio, así como la calidad del estado físico de las carreteras a su cargo, alcanzar la eficacia y eficiencia operativa, y canalizar los recursos necesarios para prolongar la vida útil del patrimonio vial.

 

Con base en esta auditoría y la practicada a la red federal libre  de  peaje,  a cargo  de la SCT (Informe de Resultados-CHPF 1999), se observó que en ambos casos se presenta una problemática común: la falta de un mantenimiento adecuado a la infraestructura carretera por la insuficiencia de recursos, lo que ha originado un deterioro del estado físico de los caminos, ocasionando pérdidas del valor económico del patrimonio vial y un mayor sobrecosto de operación a los usuarios que transitan por esas redes.

 

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VI.1.3.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Auditorías de Obras Públicas e Inversiones Físicas

 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 “Obras Públicas”, Proyectos Construcción de Puentes y Reconstrucción de Carreteras, Puente Grijalva I y Autopista Tijuana-Ensenada, en los Estados de Tabasco y Baja California

 

Se comprobó que en un contrato, CAPUFE autorizó reducciones presupuestarias y revalidaciones de recursos, celebró convenios de diferimiento y de ampliación del plazo, autorizó prórrogas del plazo pactado sin contar con la documentación que acreditara y justificara las causas que las originaron ni tampoco con la que sustentara el número de días en que se incrementó el periodo de ejecución; en otro contrato, la entidad indebidamente lo adjudicó en forma directa, ya que por su importe éste debió licitarse.

 

 

En dos contratos, CAPUFE efectuó pagos en exceso por 872.6 miles de pesos, debido a diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los ejecutados; adicionalmente, en uno de ellos, se pagaron indebidamente 332.3 miles de pesos, en virtud de que en la integración de los precios unitarios se consideraron incorrectamente los fletes, no obstante que en las bases de concurso se indicó que los materiales debían ser puestos en obra.

 

 

Los resultados de la revisión se presentan en el numeral VI.1.3.5.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 “Obras Públicas”, Proyectos Modernización y Ampliación de Carreteras y Reconstrucción de Carreteras, Distribuidor Vial Carmen Serdán y Puente ”El Emperador”, ambos de la Autopista México-Puebla, Autopistas México-Querétaro y Puebla-Acatzingo, en los Estados de Querétaro y Puebla, respectivamente, Autopistas Ciudad Mendoza-Córdoba y Nuevo Teapa-Cosoleacaque, ambas en el Estado de Veracruz, Autopista Querétaro-Irapuato, en el Estado de Guanajuato y Plaza de Peaje “El Hongo” de la Autopista Tecate-Mexicali, en el Estado de Baja California

 

CAPUFE no contó con los estudios previos ni con los proyectos ejecutivos necesarios para ejecutar los trabajos respectivos; por su parte, las empresas supervisoras no cumplieron las funciones a su cargo y no se ha rescindido o terminado anticipadamente un contrato, a pesar de que la obra se encuentra suspendida desde hace 2 años aproximadamente.

 

En relación al costo de obra, en un contrato CAPUFE efectuó pagos en exceso por 2,787.3 miles de pesos, debido a que difirieron los volúmenes pagados y los ejecutados; en otro contrato, se omitió aplicar sanciones de 2,834.2 miles de pesos, por el incumplimiento del programa de obra autorizado; y en otro contrato, quedó un remanente de 1,124.0 miles de pesos de saldo de anticipos no amortizados.

 

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VI.1.3.5.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

VI.1.8.     TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

 

 

Auditoría de Desempeño

 

 

Evaluación del Programa de Prestación de Servicios Telegráficos

 

TELECOMM, en el periodo 1998-2000, registró un bajo desempeño operativo por la disminución de la demanda de los principales servicios telegráficos, debido a la utilización de otros medios de comunicación como el teléfono y el correo electrónico; proporcionó servicios que no le fueron redituables como los pagos del PROGRESA. Asimismo, en el año 2000 el servicio de envío de telegramas operó con un déficit de 28.90 pesos por operación y de 29.10 pesos en el caso del giro telegráfico nacional.

 

En relación con la cobertura, el organismo no contó con oficinas para atender directamente al 57.9% de la población rural y al 80.1% de la urbana, es decir, 14.2 millones de habitantes en el primer caso y 57.3 millones en el segundo.

 

El servicio de pagos del PROGRESA originó un déficit acumulado de 704.5 millones de pesos. De no haberse realizado estas operaciones, el déficit de operación del organismo hubiera disminuido a 385.1 millones de pesos en 1998, y a 56.8 millones de pesos en 1999, y para el 2000 hubiera alcanzado un superávit de 49.6 millones de pesos y no un déficit de 265.0 millones de pesos.

 

En el mercado de “Dinero en Minutos” la participación de TELECOMM fue del 5.4%, es decir, de un volumen total de 14.7 millones de operaciones manejó 0.8 millones, y en cuanto a la cantidad de dinero, participó con el 5.3%, o sea, de un total de 39,838.4 millones de pesos transferidos, el organismo operó 2,127.3 millones de pesos, lo cual lo ubicó en el sexto lugar de las siete principales empresas que operan el 88.4% de ese mercado.

 

En el periodo 1995-2000 el número de operaciones de telegramas nacional e internacional y giro telegráfico internacional disminuyeron en promedio anual 7.4%, 8.0% y 42.3%, respectivamente, por lo cual la ASF estimó que el primer servicio ya no sería demandado en 13 años, el segundo en 12 y el tercero en 3, a partir del año 2000.

 

El organismo no incrementó su cobertura a la población rural del país, operó con exceso de personal operativo, y ocupó el penúltimo lugar entre las principales empresas que operan en el mercado de “Dinero en Minutos” en el país. Lo anterior refleja que el organismo debe redefinir su plan comercial de servicios, así como su propósito institucional dentro de un contexto de rectoría del Estado.

 

Como resultado de la auditoría practicada se emitieron 12 recomendaciones al desempeño, las cuales se orientan fundamentalmente a mejorar los resultados operativos del organismo, sanear su situación financiera, revalorar la rentabilidad económica de los servicios que proporciona, ampliar su cobertura de servicios y lograr una mayor competitividad.

 

Con base en esta auditoría y la practicada a SEPOMEX (Informe de Resultados-CHPF 1999), se evidenció que ambos organismos presentan una problemática similar y falta de actualización o precisión del marco legal que regula sus operaciones.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VI.1.8.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

VI.2.        SECTOR COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

 

Al Sector Comercio y Fomento Industrial se le practicaron cinco auditorías de las cuales una correspondió a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), una al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y tres a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Los resultados relevantes son:

 

 

VI.2.3.     PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

 

 

Auditoría de Desempeño

 

 

Evaluación del Programa de Protección y Asistencia a los Consumidores

 

Durante el periodo 1998-2000 la PROFECO concluyó la atención de 618,468 quejas respecto de las 530,549 recibidas, debido a que existieron 87,919 asuntos en proceso entre un año y otro, así como rezagos de años anteriores, que representaron el 16.6% del total recibido durante los tres años. El organismo no pudo precisar cuál fue el rezago anual ni el volumen total acumulado al 2000, debido a las deficiencias de sus sistemas de control interno.

 

De las 618,468 quejas concluidas, la PROFECO logró resolver a través de los procedimientos de conciliación 91,646 quejas, es decir el 44.5% del total de las reclamaciones, lo que significó que por cada 10 quejas ingresadas, únicamente 4 fueron solucionadas por su acción conciliatoria.

 

En cuanto a la oportunidad de los trámites, en el proceso de conciliación personal, de 109 expedientes revisados, 24 estuvieron fuera del plazo legal, significando el 22.0%, y en las resoluciones administrativas, de los 86 casos revisados, 71 estuvieron fuera del plazo, representando el 82.6%.

 

La PROFECO en 1999 y 2000 logró un índice de eficiencia en la recuperación de montos a favor del consumidor de 81.2% y 95.3%, respectivamente. El costo por queja concluida se incrementó de 632.8 pesos en 1999 a 760.0 pesos en 2000, significando un incremento de 127 pesos (20.0%).

 

Como resultado de esta revisión, la ASF estableció 11 recomendaciones al desempeño, enfocadas principalmente a mejorar la eficiencia operativa del organismo, lo que permitirá abatir los rezagos y fortalecer su acción conciliatoria, así como reforzar sus sistemas de registro y control interno que le permitan corregir las deficiencias e inconsistencias de los datos presentados.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VI.2.3.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

VI.3.        SECTOR TURISMO

 

Se practicaron dos auditorías a la Secretaría de Turismo, con los resultados relevantes siguientes:

 

 

VI.3.1.     SECRETARÍA DE TURISMO

 

 

Auditoría de Desempeño

 

 

Evaluación del Programa de Seguridad, Información y Auxilio Turístico

 

En el periodo de análisis, todos los servicios de asistencia y auxilio turístico en carreteras prestados por la Corporación Ángeles Verdes tuvieron un comportamiento decreciente, destacando los servicios proporcionados a turistas que disminuyeron en 9.8% en promedio anual, al pasar de 324,945 servicios en 1998 a 264,307 en 2000.

 

De los 28.1 millones de kilómetros anuales que debió de patrullar la corporación, en el año 2000 se recorrieron 19.1 millones de kilómetros, representando el 68.0% del compromiso. El déficit de recorrido se incrementó a una tasa de 35.6%, al pasar de 4.8 millones de kilómetros en 1998 a casi 9 millones en 2000.

 

Los resultados de los servicios de orientación e información turística prestados en los módulos de INFOTUR, decrecieron en 100,341 servicios, al pasar de 259,610 en 1998 a 159,269 en 2000.

 

Con relación a la asistencia proporcionada a connacionales a través del Programa Paisano se observó que disminuyó a una tasa promedio anual de 11.3%, al pasar de 2.2 millones de connacionales en 1998 a 1.8 millones en 2000.

 

Como resultado de lo anterior, se establecieron 13 recomendaciones al desempeño enfocadas principalmente a mejorar el sistema de indicadores y la eficiencia operativa de la dependencia, así como a fortalecer sus procesos de planeación y programación de actividades, con el fin de obtener mejores resultados en los servicios que se proporcionan a los turistas nacionales y extranjeros.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VI.3.1.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Egresos Presupuestales de los Capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”

 

En la Coordinación Administrativa de la unidad 100 “Oficinas del C. Secretario” se ejercieron recursos por 4,112.8 miles de pesos en la partida 3801, cuya comprobación corresponde, en algunos casos, a facturación presumiblemente apócrifa; asimismo, algunos gastos por concepto de eventos internacionales carecen de documentación comprobatoria y otros se utilizaron para un fin distinto a la naturaleza del presupuesto autorizado. Por lo expuesto se emitió el dictamen técnico respectivo, procediendo la Dirección General Jurídica de esta ASF a presentar la Denuncia de Hechos ante la Agencia del Ministerio Público Federal correspondiente, la que quedó registrada con la Averiguación Previa 481/RO/2001. Cabe mencionar que, de estos actos se desprende una responsabilidad atribuible a ex servidores públicos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VI.3.1.4.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

DEL TOMO VII

 

 

VII.1.       SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA

 

Al Sector Educación Pública se le practicaron 14 auditorías, de las cuales correspondieron tres a la Secretaría de Educación Pública (SEP), una al Colegio de Bachilleres, dos a la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), una a la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), tres al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), una al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), una a El Colegio de México, A.C. (COLMEX), una al Fondo de Cultura Económica, y una al Instituto Politécnico Nacional (IPN). Los resultados relevantes de este grupo de auditorías son:

 

 

VII.1.1.    SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios y Transferencias”

 

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales descalificó injustificadamente a un licitante que cotizó la partida ITTRON004 “Laboratorios de Circuitos Impresos”, ocasionando que la operación se adjudicara a otro participante con un diferencial en precio de 1,923.5 miles de pesos. Además, se localizaron 37 equipos nuevos sin utilizar y empaquetados por 16,431.6 miles de pesos, debido a que la dependencia no cumplió con los requerimientos de la infraestructura necesaria para su instalación y puesta en marcha, lo que denota  una falta de planeación en materia de adquisiciones. El hecho de que los bienes estuvieran todavía empaquetados, impidió comprobar si ellos cuentan con las especificaciones requeridas, toda vez que el desempacar dichos bienes por  personal diferente al proveedor, habría afectado la garantía correspondiente. Por su parte, se adquirieron 29 equipos por un importe de 37,646.1 miles de pesos, sin contar con los oficios de autorización de inversión que expide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

 

La SEP reincidió en irregularidades detectadas en ejercicios anteriores  en las fases del  proceso de planeación, adjudicación, recepción y pago de los bienes, por lo que se solicitó la intervención  de las autoridades superiores de la SEP, con el fin de que se redefinieran los procedimientos en uso para el programa de equipamiento.

 

Por lo expuesto, se formularon once Solicitudes de Intervención del Órgano Interno de Control y se encuentra en proceso el dictamen técnico para promover las acciones legales que correspondan por el diferencial en precio de la adquisición licitada antes referida.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VII.1.1.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

VII.1.4.    COMISIÓN NACIONAL DEL DEPORTE

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 4000 “Ayudas, Subsidios y Transferencias”

 

Falta de comprobación y destino que se dio a 10,827.5 miles de pesos de parte de las Federaciones Mexicanas de Natación, Ciclismo, Atletismo, Deportes Sobre Silla de Ruedas, Deportistas Especiales, A.C., y del Instituto del Deporte de los Trabajadores, A.C., con recursos transferidos por la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), la Confederación Deportiva Mexicana, el Comité Olímpico Mexicano y el Fideicomiso Fondo Nacional del Deporte.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VII.1.4.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

VII.1.5.    CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO

 

 

Auditoría de Desempeño

 

 

Evaluación del Programa para Abatir el Rezago en la Educación Básica (PAREB)

 

Respecto de los apoyos que otorgó este programa en 14 de las entidades federativas más rezagadas, con el propósito de disminuir las disparidades educativas regionales y propiciar la equidad en la prestación de este servicio, con la auditoría se verificó que en los ciclos escolares del periodo 1999-2000 de los 2,246,301 alumnos que, en promedio, fueron beneficiados con útiles escolares, el 70.0% (1,572,410 educandos) los recibió entre septiembre y noviembre, y el 30.0% (673,891 estudiantes) restante, en diciembre, casi 4 meses después de iniciados los cursos, debido a que los procesos de licitación iniciaron en los meses de marzo y abril, lo cual incidió en la entrega extemporánea de los materiales didácticos en los almacenes y en la distribución a las escuelas beneficiarias.

 

En cuanto a los incentivos a docentes para fomentar su permanencia en las comunidades, en el ciclo escolar 2000-2001 se apoyó a 9,475 profesores, 38.3% menos que los beneficiados en el ciclo 1998-1999. La disminución en la cobertura obedeció a que los docentes optaron por emplearse en otras actividades, lo cual muestra que los estímulos fueron insuficientes para arraigar a los profesores en las comunidades a las que fueron asignados.

 

Respecto a los indicadores educativos, en el ciclo lectivo 2000-2001, el índice de eficiencia terminal se ubicó en 81.0%, 3.8 puntos porcentuales por arriba del registrado en el ciclo 1998-1999, como resultado de la disminución de los índices de deserción y reprobación escolares. Con relación al promedio nacional, dicho indicador fue inferior en 3.1 puntos porcentuales.

 

Por su parte, el índice de reprobación disminuyó de 10.8% en el ciclo escolar 1998-1999 a 10.1% en el ciclo 2000-2001, debido al mejoramiento de las prácticas escolares y a la participación de los profesores en actividades extraclase. Este indicador superó al promedio nacional en 4.0 puntos porcentuales.

 

El índice de deserción escolar se situó en 3.6%, 0.4 puntos porcentuales por debajo del correspondiente al ciclo 1998-1999. En la disminución influyó, principalmente, la entrega de útiles escolares a alumnos y la mayor participación de los padres de familia en la educación de sus hijos. Respecto de la media nacional, el indicador fue mayor en 1.5 puntos porcentuales.

 

La carencia de metas de mediano plazo para el PAREB impidió evaluar en qué medida las acciones del programa coadyuvaron a cumplir los objetivos de reducir el rezago educativo y disminuir las disparidades en la prestación del servicio.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VII.1.5.3.1. del tomo sectorial corres-pondiente.

 

 

UNIVERSIDADES

 

El programa de Revisión de la Cuenta Pública 2000, consideró la realización de 3 auditorías a instituciones públicas de educación superior. Se fiscalizó el ejercicio de gasto de las transferencias de recursos fiscales asignados a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Universidad Veracruzana.

 

Las auditorías practicadas a las universidades fueron realizadas conforme a las Normas Generales para la Fiscalización Superior, y a través de  pruebas selectivas a diversos renglones del gasto, a fin de comprobar que el ejercicio de los recursos fiscales se efectuó de acuerdo con la normatividad que le es aplicable a cada institución educativa, y en cumplimiento a los acuerdos específicos con la Federación, sobre la ejecución de diversos fondos y asignaciones.

 

Durante el proceso de revisión se constató que las universidades, conforme a las opiniones de los auditores externos en sus dictámenes a los Estados Financieros, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes los ingresos, gastos e inversiones por el ejercicio 2000, de conformidad con los principios de contabilidad adoptados por esas instituciones; además, han instrumentado las acciones necesarias para reforzar los controles y mejorar los sistemas administrativos para el ejercicio del gasto, incluyendo los aspectos presupuestarios.

 

En la ejecución de los trabajos de revisión se obtuvo todo el apoyo y colaboración de las autoridades universitarias; quienes proporcionaron oportunamente la información que les fue solicitada y otorgaron toda clase de facilidades para realizar la fiscalización de los recursos transferidos, lo que permitió un mayor alcance en las auditorías.

 

Sobre las auditorías realizadas se determinaron fallas en cuanto a la observancia de la normatividad en materia de adquisiciones, contratación de servicios y obra pública; derivadas en algunos casos de los conflictos internos a los que se ven sometidas las instituciones de educación superior. En el transcurso de las auditorías fueron solventadas la mayoría de ellas mediante la aplicación de medidas correctivas y preventivas para evitar la recurrencia y mejorar los procedimientos y controles internos.

 

Las universidades auditadas mostraron su interés en que se construya un acuerdo con todas ellas, enmarcado en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que preserve el equilibrio entre autonomía y rendición de cuentas y se adapte a sus características específicas. La actitud positiva y de apertura para la práctica de las auditorías por parte de las universidades, facilitó el desarrollo de las revisiones.

 

Los resultados de estas revisiones se presentan en los numerales VII.2.1.3.1., VII.3.1.3.1. y VII.4.1.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

VII.2.1.    UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

 

 

Auditoría Especial

 

 

Fondo para Modernizar la Educación Superior

 

Evaluación del Fondo para Modernizar la Educación Superior  en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

 

La adquisición de algunos activos con recursos de dicho fondo, por 2,558.2 miles de pesos, se efectuó mediante el procedimiento de invitación restringida, en lugar de licitación pública.

 

Debido a la importancia que tiene el Fondo para Modernizar la Educación Superior en las Instituciones de Educación Superior del país se considera necesario el desarrollo de mejores prácticas gubernamentales en su operación, por lo que en nuestra opinión la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo conforme a sus atribuciones y frente a los objetivos sociales que cumple, debe observar los compromisos adquiridos mediante el Convenio de Colaboración y Apoyo, al amparo del FOMES, por lo que se exhortó a las autoridades de esa casa de estudios al desarrollo e implantación de controles efectivos que transparenten la aplicación de recursos, de modo que se puedan obtener mejores resultados en el cumplimiento del fin último de la institución.

 

 

VII.3.1.    UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

 

 

Auditoría Especial

 

 

Transferencia de Recursos Fiscales a la  Universidad Nacional Autónoma de México

 

En la fiscalización de las transferencias de los recursos fiscales que recibió la Universidad Nacional Autónoma de México en el ejercicio 2000, se constató que la institución efectuó los registros presupuestarios y contables conforme a su normatividad interna.

 

En cuanto a los controles internos se determinaron algunas inconsistencias en la observancia de la normatividad aplicable en materia de adquisición de materiales y suministros, y de bienes muebles; así como en la contratación de obras y servicios, específicamente en las condiciones contractuales establecidas en los pedidos y contratos.

 

En el transcurso de la auditoría, la UNAM tuvo una recuperación por un total de 208.9 miles de pesos por concepto de aplicación de sanciones por incumplimiento en pedidos y contratos de adquisiciones.

 

En materia de obra pública se detectaron algunas omisiones en las fechas de inicio y término de los contratos, convenios modificatorios que no se apegaron a la normatividad aplicable, realización de obra sin soporte contractual, la no aplicación de penas convencionales e incumplimientos contractuales.

 

Algunas de las fallas e incumplimientos tuvieron su origen en el conflicto estudiantil que alteró la buena marcha de las actividades académicas y administrativas.

 

Por lo que respecta a los controles internos, cabe hacer hincapié en la preocupación de las autoridades universitarias por mejorar los mecanismos de control y establecer normas equivalentes a las de la Administración Pública Federal.

 

La gran mayoría de las observaciones fueron atendidas en el curso de la revisión, estando en proceso de atención sólo 13 observaciones.

 

En virtud de que los recursos que se asignan a las instituciones de educación superior deben ser aplicados con eficiencia, economía y transparencia para la realización de los grandes objetivos sociales que las leyes y normas les determinan, la Universidad Nacional Autónoma de México está empeñada en adecuar su actuación en materia de administración de recursos conforme a las normas internas aplicables y mediante un manejo transparente de los mismos.

 

 

VII.4.1.    UNIVERSIDAD VERACRUZANA

 

 

Auditoría Especial

 

 

Transferencias de Recursos Fiscales a la Universidad Veracruzana

 

Conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración suscrito el 27 de marzo de 2001, entre la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz se realizó, de manera coordinada entre ambas instancias, una auditoría a la Universidad Veracruzana sobre la Cuenta Pública 1999, cuyos resultados se presentaron a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1999. Los resultados de esta revisión fueron los siguientes: se hicieron 17 recomendaciones dirigidas a mejorar los controles internos y a la observancia de las normas aplicables en materia de obra pública. La universidad ha tomado las medidas necesarias para atender las recomendaciones hechas y a la fecha del informe quedaban pendientes 4 recomendaciones y una aclaración.

 

Esta revisión se continuó en la Cuenta Pública 2000 en las áreas financieras, presupuestales y de obra pública. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz  participó en lo relativo a las operaciones financieras y de nómina. El resto de la revisión fue realizado por la Auditoría Superior de la Federación.

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

 

No se obtuvo evidencia que permitiera confirmar que el Gobierno del Estado hubiera entregado conforme a los Convenios de Apoyo Financiero celebrados entre la Federación, el Estado y la Universidad Veracruzana, recursos por 10,962.4 miles de pesos.

 

En materia de obra pública y en relación con la construcción de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información Campus Mocambo, Boca del Río Veracruz, se observaron incumplimientos de la normatividad aplicable y la recuperación de resarcimientos por un total de 182.9 miles de pesos, por concepto de pagos en exceso, por no cumplir con las especificaciones señaladas en el proyecto; por la aplicación de pena convencional; y por deductivas de obra.

 

 

DEL TOMO VIII

 

VIII.1.     SECTOR SALUD

 

 

Al Sector Salud se le practicaron nueve auditorías de las cuales correspondieron cuatro a la Secretaría de Salud (SS), dos al Hospital General de México (HGM), una al Instituto Nacional de Cardiología “Dr. Ignacio Chavez” (INCICH), una al Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y una al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Los resultados relevantes de este grupo de auditorías fueron:

 

 

VIII.1.1.   SECRETARÍA DE SALUD

 

 

Auditorías de Desempeño

 

 

Evaluación del Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) en su Componente Salud

 

Los resultados de la auditoría practicada al componente de salud del PROGRESA revela que, las acciones realizadas permitieron en 2000 proporcionar atención médica básica a 2.4 millones de familias en extrema pobreza, las cuales sin el apoyo del programa no hubieran tenido acceso regular a dichos servicios.

 

Las instituciones responsables del PROGRESA no dispusieron de indicadores para evaluar su impacto en las condiciones de salud de los beneficiarios del programa, particularmente de los menores de hasta 4 años de edad y de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

 

En 2000,  los servicios estatales de salud y el IMSS proporcionaron a los niños menores de 2 años y a los de 2 a 4 con desnutrición, 4 y 5 consultas menos de las 12 establecidas en el protocolo de frecuencia de atención, respectivamente. En ese año, la entrega de los suplementos alimenticios a los menores de 2 años de edad en control médico, representó el 77.2%, ya que de los 406,209 beneficiarios del programa, se les dejó de proporcionar el suplemento alimenticio a 92,649 niños.

 

En el periodo 1998-2000 el PROGRESA alcanzó promedios de 0.46 médicos y 0.53 enfermeras por mil habitantes, superiores al parámetro establecido por la SS que indica 0.33 para ambas profesiones.

 

La SS y el IMSS requieren mejorar su desempeño en cuanto a la frecuencia y calidad de atención proporcionada, y a la oportunidad y suficiencia con que se deben entregar los suplementos alimenticios a los beneficiarios del programa.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VIII.1.1.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Evaluación del Programa de Vacunación Universal

 

En 2000, de los 10.6 millones de niños menores de 5 años de edad (XII Censo General de Población y Vivienda) sólo el 89.3% (9.4 millones de niños) estaba incorporado en el Censo Nominal de Vacunación.

 

Los resultados de la auditoría que se practicó al PVU revelan que las acciones que realizaron las instituciones de salud durante el periodo 1998-2000 permitieron aumentar la cobertura de vacunación (de 96.3 a 97.0%), mantener erradicada la poliomielitis y eliminada la difteria y el tétanos neonatal en la población infantil del país, y mejorar la eficiencia con que se ejercieron los recursos financieros que el Ejecutivo Federal destinó a la aplicación de las vacunas del esquema básico. En ese periodo, dichas instituciones tuvieron limitaciones en el registro de los infantes en el Censo Nominal de Vacunación (sólo el 89.3% fue incorporado), no lograron la eliminación del sarampión ni el control de la tosferina, la tuberculosis meníngea, la rubéola, la parotiditis y la hepatitis tipo B; y  no cuentan en su programación de mediano plazo con un indicador de cobertura que corresponda con el carácter de universalidad de las acciones, ni tampoco con un instrumento integral de operación y control que permita conocer el costo total del programa.

 

La ASF estimó que en el año 2000 las instituciones de salud habrían erogado 233.8 millones de pesos en la aplicación de 46.1 millones de dosis, monto inferior en 9.5% al ejercido en 1998, porque con el uso de vacunas múltiples como la pentavalente y triple viral se logró abatir el costo de la inmunización.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VIII.1.1.3.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 1000 “Servicios Personales”

 

La Dirección General de Recursos Humanos ministró 546,114.2 miles de pesos para la formación de recursos humanos para la salud, en los distintos servicios de salud estatal. Al respecto, esta unidad administrativa carece de lineamientos para verificar y certificar que dichos recursos fueron utilizados para tal fin, por lo que únicamente se tienen las órdenes de pago, mediante las cuales se radicaron los recursos mencionados en la cuenta 04004893798 del Banco Bital, S. A.

 

En la cuenta referida (destinada exclusivamente para el programa de formación de recursos humanos), se radicaron 117,179.9 miles de pesos para cubrir otro tipo de gastos, tales como “Honorarios”; “Estímulos”; “Encuestas Nacionales de Salud”; “Reintegros a TESOFE”; “Apoyos al Sindicato”; “Transferencias a Órganos Desconcentrados”; y “Radicaciones a Servidores Públicos”. Al respecto, la unidad administrativa no justificó la aplicación de estos recursos en fines distintos a los autorizados.

 

Por lo expuesto, se formularon tres solicitudes de Intervención al Órgano Interno de Control.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VIII.1.1.4.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

VIII.1.5.   SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

 

 

Auditoría de Desempeño

 

Evaluación del Programa de Raciones Alimenticias

 

En 2000, el DIF superó  en 13.4% la meta de mediano plazo de distribuir 4.0 millones de raciones alimenticias diarias; las cuales permitieron atender al 60.9% de la población objetivo del PRA de 7.4 millones de niños.

 

Respecto del aporte calórico, con la auditoría se detectó que el DIF dispuso, en los lineamientos de operación del PRA de 2000, que para las raciones frías, que constituyen el 64.6% de la totalidad de las entregas, solamente se otorgara el 20.0% de los requerimientos calóricos, esto es, 10.0 puntos porcentuales menos que el compromiso establecido por el Ejecutivo Federal en el Programa de Alimentación y Nutrición Familiar.

 

En cuanto a los recursos del Ramo 33, se detectó que las aportaciones federales a los gobiernos estatales y del Distrito Federal se distribuyeron sin considerar a la población que por su condición socioeconómica es susceptible de recibir el beneficio, ya que a la Región Ciudad de México se le asignó el 24.7% de los recursos para entregar 501.4 miles de raciones, aun cuando en ella sólo existe el 6.0% (433.0 miles de niños) de la población objetivo del PRA; mientras que a la Región Centro se destinó el 24.0% de los recursos del Ramo 33 para otorgar 918.9 miles de raciones, donde se concentró el 40.5% (2,903.0 miles de niños) de la población objetivo del programa.

 

Dados los resultados, las acciones del programa deben enfocarse a atender las áreas geográficas y los grupos de población con mayores desventajas; y las raciones alimenticias cumplir con el aporte calórico establecido por el Gobierno Federal.

 

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VIII.1.5.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

VIII.2.      INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

 

Al Instituto Mexicano del Seguro Social se le practicaron seis auditorías, con los siguientes resultados relevantes:

 

 

VIII.2.1.   INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Adquisición de Medicamentos y Materiales de Curación:  Coordinaciones Regionales de Abastecimiento La Raza y Siglo XXI

 

La Coordinación Regional de Abastecimiento La Raza adquirió 24,324 paquetes de consumibles para el servicio de hemodiálisis, operación que se realizó en la modalidad de adjudicación directa con los proveedores Gambro de México, S.A. de C.V. y Gifyp, S.A. de C.V., a un precio unitario por paquete de 866.67 pesos, por lo cual el importe total pagado fue de 21,081.3 miles de pesos, monto que, en caso de haber licitado la adquisición, le hubiese significado ahorros por 5,696.4 miles de pesos, toda vez que el proveedor Baxter, S.A. de C.V., los ofreció a la Delegación Guanajuato a un precio unitario por paquete de 632.50 pesos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VIII.2.1.3.3. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Auditorías de Obras Públicas e Inversiones Físicas

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 “Obras Públicas”, Proyectos: Unidades de Medicina Familiar en Santa Catarina, Nuevo León; Playa del Carmen, Quintana Roo; Cancún, Quintana Roo; Guadalajara, Jalisco y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

 

En cuatro contratos hubo una deficiente planeación, ya que se omitió dar cumplimiento a los objetivos y metas, debido a que no entraron en operación las obras con una inversión ociosa de 139,600.1 miles de pesos; en tres contratos, se omitió aplicar sanciones por incumplimiento al programa de obra por 12,325.8 miles de pesos; en un contrato, no se requirió a la contratista la devolución del anticipo no amortizado por un importe de 1,210.8 miles de pesos; en seis contratos, se autorizaron pagos indebidos por 3,517.3 miles de pesos por trabajos que no cumplieron con la calidad y resistencia especificada (elementos estructurales de concreto); y en dos contratos, se promovió la penalización de la supervisión externa, como obligada solidaria, por 15,219.6 miles de pesos, al haber autorizado el pago de trabajos con mala calidad y fuera de especificaciones, así como autorizar pagos en exceso por incorrecta cuantificación de volúmenes, de conformidad con la cláusula pactada contractualmente.

 

Los resultados de la revisión se presentan en el numeral VIII.2.1.4.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 “Obras Públicas”, Proyectos: Hospital General de Zona en Texcoco, Estado de México, Unidades de Medicina Familiar, en Tierra Blanca, Veracruz y Altamira, Tamaulipas; Oficinas Administrativas en Tapachula, Chiapas, Ciudad del Carmen, Campeche, Coatzacoalcos, Veracruz y León, Guanajuato

 

En la revisión practicada a ocho contratos, se detectaron las siguientes irregularidades: el IMSS declaró en forma extemporánea la rescisión de un contrato 226 días después de su vencimiento; en dos contratos, las obras a pesar de estar concluidas, no han entrado en operación, lo que representa una inversión ociosa de 336,928.5 miles de pesos; en otros dos contratos, las contratistas no reintegraron el saldo por amortizar por 2,219.3 miles de pesos; en un contrato, se omitió aplicar a las contratistas sanciones por 35,889.1 miles de pesos, por incumplimiento al programa de obra; en cuatro contratos se efectuaron pagos indebidos por obra pagada no ejecutada por 10,789.5 miles de pesos; y en ocho contratos, se pagaron indebidamente 4,514.9 miles de pesos, por trabajos ejecutados deficientemente.

 

Los resultados de la revisión se presentan en el numeral VIII.2.1.4.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

VIII.3.      INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

 

 

Al ISSSTE se le practicaron seis auditorías de las cuales 5 fueron al propio Instituto y una al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), los resultados relevantes de este grupo de auditorías fueron:

 

 

VIII.3.1.   INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Cuentas de Resultados, “Ingresos por Ventas en Tiendas” (SITyF)

 

El Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE, otorgó descuentos financieros al Gobierno del Distrito Federal y a algunos de sus organismos, por la adquisición de ISSSTE-VALES; cabe señalar que el SITyF entregó el importe de dichos descuentos a una empresa privada, sin acreditar sus poderes para cobrar, sin justificación y sin que dicha empresa tenga alguna relación comercial con el SITyF. Asimismo, se entregaron vales de despensa como bonificaciones por las adquisiciones de ISSSTE-VALES, a los organismos antes mencionados, sin contar con la autorización del Consejo Directivo; además, los vales de despensa no fueron ingresados a sus tesorerías. Lo anterior, representó el pago indebido de 131.1 millones de pesos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral VIII.3.1.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Auditoría de Obra Pública e Inversión Física

 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 “Obras Públicas”, Proyectos: Hospital General en Veracruz, Veracruz; Hospital General en Tampico, Tamaulipas; Clínica Hospital en Toluca, Estado de México; Clínica de Medicina Familiar en Villahermosa, Tabasco; Hospital Regional en Mérida, Yucatán y Clínica Hospital en Villahermosa, Tabasco

 

 

En tres contratos se detectaron anticipos no amortizados por 2,935.2 miles de pesos, así como pagos indebidos de gastos no recuperables y por indirectos, financiamiento y utilidad por 383.6 miles de pesos, respectivamente.

 

Los resultados de la revisión se presentan en el numeral VIII.3.1.4.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

DEL TOMO IX

 

 

IX.1.        SECTOR DESARROLLO SOCIAL

 

Al Sector Desarrollo Social se le practicaron 20 auditorías de las cuales correspondieron siete a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), una a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), seis a DICONSA, S.A. de C.V. (DICONSA), tres al Instituto Nacional Indigenista (INI) y tres a LICONSA, S.A. de C.V. (LICONSA). Los resultados relevantes de este grupo de auditorías fueron:

 

 

IX.1.1.     SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

 

 

Auditorías de Desempeño

 

Evaluación del Programa de Jornaleros Agrícolas

 

En el trienio 1998-2000, el programa atendió en promedio anual a 739.2 miles de jornaleros agrícolas, 23.2% más que la meta de mediano plazo. La población atendida significó una cobertura de 22.4% del universo total de 3.3 millones de personas, ya que  los recursos humanos, materiales y financieros, únicamente permitieron operar en 15 de las 25 entidades federativas en las que trabajan jornaleros agrícolas.

 

En ese periodo se realizó un promedio anual de 13,344 proyectos en sus seis diferentes líneas de acción, con una eficacia en el cumplimiento de sus metas anuales de 115.4%, debido en buena medida, a que la Coordinación General del PRONJAG logró que los productores, los gobiernos estatales y municipales y los propios jornaleros aumentarán sus aportaciones.

 

La operación y ejecución de las acciones del programa lograron resultados positivos en las condiciones de vida y de trabajo de la población en condiciones de pobreza extrema, por lo que es conveniente que su operación se extienda a otras entidades federativas. En esta labor el programa debe impulsar cada vez más sus acciones de promoción para que, en sus respectivos ámbitos de competencia, las dependencias y entidades de la Administración Pública  Federal y local atiendan a la población jornalera, y los productores cumplan sus obligaciones laborales de proporcionar en los centros de trabajo habitaciones cómodas e higiénicas, espacios educativos y servicios de salud y capacitación para el trabajo. Asimismo, es necesario que se instrumenten los indicadores que permitan medir el impacto del programa en la población jornalera agrícola.

 

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral IX.1.1.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

Evaluación del Fondo Nacional de Apoyos a Empresas Sociales (FONAES)

 

En el período 1998-2000, el FONAES otorgó 10,128 apoyos solidarios, de los cuales 98.4% correspondieron a instrumentos financieros directos y 1.6% a indirectos. Mediante los instrumentos directos Primer Paso Productivo y Capital de Riesgo, FONAES entregó 9,901 apoyos; de ellos 50.7% dieron cobertura a las regiones de atención inmediata, 33.7% a las de atención prioritaria y 15.6% a otras regiones.

 

Respecto al impacto del programa, la auditoría reveló que aun cuando se autorizaron seis indicadores en sus Reglas de Operación, cinco de ellos no contaban con los registros correspondientes, debido a que la base de datos del FONAES no fue compatible con los requerimientos de información de los indicadores.

 

La evaluación del indicador de empleo por regiones reveló que, tanto en las de atención inmediata como en las de atención prioritaria, la ocupación disminuyó en promedio 49.5%, debido a que por falta de mercado y por la desintegración de los grupos sociales, los proyectos no lograron consolidarse.

 

El FONAES debe continuar privilegiando el otorgamiento de los apoyos solidarios a los grupos sociales de las regiones identificadas con mayores rezagos y carencias mediante un acompañamiento técnico que permita que los proyectos y empresas constituidos sean exitosos, a efecto de que los empleos generados sean permanentes y se procure una mayor recuperación de las aportaciones para depender en menor medida de los recursos fiscales. Asimismo, es conveniente que la Coordinación General del FONAES establezca un banco de datos acorde con sus indicadores estratégicos, de gestión e impacto socioeconómico, a fin de que pueda monitorear sus acciones, tomar oportunamente las decisiones y evaluar su desempeño.

 

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral IX.1.1.3.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

Auditorías Financieras y de Cumplimiento

 

 

Programa de Empleo Temporal (Puebla)

 

El Subdelegado de Desarrollo Regional y Social, sin contar con atribuciones, autorizó un préstamo por 3,294.1 miles de pesos para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). La Delegación SEDESOL de Puebla reportó indebidamente como ADEFAS operaciones que no se devengaron por 1,586.1 miles de pesos, los cuales se mantuvieron inmovilizados por 195 días sin generar rendimientos. No se han reintegrado los anticipos por 3,212.1 miles de pesos de dos contratos de obra cancelados, ni los rendimientos generados; no se realizó el reintegro de 4,812.0 miles de pesos a la TESOFE por remanentes de cuentas bancarias. No se ha comprobado la aplicación de los recursos que se otorgaron a través del PET para algunas unidades ejecutoras por 2,611.0, 5,035.2 y 5,105.3 miles de pesos, correspondientes a los años 1998, 1999 y 2000, respectivamente. Se pagaron jornales injustificadamente y otros por un monto superior a lo autorizado; finalmente se observaron inconsistencias en listas de raya, obras inconclusas y obras no realizadas.

 

Por lo expuesto, se formularon 21 solicitudes de Intervención al Órgano Interno de Control.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral IX.1.1.4.3. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Programa de Empleo Temporal (Zacatecas)

 

De la verificación física que se realizó a diversas obras del Programa de Empleo Temporal, se identificó, que cuatro de éstas, no se habían concluido; no obstante ello, éstas fueron reportadas como terminadas. Cabe señalar, que las aportaciones federales para el financiamiento de esas obras por 5,495.1 miles de pesos, fueron  radicadas en su totalidad a las unidades ejecutoras correspondientes.

 

 

Por lo expuesto, se formuló una Solicitud de Intervención al Órgano Interno de Control.

 

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral IX.1.1.4.4. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Auditoría de Obra Pública e Inversión Física

 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 “Obras Públicas”, Proyecto I012 “Estudios, Proyectos, Planes de Ordenamiento y Manuales Técnicos Normativos para el Desarrollo Urbano e Infraestructura” y Proyecto K011 “Programa de Vivienda Progresiva”

 

De los contratos de obra que ejecutó la Secretaría de Desarrollo Social, se revisaron ocho de ellos correspondientes al Programa de Vivienda Progresiva; al respecto, se observó que la dependencia aportó recursos al H. Ayuntamiento del municipio de Ciudad Juárez, Chih., por un monto de 15,619.4 miles de pesos; al Estado de México, 35,624.1 miles de pesos, y al Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa 28,784.0 miles de pesos, los cuales no se erogaron en el ejercicio para el que fueron autorizados; sin embargo, en la Cuenta Pública de 2000 se reportaron como ejercidos. Por otra parte, se constató que, debido a la rescisión del contrato núm. OP-00-0370, a la fecha, la dependencia no ha recuperado el anticipo otorgado por 6,426.0 miles de pesos; asimismo, en ocho contratos, se determinaron irregularidades por 46,590.0 miles de pesos, debido a una incorrecta cuantificación de volúmenes de obra, sanciones por incumplimiento a los programas de obra y gastos financieros por obra no ejecutada; finalmente, de las 2,842 viviendas construidas en las diferentes entidades federativas, se observó que no se cuenta con las actas de recepción de su entrega a los beneficiarios.

 

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral IX.1.1.5.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

IX.1.3.     DICONSA, S.A. DE C.V.

 

Auditoría Especial

 

Proceso de Fusión de 17 Distribuidoras CONASUPO

 

En la revisión al proceso se observó incumplimiento a la Ley General de Sociedad Mercantiles, en cuanto a la autorización de la Asamblea de Accionistas, toda vez que no han sido aprobados los estados financieros al 31 de agosto de 2000 y, a la fecha de revisión, el dictamen de los estados financieros al 31 de diciembre de 2001, señala una diferencia de 121.4 millones de pesos en el capital social, situación que ha provocado retraso en la cancelación y emisión de nuevas acciones a favor de la fusionante.

 

Los resultados  de esta revisión  se  presentan  en  el numeral IX.1.3.3.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN

 

Auditorías Especiales

 

En relación con las 36 acciones de cambio estructural que reporta la Cuenta Pública de 2000, se revisaron siete de ellas, presentando la siguiente situación:

 

·         Los procesos de liquidación de AHMSA Fábrica Nacional de Máquinas y Herramientas, S.A. de C.V. y venta de la empresa Ocean Garden Products Inc., no se han concluido, tienen más de 15 y 10 años, respectivamente, debido al deficiente control de la documentación relativa al desarrollo del primero y a que no se haya cumplido con el objetivo de realizar la desincorporación de la segunda.

 

·         El Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C., en la función fiduciaria, presenta deficiencias e irregularidades reiterativas, toda vez que la mayoría de los créditos fueron otorgados de manera irregular a los fideicomisos, ya que no se exigieron las garantías suficientes, ni se estimó la viabilidad económica de los proyectos de inversión respectivos, ni la relación que guardaran entre si los distintos conceptos de los estados financieros de los acreditados, entre otros aspectos relevantes.

 

·         La liquidación de FINA, se realiza de conformidad con las disposiciones legales aplicables en la materia; sin embargo, los tiempos para la recuperación de la cartera y enajenación de los bienes, exceden el plazo de 12 meses fijado en el Decreto para la conclusión del proceso de desincorporación.

 

·         La desincorporación del 15.0% de los títulos representativos del capital social del Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A. de C.V. se ajustó a las disposiciones legales aplicables.

 

·         En la colocación en los mercados de valores nacional e internacional del 85.0% de las acciones del Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A de C.V. en el marco de la apertura a la inversión privada en el Sistema Aeroportuario Mexicano, se observó que, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes llevó a cabo diversos actos para la colocación de acciones, sin contar con atribuciones específicas.

 

Los resultados de estas revisiones se presentan en los numerales III.1.1.4.6., III.1.5.3.1., III.1.6.3.1., III.1.9.3.1., VI.1.1.3.1. y VI.1.1.3.2.  del tomo sectorial correspondiente.

 

 

DEL TOMO X

 

X.             RAMO 33 “APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS”

 

 

A este Ramo se le practicaron 77 auditorías, de las cuales 30 las realizó la Auditoría Superior de la Federación y 47 las practicaron los órganos técnicos de los Congresos Locales a municipios, los resultados relevantes de este grupo de revisiones son:

 

 

X.3.         Baja California

 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Recursos del Fondo Ejercidos por los Municipios de Ensenada, Mexicali, Tecate y Tijuana

 

Se determinó que el ayuntamiento de Ensenada no realizó las obras y acciones programadas, ya que destinó 56,835.0 miles de pesos para el pago de conceptos diferentes a los autorizados.

 

Se determinó una diferencia de menos 15.3  miles de pesos entre el importe autorizado al ayuntamiento de Mexicali y el ministrado por el Gobierno del Estado, observándose esta misma situación en el ayuntamiento de Tecate.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.3.2.1.1. del tomo correspondiente.

 

 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Recursos del Fondo Ejercidos por el Fideicomiso de Seguridad Pública del Estado de Baja California

 

El Gobierno del estado no aportó en tiempo y forma los recursos comprometidos en los anexos técnicos del Convenio de Coordinación 2000, existiendo una aportación pendiente por 18,995.1 miles de pesos correspondiente a las homologaciones salariales del Programa de Dotaciones Complementarias no Regularizables; por otra parte, se adquirieron 12 vehículos a un precio superior al de mercado por 388.8 miles de pesos.

 

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.3.3.1.1. del tomo correspondiente.

 

X.4.         Baja California Sur

 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

Recursos del Fondo Ejercidos por el Fideicomiso de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur

 

Comprobación del gasto por 120.1 miles de pesos que no fue presentado para su revisión; documentación soporte por 906.6 miles de pesos que no reúne requisitos fiscales; gastos por 112.1 miles de pesos que no cumplieron con la normatividad establecida; y monto de 141.2 miles de pesos que no se retuvo por concepto de Impuesto Sobre la Renta.

 

Por otra parte, no se celebraron contratos con 6 personas a las que se les pagaron honorarios por 246.9 miles de pesos; asimismo, en algunos contratos, se pagaron en exceso 67.2 miles de pesos.

 

En la licitación pública número 33061002-010-00, para la adquisición de una torre autosoportada, se detectó que, con anterioridad a dicho proceso de adjudicación, se había suscrito un contrato con un proveedor por 772.9 miles de pesos, además de que éste fue el ganador de la licitación con un costo de 1,206.0 miles de pesos, cantidad superior en 433.1 miles de pesos, sin que se presentara la documentación que justifique el incremento; finalmente, no se soportó documentalmente la entrada al almacén de 101 uniformes por 98.9 miles de pesos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.4.3.1.2. del tomo correspondiente.

 

 

X.6.         Chiapas

 

Fondo de Aportaciones Múltiples

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Recursos del Fondo Ejercidos por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas

 

La compra al proveedor Food Proteins Corporatión, S.A. de C.V., por 1,165.5 y 1,858.5 miles de pesos, se realizó por adjudicación directa, sin embargo, la entidad no cuenta con la justificación de exención del procedimiento de licitación pública, ni con la autorización del Comité de Adquisiciones del Gobierno del estado para el procedimiento utilizado, ni tampoco con el pedido o contrato respectivo que garantice las condiciones de compra con el proveedor.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.6.2.1.1. del tomo correspondiente.

 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

Recursos del Fondo Ejercidos por los Municipios de Comitán de Domínguez, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez

 

Como resultado de la revisión practicada por la Contraloría General del estado de Chiapas al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, respecto de la aplicación de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, se informó que al 30 de enero de 2002, se encuentran cinco observaciones pendientes de solventar por 587.8 miles de pesos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.6.3.1.1. del tomo correspondiente.

 

 

X.7.         Chihuahua

 

 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Recursos del Fondo Ejercidos por los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

 

Existen recibos de percepciones sin firma del empleado por 117.3 miles de pesos; asimismo, se pagaron 1,313.8 miles de pesos a la SHCP por recargos y 648.9 miles de pesos al ISSSTE por intereses moratorios, debido a que se presentaron extemporáneamente los enteros y cuotas respectivos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.7.4.1.1. del tomo correspondiente.

 

X.9.         Colima

 

 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Recursos del Fondo Ejercidos por el Fideicomiso de Seguridad Pública del Estado de Colima

 

Se detectaron irregularidades durante el proceso de adquisición de 36 chalecos de protección por 268.7 miles de pesos, adjudicándose dicha operación al proveedor CPV Microindustrial, S.A. de C.V., quien presentó la cotización más alta sin contar con un dictamen que justifique la asignación; faltó comprobación y soporte documental del pago de listas de raya por 44.9 y 6.9 miles de pesos, respectivamente; y 7,700.0 miles de pesos, autorizados en el anexo técnico del Programa Dotaciones Complementarias no Regularizables, fueron liberados a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para su aplicación, verificando que sólo fueron erogados durante el ejercicio, 6,458.3 miles de pesos, quedando un saldo por ejercer de 1,241.7 miles de pesos, sin obtener evidencia de su aplicación.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.9.4.1.2. del tomo correspondiente.

 

 

X.12.       Guanajuato

 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Recursos del Fondo Ejercidos por los Municipios de Acámbaro, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato y León

 

La Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Guanajuato determinó un total de 15 observaciones económicas relacionadas con la obra pública pendientes de solventar por 4,580.5 miles de pesos, que corresponden: 5 al Municipio de Acámbaro por 1,299.7 miles de pesos; a Dolores Hidalgo 4 observaciones por 957.4 miles de pesos; a Guanajuato 2 observaciones por 887.5 miles de pesos; y 4 a León por 1,435.9 miles de pesos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.12.2.1.1. del tomo correspondiente.

 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

Recursos del Fondo Ejercidos por los Municipios de León e Irapuato

 

La Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Guanajuato determinó un total de 6 observaciones económicas relacionadas con la obra pública pendientes de solventar por 1,532.5 miles de pesos, que corresponden 4 al Municipio de Irapuato por 549.1 miles de pesos y 2 a León por 983.4 miles de pesos.

 

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.12.3.1.1. del tomo  correspondiente.

 

 

X.13.       Guerrero

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

Recursos del Fondo Ejercidos por los Municipios de Acapulco de Juárez, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Benítez, Chilapa de Álvarez, Iguala de la Independencia, Igualapa, Juan R. Escobedo, Olinalá, Mochitlán, Tepecoacuilco de Trujano, Gral. Heliodoro Castillo, Tecpan de Galeana y Acatepec

 

Como resultado de las auditorias practicadas por la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado de Guerrero, se determinaron responsabilidades preventivas en los ayuntamientos de: Acapulco de Juárez por 16,067.9 miles de pesos; Atenango del Río por 20.4 miles de pesos; Buenavista de Cuellar por 461.2 miles de pesos; Coyuca de Benítez por 4,566.4 miles de pesos; Chilapa de Álvarez por 7,879.4 miles de pesos; Iguala de la Independencia por 6,759.3 miles de pesos; Igualapa por 78.5 miles de pesos; Juan R. Escudero por 677.0 miles de pesos; Olinalá por 1,801.2 miles de pesos; Mochitlán por 257.2 miles de pesos; Tepecoacuilco de Trujano por 1,927.2 miles de pesos; Gral. Heliodoro Castillo por 850.4 miles de pesos; Tecpan de Galeana por 3,010.6 miles de pesos y Acatepec por 496.6 miles de pesos.

 

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.13.2.1.1. del tomo correspondiente.

 

 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

Recursos del Fondo Ejercidos por el Municipio de Igualapa

 

La Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado informó que existe una responsabilidad preventiva a cargo del presidente municipal de Igualapa por 2,542.6 miles de pesos, integrados por: 201.9 miles de pesos que corresponden a gastos con irregularidades; 2,098.4 miles de pesos a saldos en la cuenta de deudores diversos; y 242.3 miles de pesos a deductivas de obra pública.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.13.3.1.1. del tomo correspondiente.

 

 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

Recursos del Fondo Ejercidos por el Fideicomiso de Seguridad Pública del Estado de Guerrero

 

El Comité Técnico del FOSEG liberó recursos por 17,681.8 miles de pesos sin haber contado con el anexo técnico autorizado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública; no se contrató mediante licitación pública la adquisición de 134 vehículos para el equipamiento de corporaciones; en la construcción de la aeropista en Santa Cruz, Municipio de Huamuxtitlán, se rebasó en 6,892.5 miles de pesos el presupuesto originalmente asignado para su construcción, finalmente, se pagó indebidamente, con cargo a los recursos de este Fondo, un estudio de impacto ambiental del cual, además, no se localizó constancia de su realización.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.13.4.1.2. del tomo correspondiente.

 

 

X.14.       Hidalgo

 

 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

Recursos del Fondo Ejercidos por el Fideicomiso de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo

 

La asignación y ejercicio de los recursos del FASP por 131,688.4 y 127,297.4 miles de pesos respectivamente, se distribuyeron de acuerdo a 12 programas, de los cuales no fueron ejercidos 4,391.0 miles de pesos al 31 de enero de 2002; el Comité Técnico del Fondo de Seguridad Pública del Estado, no justificó compromisos por este importe.

 

El Banco de Crédito Rural del Centro, S.N.C., fiduciario del fideicomiso en el estado, expidió cheques por 19,911.5 miles de pesos, a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración para pago a proveedores y contratistas, en contravención del contrato de fideicomiso.

 

Apertura de una cuenta en dólares en el Banco de Crédito Rural del Centro, S.N.C., por un monto equivalente a 8,505.9 miles de pesos para establecer un blindaje financiero en contravención de lo que establece el contrato de fideicomiso.

 

Bienes para equipamiento de las obras de construcción del CERESO de Jaltacán por 35,448.0 miles de pesos y la construcción del Servicio Médico Forense por 3,466.0 miles de pesos se adjudicaron directamente, en contravención de la normatividad.

 

Se determinó que la empresa Cosmoservicios, S.A. de C.V., no cumplió con las funciones de verificación y control de los trabajos efectuados en el CERESO de La Lima, según lo contratado por un importe de 1,363.4 miles de pesos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.14.3.1.1. del tomo correspondiente.

 

 

X.15.       Jalisco

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

Recursos del Fondo Ejercidos por los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno y Tepatitlán de Morelos

 

La Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Jalisco determinó un total de 5 observaciones por 11,360.1 miles de pesos, a los siguientes municipios: una a Zapopan por 4,916.0 miles de pesos; una a Tlaquepaque por 5,451.8 miles de pesos; una a Tonalá por 4.7 miles de pesos; y a Lagos de Moreno dos por 24.2 y 963.4 miles de pesos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.15.2.1.1. del tomo correspondiente.

 

X.16.       México

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

 

Auditorías Financieras y de Cumplimiento

 

Recursos del Fondo Ejercidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de México

 

No fue posible conocer el destino y aplicación de 1,360.5 miles de pesos, por concepto de rendimientos financieros.

 

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.16.2.1.1. del tomo correspondiente.

 

 

Recursos del Fondo Ejercidos por los Municipios de Toluca de Lerdo, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán,  Tultitlán y Valle de Chalco

 

La Contaduría General de Glosa del Estado de México determinó 19 observaciones financieras por 22,894.8 miles de pesos, correspondiendo a: Toluca de Lerdo 2,107.5 miles de pesos; Atizapán de Zaragoza 8,008.5 miles de pesos; Cuautitlán por 2,697.1 miles de pesos; Tultitlán 9,700.3 miles de pesos; y Valle de Chalco Solidaridad 381.4 miles de pesos, concluyendo que los recursos fueron aplicados para fines distintos a los previstos en la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, se informó que las observaciones fueron notificadas a los responsables en cuanto al plazo legal para que sean aclaradas, justificadas o reintegradas.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.16.2.1.2. del tomo correspondiente.

 

 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Recursos del Fondo Ejercidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de México

 

No se comprobó el destino y aplicación de 821.6 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.16.3.1.1. del tomo correspondiente.

 

 

X.17.       Michoacán

 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Recursos del Fondo Ejercidos por los Municipios de Maravatío, Uruapan, Zamora, Los Reyes e Hidalgo

 

La Contaduría General de Glosa del H. Congreso del Estado de Michoacán observó que, en el municipio de Maravatío, el concepto de gasto por becas carece de la documentación comprobatoria suficiente y competente por 69.2 miles de pesos; en el ayuntamiento de Hidalgo, las obras públicas que comprenden la construcción y rehabilitación de 10 capillas y dos plazas para corridas de toros por 153.8 y 938.1 miles de pesos, respectivamente, no presentan actas del H. Cabildo que aprueben su construcción; finalmente, un saldo en bancos por 1,597.1 miles de pesos, que al momento de la revisión no fue aclarado.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.17.2.1.1. del tomo  correspondiente.

 

 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

Recursos del Fondo Ejercidos por el Municipio de Maravatío

 

La Contaduría General de Glosa del H. Congreso del Estado de Michoacán informó, que de la revisión practicada al Ayuntamiento de Maravatío, se constató que fueron entregadas becas como estímulo a la educación básica por 36.3 miles de pesos, sin contar con la documentación comprobatoria correspondiente.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.17.3.1.1. del tomo correspondiente.

 

X.18.       Morelos

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

 

Auditorías Financieras y de Cumplimiento

 

Recursos del Fondo Ejercidos por los Municipios de Jiutepec, Jojutla, Ciudad Ayala, Zacualpan, Mazatepec, Zacatepec, Miacatlán y Emiliano Zapata

 

La Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado de Morelos determinó observaciones financieras de obra pública por 29,363.7 miles de pesos pendientes de solventar por los municipios de: Jiutepec 22,819.6 miles de pesos, Jojutla por 3.4 miles de pesos, Ciudad Ayala 1,958.9 miles de pesos, Zacualpan 1,136.6 miles de pesos, Zacatepec por 444.6 miles de pesos, Miacatlán 349.1 miles de pesos y Emiliano Zapata 2,651.5 miles de pesos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.18.2.1.1. del tomo correspondiente.

 

 

Recursos del Fondo Ejercidos por los Municipios de Tlalnepantla, Tepalcingo, Tlaltizapán y Tlaquiltenango

 

La Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado de Morelos determinó, en el Ayuntamiento de Tlalnepantla, dos observaciones financieras por 2.9 miles de pesos; al Ayuntamiento de Tepalcingo dos observaciones financieras por 47.0 miles de pesos; en el Ayuntamiento de Tlaltizapán dos observaciones financieras por 77.3 miles de pesos; y al Ayuntamiento de Tlaquiltenango dos observaciones financieras por 367.0 miles de pesos, las cuales aun cuando se les notificaron mediante el pliego de observaciones respectivo, al mes de marzo de 2002 no han sido atendidas.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.18.2.1.2. del tomo correspondiente.

 

 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Recursos del Fondo Ejercidos por el Fideicomiso de Seguridad Pública del Estado de Morelos

 

De la inspección a la cárcel distrital del Municipio de Cuautla, Morelos, se observó que no se presentó evidencia documental del proyecto ejecutivo de la obra y se determinó que el avance financiero de 676.3 miles de pesos, no justifica el avance físico estimado de 30.0%.

 

Del análisis de la documentación comprobatoria de los recursos ministrados al Tribunal Superior de Justicia por 811.6 miles de pesos, se detectó una diferencia de 216.3 miles de pesos no comprobados.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.18.3.1.2. del tomo correspondiente.

 

X.19.       Nayarit

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

Recursos del Fondo Ejercidos por los Municipios de Tepic, Santiago Ixcuíntla, Compostela, Tecuala, San Blas y Acaponeta

 

Con relación al Municipio de San Blas, la Dirección del Coplademun, no integró en el expediente, el acta de cabildo que autorice el endeudamiento de créditos por 1,066.7 miles de pesos, ni su justificación; asimismo, el director no presentó la documentación comprobatoria de obra por 103.2 miles de pesos.

 

Con relación al Municipio de Santiago Ixcuíntla, se detectó que se contrató la supervisión técnica y financiera para la construcción de un acueducto por un importe de 818.5 miles de pesos; sin embargo este servicio no está contemplado en la apertura programática del Fondo IV.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.19.2.1.1. del tomo correspondiente.

 

 

X.20.       Nuevo León

 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

 

Auditoría de Obra Pública e Inversión Física

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 “Obras Públicas”, Proyecto: CERESO de Cadereyta

 

Se realizó un pago indebido por 2,192.0 miles de pesos por indirectos, debido a la ampliación al programa de ejecución por 158 días adicionales por obra excedente y extraordinaria. Asimismo, se pagaron 466.7 miles de pesos, por concepto de indirectos por trabajos extraordinarios, ya que no se ajustaron los cargos de los indirectos que no procedían.

 

Los resultados de la revisión se presentan en el numeral X.20.4.1.1. del tomo correspondiente.

 

 

X.23.       San Luis Potosí

 

Fondo de Aportaciones Múltiples

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

Recursos del Fondo Ejercidos por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de San Luis Potosí

 

En cuanto a la inspección realizada a 17 obras supervisadas por el Instituto Estatal de Construcción de Escuelas, 7 de ellas presentan irregularidades, principalmente por encontrarse suspendidas, por no haberse concluido y otras, con avances entre el 60.0 y 90.0%, con deficiencias en su ejecución. Las siete obras importan 1,966.0 miles de pesos.

 

En la documentación comprobatoria del programa de apoyos a instituciones educativas sin fines de lucro, se observó que 967.5 miles de pesos presentan irregularidades tales como: falta de comprobación, sin requisitos fiscales y algunas fueron expedidas a diferente ejecutor del gasto.

 

Se determinó que las transferencias realizadas por la Secretaría de Finanzas del estado al DIF-SLP presentaron desfases en su entrega, por lo que generó intereses por 515.6 miles de pesos, los cuales no fueron transferidos al DIF-SLP.

 

La Dirección General del DIF-SLP aplicó recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para fines distintos a los que señala la Ley de Coordinación Fiscal  por 725.3 miles de pesos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.23.2.1.1. del tomo correspondiente.

 

X.24.       Sinaloa

 

 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Recursos del Fondo Ejercidos por el Fideicomiso de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa

 

No se retuvo el 10.0% por concepto de ISR por los honorarios del grupo de seguimiento, financiados con recursos del Programa de Seguimiento y Evaluación, por un monto de 112.8 miles de pesos.

 

Se pagaron 1,224 conceptos de obra, por un monto de 12,263.5 miles de pesos, no considerados en el presupuesto autorizado de tres construcciones; asimismo, se cubrieron 107.9 miles de pesos por obras que no están autorizadas en el anexo técnico del programa de Seguimiento y Evaluación.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.24.3.1.2. del tomo correspondiente.

 

 

X.25.       Sonora

 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Recursos del Fondo Ejercidos por los Municipios de Agua Prieta, Caborca, Huatabampo y Cajeme

 

No se encontró la documentación soporte de 15.0 miles de pesos correspondientes al Municipio de Huatabampo; se detectó que en el ayuntamiento de Caborca se destinaron 280.0 miles de pesos para préstamos personales y para la ejecución de obras en contravención del artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como 9.6 miles de pesos que carecen de comprobación.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.25.2.1.1. del tomo correspondiente.

 

 

X.26.       Tabasco

 

 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Recursos del Fondo Ejercidos por el Fideicomiso de Seguridad Pública del Estado de Tabasco

 

De la revisión al fideicomiso Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del Gobierno de Tabasco (FOSEG), se determinó que no fue posible conocer el destino de los rendimientos financieros generados durante el ejercicio 2000, por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal por 231.2 miles de pesos en la cuenta de cheques núm. 47901000010 operada por el fiduciario.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.26.3.1.1. del tomo correspondiente.

 

 

X.27.       Tamaulipas

 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Recursos del Fondo Ejercidos por el Fideicomiso de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas

 

No hay documentación que compruebe el gasto por 285.4 miles de pesos; asimismo, gastos diversos por 2,354.3 miles de pesos, no cumplen con los objetivos establecidos en los anexos técnicos del convenio de coordinación.

 

No se enteraron a la SHCP 201.9 miles de pesos por concepto de impuestos y se pagaron 97.5 miles de pesos de más al grupo de seguimiento.

 

Se detectó que se le ministraron 24,000.0 miles de pesos a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas que no se han reintegrado al fondo de Seguridad Pública.

 

La SEDUE duplicó el pago por 20.7 miles de pesos al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC); asimismo, realizó pagos en exceso de volúmenes por 911.2 miles de pesos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.27.4.1.1. del tomo correspondiente.

 

 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

 

 

Auditoría de Obra Pública e Inversión Física

 

 

Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 “Obras Públicas”, Proyecto: CERESO de Altamira

 

No se aplicaron penalizaciones y sanciones por 144.0 y 978.2 miles de pesos, en los contratos núms. SEDUE-IF-SP-022-99-I y SEDUE-IF-SP-024-99-I; en los contratos señalados, por la incorrecta cuantificación de volúmenes de obra, se realizaron pagos en exceso por 56.9 miles de pesos; por la incorrecta aplicación de los precios unitarios extraordinarios, 544.9 miles de pesos; y por la incorrecta aplicación de los ajustes de costos, 561.6 miles de pesos.

 

Los resultados de la revisión se presentan en el numeral X.27.4.2.1. del tomo correspondiente.

 

 

X.29.       Veracruz

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

Recursos del Fondo Ejercidos por el Municipio de Misantla

 

El Órgano de Fiscalización Superior del H. Congreso del Estado de Veracruz informó que como resultado de la revisión practicada al Ayuntamiento de Misantla, se determinaron 12 observaciones de las cuales: ocho son administrativas; tres de carácter técnico; y una financiera, todas ellas relacionadas con la obra pública. Asimismo, se detectaron erogaciones sin comprobación documental, contratación de obras sin realizar los procesos de licitación pública o simplificada, órdenes de pago sin firmas de autorización y erogaciones no presupuestadas.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.29.2.1.1. del tomo correspondiente.

 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

Recursos del Fondo Ejercidos por los Municipios de Medellín, Mixtla de Altamirano, Nanchital de Lázaro Cárdenas, Naranjos Amatlán, Actopan, Chiconquiaco, Xalapa, Tlalnelhuayocan y Misantla

 

El Órgano de Fiscalización Superior del H. Congreso del Estado de Veracruz, informó que como resultado de la revisión practicada a los ayuntamientos de Medellín, Mixtla de Altamirano, Nanchital de Lázaro Cárdenas, Naranjos-Amatlán, Actopan, Chiconquiaco, Xalapa, Tlalnelhuayocan y Misantla, se determinaron 85 observaciones en las que se detectó inobservancia de la normatividad, costos elevados relacionados con obra pública, obras terminadas sin acta de entrega-recepción y algunas otras con vicios ocultos de carácter técnico y financiero; estas últimas implican presuntos daños patrimoniales.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.29.3.1.1. del tomo correspondiente.

 

 

X.30.       Yucatán

 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Recursos del Fondo Ejercidos por los Municipios de Chemax, Izamal, Kanasin, Mérida, Oxkutzcab, Progreso, Tekax y Tizimín

 

La Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado de Yucatán, determinó lo siguiente: Chemax no presentó toda la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de los recursos del fondo; del análisis a la documentación presentada se determinó que: adquirieron directamente cinco vehículos por 925.7 miles de pesos, de los cuales dos de ellos por 180.0 y 227.3 miles de pesos, respectivamente, debieron adquirirse mediante invitación restringida y dos por 425.4 miles de pesos, mediante licitación pública; en Kanasin se realizaron 12 inversiones por 1,373.0 miles de pesos, de las cuales falta la documentación comprobatoria por 193.0 miles de pesos y se adquirieron directamente dos vehículos por 333.4 miles de pesos, con precios unitarios de 186.7 y 146.7 miles de pesos, que por el monto debieron adquirirse mediante el procedimiento de invitación restringida; en Oxkutzcab no se cuenta con la documentación comprobatoria correspondiente a la obra pública realizada para remodelar las áreas de justicia del palacio municipal, por 346.3 miles de pesos; en Tekax se contrataron créditos directos a corto plazo con Banrural, S.N.C., durante el periodo de enero a agosto de 2000 hasta por 1,200.0 miles de pesos, sin que exista constancia de la aprobación previa de cabildo a dichas contrataciones de deuda; además, en ningún crédito existe señalamiento de la aplicación de estos recursos, ni del registro en la cuenta de cheques para su acreditamiento; en Tizimín, de la inversión ejercida no se proporcionó documentación comprobatoria por 287.3 miles de pesos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.30.2.1.1. del tomo correspondiente.

 

 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

Recursos del Fondo Ejercidos por el Fideicomiso de Seguridad Pública del Estado de Yucatán

 

De la revisión efectuada, destacan por su relevancia las observaciones siguientes: la realización de trabajos con deficiencias constructivas por un monto aproximado de 9,538.9 miles de pesos y pagos por 1,771.8 miles de pesos en conceptos distintos a los señalados en los anexos técnicos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.30.3.1.1. del tomo correspondiente.

 

 

X.31.       Zacatecas

 

Fondo de Aportaciones Múltiples

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

Recursos del Fondo Ejercidos por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Comité para la Construcción de Escuelas del Estado de Zacatecas

 

El DIF no aplicó los rendimientos financieros generados con los recursos del FAM, ni las cuotas de recuperación de desayunos escolares y despensas, por un total de 5,809.9 miles de pesos, conforme lo establecen los artículos 40 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, sino que se destinaron a la adquisición de insumos, pago de recursos humanos, materiales y suministros, y a la compra de 13 vehículos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.31.2.1.1. del tomo correspondiente.

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

 

 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento

 

 

Recursos del Fondo Ejercidos por los Municipios de Jerez, Zacatecas, Guadalupe y Trancoso

 

En el Municipio de Guadalupe se comprobó una desviación de recursos por 4,971.2 miles de pesos, aplicados a obras no autorizadas, las cuales fueron financiadas con el presupuesto de obras aprobadas no realizadas, sin que existan actas de cabildo que sustenten los cambios de inversión, ni fueron previamente validadas por la Dirección de Obras Públicas del Municipio y tampoco aprobadas para su ejecución por la Coordinación General de Copladez.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral X.31.3.1.1.  del tomo correspondiente.

 

 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE EL USO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS VÍA EL RAMO 33

 

En la fiscalización de los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios, la ASF ha observado una recurrencia en el desvío de éstos hacia fines distintos a los autorizados, sin pasar por alto otro tipo de irregularidades en que se ha incurrido, y que en este apartado del informe se señalan.

 

En atención a lo expuesto, se somete a consideración de la H. Cámara de Diputados, una recomendación en el sentido de condicionar la transferencia de recursos adicionales, al establecimiento de procedimientos de supervisión y control, que garanticen que estos fondos se apliquen de manera clara y transparente en los conceptos aprobados. Con ese mismo propósito, se propone, como medida correctiva inmediata, la adopción de mecanismos legales que permitan suspender la ministración de recursos federales a aquellas entidades y municipios que muestren recurrentemente desvíos en el uso de los mismos.

 

Por su parte, se extiende también una recomendación a los órganos internos de control de los Gobiernos Estatales y a las entidades de fiscalización superior de los Congresos Locales para reforzar, en sus respectivos ámbitos de competencia, sus acciones de control, vigilancia y fiscalización de este tipo de recursos, para evitar que, eventualmente, se apliquen suspensiones temporales de ministraciones de fondos o bien de autorización para el otorgamiento de mayores recursos para ejercicios posteriores.

 

La ASF, conforme a sus atribuciones, continuará efectuando la fiscalización de estos fondos; sin embargo, se juzga necesario que la H. Cámara de Diputados y las autoridades estatales competentes en sus diferentes esferas y niveles de gobierno, establezcan y den vigencia a medidas que eviten la comisión de irregularidades e incumplimientos a las disposiciones legales y normativas en la materia.

 

Finalmente, se sugiere que las disposiciones normativas que para tal efecto se establezcan en beneficio de los propósitos señalados, sean incorporadas en el Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, asegurando con ello su debida aplicación y cumplimiento.

 

I.5.CUMPLIMIENTO DEL DECRETO RELATIVO A LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2000 Y ATENCIÓN DE LOS PUNTOS DE ACUERDO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

 

 

I.5.1.Cumplimiento del Decreto Relativo a la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2000

 

 

Conforme a lo establecido en el Decreto relativo a la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2000, emitido por la H. Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2001, la ASF realizó las acciones que a continuación se mencionan:

 

 

Artículo 4.   Constatar en las auditorías financieras  que se practiquen a las dependencias y entidades, la observancia de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental.

 

 

DEPENDENCIAS

 

A las dependencias que a continuación se mencionan, se les requirió información sobre el particular, observándose lo siguiente:

 

 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

 

Continúa en proceso de depuración el saldo  de la cuenta de “Inversiones en Empresas de Participación Mayoritaria”.

 

Sobre los saldos de las cuentas de ”Bancos”, “Almacenes”, “Obras en Proceso” y las correspondientes a la Comisión Nacional del Agua, la dependencia no informó el grado de avance de su depuración.

 

En relación con el recuento físico de bienes inventariables, se informó de la implantación del “Sistema de Inventarios Desconcentrado por Delegación Federal”, que permitirá mantener actualizados los movimientos de altas, bajas y cambios internos, y llevar a cabo la conciliación con los registros contables a nivel dependencia.

 

Por último, la SEMARNAT giró oficios circulares a sus unidades administrativas, a efecto de garantizar que los movimientos presupuestarios se realicen con apego a la normatividad y se sustenten con la documentación comprobatoria y justificativa.

 

 

Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo

 

La dependencia realizó la depuración de la cuenta  “Obras en Proceso”, una vez concluida la conciliación realizada con la CABIN y con base en las actas de trabajos terminados.

 

Por lo que respecta al recuento físico de bienes inventariables, la SECODAM reportó que de conformidad con el programa anual instituido,  actualmente se lleva a cabo una verificación física  anual, de la totalidad de los bienes inventariables.

 

 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

 

En la STPS sigue pendiente la depuración de la cuenta “Créditos Sujetos a Resolución Judicial”, toda vez que continúan los trámites legales para la cancelación de esos registros.

 

 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

 

Respecto de los saldos de las cuentas de “Fideicomisos”, “Inversiones en Empresas de Participación Mayoritaria” y “Transferencias de Bienes Inventariables”, la dependencia informó que elaboró un programa de trabajo, para concluir su depuración en el último trimestre de 2002.

 

En lo que se refiere a gastos devengados fuera del procedimiento de ADEFAS, la dependencia informó que se implementó un mecanismo mediante el cual  las unidades administrativas deben comprobar que cuentan con disponibilidad presupuestal y obtener el

visto bueno del Órgano Interno de Control (OIC); asimismo, se sustentó el por qué no es posible incluirlos dentro del pasivo circulante.

 

 

Secretaría de la Reforma Agraria

 

La SRA informó que prosiguen los trámites jurídicos para llevar a cabo la depuración de la cuenta “Créditos Sujetos a Resolución Judicial”.

 

Informó que continúan los trabajos de depuración de la cuenta de “Fideicomisos” y que actualmente, los ingresos por intereses generados de sus cuentas bancarias, son enterados mensualmente a la Tesorería de la Federación (TESOFE), lo cual ha sido constatado por el OIC en sus revisiones.

 

 

Secretaría de Salud

 

Respecto de la depuración de los saldos de las cuentas  “Créditos Sujetos a Resolución Judicial” y “Descuentos y Percepciones a Favor de Terceros”,  se está integrando una carpeta a fin de elaborar acta ante el OIC para la cancelación de saldos, por lo que se encuentra pendiente su depuración.

 

Por lo que corresponde a las cuentas “Anticipos a Proveedores y Contratistas” y “Obras en Proceso”, la dependencia no reportó el grado de avance en su depuración.

 

Con relación a los recuentos físicos de los bienes inventariables y su conciliación contra registros contables, la SS informó que se encuentra en proceso de integración el inventario físico de las unidades centrales y órganos descentralizados, a cuyo término se realizará la conciliación y los ajustes al registro contable.

 

Sobre la implementación de acciones para recuperar anticipos, se indicó que ahora invariablemente se solicita la fianza correspondiente y ésta se hace efectiva en caso de cancelación de obras.

 

Por otro lado, la dependencia no proporcionó información de los registros contables de los bienes recibidos en donación y los donados, así como de los relativos a las responsabilidades fincadas.

 

Por último, señaló que actualmente la falta de documentación comprobatoria de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), origina la suspensión del trámite y su devolución a la unidad correspondiente.

 

 

Secretaría de Turismo

 

Los saldos de las cuentas “Cheques Expedidos para el Pago de Remuneraciones al Personal Federal”, “Transferencias de Bienes Inventariables”, “Deudores Diversos”, y “Anticipos a Proveedores y Contratistas”, están pendientes de depuración.  La cuenta “Descuentos y Percepciones a Favor de Terceros”, fue depurada en  el año 2001.

 

Por cuanto hace a la conciliación de los inventarios físicos contra los registros contables, la dependencia informó que se encuentra pendiente de concluir.

 

Para la recuperación de los anticipos otorgados, se depuraron las cuentas de “Deudores Diversos” y “Anticipo a Proveedores y Contratistas” y se procedió a la recuperación y reintegro de los recursos a la TESOFE; cuando ello no fue posible, se elaboraron las actas administrativas pertinentes y quedan pendientes de resolver los casos que se encuentran en proceso judicial.

 

Por otro lado, el mecanismo de control implementado para que las CLC cuenten con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, consiste en no dar trámite a las que no cuenten con ésta, lo cual quedó establecido en la  “Normatividad en Materia de Administración de Recursos” emitida en septiembre de 2001.

 

 

Secretaría de Educación Pública

 

Respecto de la depuración de las cuentas “Obras en Proceso”, “Descuentos y Percepciones a Favor de Terceros”, “Cheques Expedidos para el Pago de Remuneraciones”, “Descuentos por Faltas y Retardos” y “Transferencias de Recursos a Organismos Desconcentrados”, así como del recuento físico de los bienes inventariables y la valuación de los bienes de consumo a costo promedio, la dependencia no envió respuesta de los avances.

 

Secretaría de Energía

 

En relación a la depuración de las cuentas “Inversiones en Empresas de Participación Mayoritaria”, “Otras Inversiones”, “Patrimonio de Organismos Descentralizados”, “Fideicomisos y Deudores del Erario”, así como sobre la valuación de inventarios, la dependencia no envió respuesta de los avances.

 

 

Secretaría de la Defensa Nacional

 

Sobre la cuenta “Obras en Proceso”, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que una vez concluidos los proyectos, se canceló el saldo y se traspasó a la cuenta “Inmuebles”.

 

En el caso de la cuenta “Armamento”, la dependencia manifestó que su saldo disminuyó en 2.4%, debido a la pérdida o destrucción de componentes y refacciones.  Los importes recuperados de los responsables de esos actos, se depositan en la TESOFE.

 

Por lo que se refiere a las cuentas “Almacenes”, “Mobiliario y Equipo”, “Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos”, “Maquinaria, Herramientas y Aparatos”, “Colecciones Científicas, Artísticas y Literarias” e “Inmuebles”, la dependencia reportó que se incrementaron, señalando que los movimientos están debidamente contabilizados y documentados y que los procedimientos de alta o baja se realizaron conforme al “Manual para el Control de Bienes Muebles de las Unidades e Instalaciones Militares”.

 

 

Procuraduría General de la República

 

La PGR informó que las cifras contenidas en la cuenta “Almacenes” y en la  hoja de trabajo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, se encuentran conciliadas con los saldos reportados por el almacén de bienes de consumo.

 

Respecto de las cuentas de “Mobiliario y Equipo”, “Maquinaria, Herramientas y Aparatos”, “Colecciones Científicas, Artísticas y Literarias”, “Armamento”, “Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos”, “Obras en Proceso” e “Inmuebles”, se  realizó el inventario de bienes propiedad de la institución y se encuentran en el proceso de conciliación contra los registros contables, para que una vez determinadas las diferencias, se proceda a la depuración correspondiente.

 

 

Secretaría de Desarrollo Social

 

Se constató que la dependencia, durante el ejercicio de 2001, canceló un saldo por 23,598,410.9 miles de pesos que representaba el 72.5% del saldo total de la cuenta “Obras en Proceso”.

 

 

Secretaría de Gobernación

 

Con relación a la depuración de las cuentas de balance, se informó que el rubro de “Almacenes” se conciliará una vez que se valide el inventario de bienes de consumo, al 31 de diciembre de 2001.

 

Las cuentas “Mobiliario y Equipo”, “Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos”, “Maquinaria, Herramientas y Aparatos”, “Colecciones Científicas, Artísticas y Literarias” y “Armamento”, se encuentran en proceso de depuración y en fecha próxima se realizarán las conciliaciones con el inventario de activo fijo. Respecto a la cuenta “Obras en Proceso”, indicó que ésta se encuentra debidamente integrada y se esperan los finiquitos de obra para el traspaso de saldos. De la cuenta “Inmuebles” únicamente se integró el padrón correspondiente.

 

Para el reintegro oportuno de las economías presupuestales a la TESOFE, indicó que cada año se comunica oficialmente las fechas límite tanto a las unidades administrativas como órganos desconcentrados de la dependencia. De igual manera, se remiten oficios para que las adecuaciones presupuestarias se efectúen en tiempo y forma.  Sin embargo, derivado de la auditoría practicada a la Policía Federal Preventiva, Cuenta Pública 2000, se determinó que algunas ampliaciones y reducciones no se respaldaron con los oficios de adecuación presupuestaria correspondientes.

 

Para garantizar que las CLC cuenten con la documentación comprobatoria y justificativa, la dependencia indicó que instrumentó cambios en el proceso de recepción, revisión y control del pago, con la finalidad de verificar desde la ventanilla de ingreso, que se acompañe la documentación  indispensable.

 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores

 

Se informó que la cuenta de balance “Almacenes”, se encuentra depurada al 31 de diciembre de 2001.

 

Sobre la realización del recuento físico de bienes inventariables, la dependencia no proporcionó evidencia de que éste se haya efectuado.

 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

 

En relación con la depuración de saldos de las cuentas de balance, se constató que están en proceso de análisis nueve de ellas, con el grado de avance siguiente:

 

“Fideicomisos”.  Se identificaron los 37 fideicomisos que reporta la CHPF del Ramo 06 y se pudo constatar que existían saldos pendientes de regularizar correspondientes a 11 fideicomisos; al respecto, con póliza número 94 el 27 de junio de 2001, quedó registrada su reclasificación en las subcuentas respectivas.

 

“Patrimonio de Organismos Descentralizados”.  De su análisis se determinó que el saldo correspondía a los recursos transferidos a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros en los ejercicios de 1994 a 1995.  Con pólizas de diario se traspasó a las subcuentas de los organismos de banca y de seguros y continúa el proceso de depuración, al igual que el de las cuentas “Inversiones en Empresas de Participación Mayoritaria”, “Mobiliario y Equipo”, “Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos”,  “Maquinaria, Herramientas y Aparatos”, “Colecciones Científicas” y “Obras en Proceso”.

 

Se tomó conocimiento de los recuentos físicos practicados para el ejercicio 2000, así como su conciliación contra los registros contables.

 

Con el propósito de atender la recomendación y de reforzar los mecanismos de supervisión para que las CLC cuenten con la documentación comprobatoria correspondiente, se crearon las direcciones de Glosa, Depuración y Análisis, así como la de Información Financiera, Cuenta Pública y Subsistemas Contables.  Paralelamente se revisó, actualizó y emitió la normatividad correspondiente.

 

 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

 

Se implementó un programa de depuración de cuentas a nivel nacional, mismo que presenta un avance del 94%, quedando pendientes de depurar las cuentas siguientes:

 

“Deudores Diversos”, “Responsabilidades”,  “Créditos Sujetos a Resolución Judicial”, “Anticipos a Proveedores y Contratistas”, “Almacenes”,  “Remesas de Bienes de Consumo”, “Mobiliario y Equipo”, “Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos”,  “Maquinaria, Herramientas y Aparatos”,  “Colecciones Científicas, Artísticas y Literarias”,  “Armamento”, “Remesas de Bienes Muebles”,  “Semovientes”, “Especies Menores, Piscícolas y de Zoológico”, “Obras en Proceso”, “Descuentos y Percepciones a Favor de Terceros”, “Impuestos Retenidos Derivados de Servicios Personales” y  “Cheques Expedidos para Pago de Remuneraciones”.

 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

 

Respecto de las cuentas  “Fideicomisos”,  “Patrimonio de Organismos Descentralizados” e  “Inversiones en Empresas de Participación Mayoritaria”, la SCT informó que la depuración se realizará en el ejercicio de 2002.

 

En el caso de las cuentas: “Obras en Proceso”, “Bienes Muebles en Tránsito”, “Transferencias de Bienes Inventariables”, “Transferencias de Saldos”, “Otras Inversiones” y “Mercancías en Tránsito”, la dependencia no reportó haber iniciado gestión alguna para su depuración.

 

En lo concerniente al recuento físico de bienes, se  informó de su realización y del inicio del proceso de conciliación contra los registros contables.

 

 

ENTIDADES

 

Respecto de las entidades a continuación se informan los resultados de las acciones específicas llevadas a cabo por la ASF:

 

Verificar que las entidades paraestatales efectúen recuentos físicos de sus inventarios y que las deficiencias se corrijan de manera oportuna.

 

PEMEX Petroquímica realizó la conciliación del inventario de activos fijos y los registros contables; se obtuvieron diferencias que se presentan como partidas en conciliación, ocasionadas por la desincorporación de los organismos subsidiarios de PEMEX y de la creación de las empresas filiales de PEMEX Petroquímica, las cuales están en proceso de regularización y aclaración con las áreas correspondientes del Corporativo de Petróleos Mexicanos.

 

El ISSSTE, LFC y CAPUFE no realizaron la conciliación de la valuación de inventarios físicos practicados, con sus registros contables; los inventarios presentaron irregularidades.

 

En el ISSSTE se tienen detectados seis resultados de sobrantes por inventarios practicados en el segundo semestre de 2000.  Se cuenta con la autorización expresa del Consejo Directivo para la integración de los expedientes y/o informes contables a los que haya lugar.

 

En LFC, independientemente de los lineamientos establecidos para la toma general de los inventarios en sus almacenes y bodegas durante el ejercicio de 2000, se fijaron políticas contables para su valuación, con base en los costos que contempla el “Sistema de Control de Inventarios en Línea”, con lo cual quedó conciliado el valor de los inventarios con la contabilidad patrimonial.

 

Al analizar las respuestas de CAPUFE a la solicitud de información, se constató que elaboraron las conciliaciones de sus inventarios físicos al 31 de diciembre de 2000, contra sus registros contables, las cuales no reportaron diferencias significativas.

 

CAPUFE tiene pendiente la recuperación de las aportaciones financieras efectuadas en su carácter de fideicomitente al fideicomiso núm. 1673-7 (Construcción del cuerpo A del tramo carretero Esperanza-Ciudad Mendoza), por 1,026.3 millones de pesos y 173.1 millones de pesos de aportaciones efectuadas por la concesionaria. La recuperación de las últimas está sujeta a que se materialicen, en el largo plazo, diversas situaciones contingentes durante la vigencia de la concesión. Adicionalmente, el organismo tiene registrado un pasivo a favor de la concesionaria por 109.7 millones de pesos, correspondiente a los ingresos del “Sistema de Identificación Automática de Vehículos” que no han sido integrados al patrimonio del fideicomiso.

 

CAPUFE informó que se encuentra en proceso la formalización de los convenios de cesión de derechos a favor del Gobierno Federal, de los derechos fideicomitidos del organismo, así como del convenio mediante el cual la SHCP le otorgará facultades a éste para dar seguimiento a la evolución financiera de los fideicomisos.

 

Verificar por qué la CFE no reconoció activos fijos (plantas de vapor e hidroeléctricas) que entraron en operación en 1998 y 1999 por 15,723.0 millones de pesos; así como deudas contratadas a largo plazo por un monto de 10,953.0 millones de pesos, provenientes de contratos de arrendamiento capitalizables.

 

La entidad de acuerdo a la NIF-09 “Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto”, no está sujeta al reconocimiento de esos activos fijos en los estados financieros, así como tampoco de las deudas provenientes de contratos de arrendamiento capitalizables.

 

Verificar si en LFC ya fueron cuantificadas las contingencias que al 31 de diciembre de 2000 no se consideraron en los estados financieros (Impuesto Predial no enterado para 1997 y 2000; adopción de criterios diferentes a los del IMSS para la determinación del salario base de cotización e Impuesto Sobre Productos del Trabajo causado por prestaciones gravables no acumuladas de 1997 y 1998).

 

En relación al Impuesto Predial la entidad informó que han tenido reuniones con las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, tendientes a regularizar dicho impuesto.

 

Por cuanto hace a la determinación del salario base de cotización, para efectos de las cuotas al IMSS, éste ya no muestra criterios diferentes a los de dicho organismo.

 

Del Impuesto Sobre Productos del Trabajo no existen a la fecha percepciones que se encuentren excluidas de la determinación de los enteros que realiza el organismo.

 

Verificar si LFC, reconoció pasivo alguno por concepto de impuestos o contribución sobre los ingresos que percibió durante el periodo de 1995 a 2000.

 

Mediante oficio núm. 325-SAT-VII-B-102, la Administración Jurídica de Ingresos del SAT, resolvió que para el ejercicio de 1997, LFC en su carácter de organismo descentralizado debe aplicar a los ingresos que perciba, el régimen establecido en la Ley de Ingresos de la Federación y no las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que el organismo no tiene la obligación de reconocer pasivo alguno.

 

Verificar por qué las delegaciones foráneas de LFC, no cumplieron correctamente con el pago de sus obligaciones fiscales, y si los mecanismos de control implementados le permiten garantizar el registro de sus ingresos por servicios.

 

El pago de las obligaciones fiscales se cumplió correctamente y se implementaron mecanismos que  permiten al organismo garantizar el correcto registro de sus ingresos por servicios; entre otros, se elabora la conciliación mensual de los informes de recaudación con las fichas de depósito bancarias.

 

Verificar en PEMEX-Petroquímica, si los estados financieros de las sociedades anónimas de capital variable, Petroquímica Camargo, Cangrejera, Cosoleacaque, Escolín, Morelos, Pajaritos y Tula, ya incluyeron los ajustes derivados de los cálculos de la valuación de los activos a su valor de uso.

 

Se informó que dichos organismos no han realizado el registro contable de la valuación de sus activos, en virtud de estar en espera de la regularización del mercado de productos petroquímicos para determinar los valores correspondientes.

 

Verificar si la CFE implementó mecanismos de supervisión que le garanticen que sus áreas regionales aplican correctamente las disposiciones legales en materia de adquisiciones y si realizaron las acciones tendientes a recuperar los anticipos otorgados por servicios y sueldos.

 

La entidad reportó que cuenta con manuales de procedimientos de adquisiciones, los cuales son aplicados en sus gerencias regionales, mismos que fueron elaborados en concordancia con la Ley de la materia; y que, la recuperación de anticipos se realiza conforme a lo pactado en los contratos y vía nómina en el caso de los empleados.

 

 

Artículo 5. Respecto de la verificación de la observancia a las disposiciones legales aplicables, se informa que en las 312 auditorías practicadas por la ASF con motivo de la revisión de la CHPF 2000, se incorporó, en lo conducente, dicha comprobación.

 

Los resultados se consignan en los respectivos informes detallados, contenidos en los tomos sectoriales correspondientes.

 

 

Artículo 6. Adicionalmente a la observación expuesta por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en este artículo del Decreto, la ASF, mediante oficio No. OASF/902/02 de fecha 26 de abril de 2002, requirió a la SHCP la incorporación de información más completa y de mayor detalle, a efecto de facilitar su función fiscalizadora.

 

Al respecto se espera que la mayor parte de esos requerimientos sean atendidos a partir de la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera 2002.

 

 

Artículo 7. Se emiten las siguientes recomendaciones y solicitudes a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, otros Poderes y Órganos Autónomos.

 

 

a)     A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que incorpore como parte de la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Federal, indicadores estratégicos de la Función 03 Organización de Procesos Electorales, que permitan evaluar sus resultados.

 

La SHCP, en atención a la recomendación, incorporó dos indicadores estratégicos en el Presupuesto de Egresos del IFE para el ejercicio 2002, mismos que se consignarán en el Informe de Avance de Gestión Financiera y en la Cuenta Pública de ese ejercicio, como lo establece el Artículo 8o. de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

 

 

b)     A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Diconsa, S.A. de C.V., para que lleven a cabo las acciones necesarias que permitan cumplir con los objetivos de Abasto Rural y en su caso se adopten medidas para mejorar la aplicación del gasto.

 

Con relación a las acciones llevadas a cabo por la SHCP y DICONSA para cumplir con los objetivos de Abasto Rural, mediante el oficio núm. 801.1.-0208 del 18 de marzo de 2002, la SHCP informó a la ASF que en el año de 2001, el presupuesto autorizado para la entidad fue de 515.0 millones de pesos, de los cuales, mediante la autorización de adecuaciones presupuestarias, 330.5 millones de pesos fueron para gasto corriente y 184.5 millones de pesos para inversión física; con ello DICONSA renovó parcialmente el parque vehicular, el equipo de cómputo y reparó almacenes, destacando que la inversión ha sido la mayor en 10 años.

 

Asimismo, se autorizó un adelanto de calendario por 15.7 millones de pesos y otro de 100.0 millones de pesos, con el propósito de que DICONSA tuviera liquidez para responder a sus necesidades de operación y para el pago de adeudos vencidos a proveedores. La SHCP indicó que al finalizar el año la entidad tuvo economías en la adquisición de equipo de transporte, por lo que se autorizó transferir recursos de inversión a gasto corriente por 46.0 millones de pesos, a fin de apoyar la compra de 154.6 millones de toneladas de maíz.

 

Mediante escrito del 19 de julio de 2002, DICONSA informó que para el ejercicio fiscal del mismo año, los recursos fiscales autorizados en el presupuesto original ascendieron a 200.0 millones de pesos destinados a gasto corriente y que de los recursos adicionales que requería por 315.0 millones de pesos para resolver su situación financiera, al 31 de julio de 2002 había recibido 120.0 millones de pesos para el pago de productos básicos del Programa de Abasto Rural. Por otra parte, informó que tenía conocimiento que se encontraba en autorización una ampliación por 100.0 millones de pesos, lo cual fue confirmado por la SHCP mediante escrito de la misma fecha, por lo que sólo quedaban pendientes de recibir 95.0 millones de pesos.

 

Adicionalmente la ASF dará seguimiento a las acciones llevadas a cabo por la SHCP y DICONSA para cumplir con los objetivos de Abasto Rural en el ejercicio fiscal de 2002.

 

 

c)     A la Lotería Nacional, que registre al término del ejercicio los ajustes para la determinación de las cuentas de dudosa o difícil recuperación y cierres de sus balances.

 

LOTENAL informó que el monto de la aplicación a resultados, proveniente de los incrementos a la estimación para cuentas de cobro dudoso, se determina mediante la aplicación de un porcentaje equivalente al 1.02% del total de las ventas netas realizadas durante el año, de conformidad con los criterios autorizados por la SHCP. Dicho porcentaje fue calculado por perito actuarial independiente.

 

Asimismo indicó que su Junta Directiva aprobó, mediante el acuerdo 6/2000, el registro del incremento a la cuenta “Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso” por 103,200.0 miles de pesos, de los cuales 58,300.0 miles de pesos fueron aplicados a utilidades de ejercicios anteriores, 7,018.0 miles de pesos al remanente del ejercicio de 1999 y 37,882.0 miles de pesos al ejercicio 2000, contando con la autorización de la SHCP. Adicionalmente, en el ejercicio de 2000, se incrementó la estimación en 87,882.0 miles de pesos, para lo cual se contó con la autorización correspondiente. Además, en ese mismo año se aplicó a la reserva un importe de 2,771.8 miles de pesos.

 

 

d)     Que Luz y Fuerza del Centro, reconozca los pasivos de sus obligaciones laborales de los ejercicios 1998 y 1999 y cuantifique y registre en sus cuentas de balance el Impuesto Sobre Productos del Trabajo.

 

Se informó que la SHCP autorizó el incremento al pasivo laboral, únicamente por el monto neto para el periodo que arroje el estudio actuarial correspondiente, mas no para el registro total de esas obligaciones.

 

Asimismo, que a partir del ejercicio de 1998, el organismo cubre mediante recursos presupuestales autorizados por la Cámara de Diputados, el Impuesto Sobre Productos del Trabajo relativo a aquellas prestaciones no acumuladas a la base gravable de los trabajadores, no existiendo a la fecha percepciones que se encuentren excluidas de la determinación de los enteros, ni pasivos por revelar en los estados financieros.

 

 

e)     Que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), reconozca las obligaciones laborales, cuantifique y registre en sus estados contables, mediante estudios actuariales, las reservas financieras que garanticen el pago de éstas.

 

El ISSSTE señaló que no está obligado a tal disposición, toda vez que dichos compromisos están circunscritos a aquellas entidades paraestatales que así lo tengan señalado en sus leyes y que estén sujetas al apartado “A” del artículo 123 constitucional y su legislación reglamentaria.  En tal virtud, al Instituto le es aplicable lo dispuesto por la NIF-08-BIS expedida por la SHCP y la SECODAM.

 

En cuanto a las primas de antigüedad, no existe esta obligación. Por tales razones, en ambos casos no hay contingencia laboral que deba ser provisionada.

 

 

f)      Que el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE), concilie en sus cuentas de balance y registro contable, el saldo de los créditos para la vivienda con los del archivo maestro; así como integrar y depurar los saldos individuales de cartera vencida.

 

Por lo que se refiere a la conciliación de los registros contables con el saldo del archivo maestro de créditos, el FOVISSSTE informó que se tienen  integrados los saldos individuales de los años 1999, 2000 y el 60.0% de los créditos de 2001 y que este segmento de la cartera se encuentra depurado y conciliado con los registros contables. En relación al 40.0% faltante de créditos de 2001, está en proceso su incorporación en el archivo maestro, lo cual se estima concluir en el transcurso del ejercicio de 2002.

 

En relación a la depuración de saldos individuales de la cartera vencida y la conciliación de cifras de los registros contables con el saldo del archivo maestro (1973-2001), se realizó la contratación de una empresa para reconstruir los saldos individuales de la cartera de créditos hipotecarios.

 

 

g)     Que el Instituto Federal Electoral (IFE), reporte amplia y detalladamente, sobre el destino de los recursos utilizados por los partidos y asociaciones políticas que perdieron su registro ante el Instituto.

 

Mediante oficio No. DEA/473/2002, del 25 de julio de 2002, autoridades del IFE informaron que el 28 de mayo de 2002 fueron turnados a la Dirección de Subsistemas de Financiamiento y Tesorería de la SHCP, copia de los dictámenes consolidados que presentó la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos, respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales que perdieron su registro en el 2000.

 

h)     Que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), presente mayores explicaciones a las variaciones programáticas-presupuestales y que integre en sus presupuestos elementos programáticos, así como indicadores de evaluación y gestión, que contribuyan a medir la eficacia de su gasto.

 

La SRA señaló que ha realizado esfuerzos para ampliar las explicaciones a las variaciones programático-presupuestarias; no obstante, para el caso de las actividades institucionales 408 “Procurar Justicia”, 410 “Proporcionar Asesoría Jurídica”, 431 “Capacitar y Otorgar Becas a la Población” y 602 “Auditar a la Gestión Pública”, esa Secretaría no incluyó ningún indicador ni agregó explicación sobre los resultados obtenidos de la aplicación de los recursos asignados en 2001.

 

 

i)         Que la Secretaría de Educación Pública (SEP), desglose en los informes de la Cuenta Pública, los recursos que son erogados para la educación multilingüe, así como las entidades federativas que reciben estos recursos.

 

La SEP informó que las metas alcanzadas sobre la educación multilingüe correspondientes a los ciclos educativos 2000–2001 y 2001–2002 se presentan en la CHPF 2001. Además, señaló que se creó la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, la cual presentará en la rendición de la CHPF 2002, las acciones que realizó en los programas para la investigación y difusión de las lenguas culturales regionales, entre otros aspectos.

 

En cuanto a las entidades federativas que reciben estos recursos, señaló que a través del Ramo 33 “Fondo de Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios”, los estados atienden la demanda educativa de esta modalidad, siendo éstos los que distribuyen los recursos y el Congreso Local de cada estado quien fiscaliza su ejercicio.

 

j)      Que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, considere en la formulación y planeación de sus procesos de programación  y presupuestación, los indicadores de evaluación y gestión de los programas que están bajo su operación, con el propósito que esta Cámara valore la eficacia de sus asignaciones presupuestales.

 

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó en el ejercicio de 2001, siete indicadores relativos a construcción y remodelación de instalaciones; fabricación y reparación de material bélico; formación de personal técnico, profesionista y especialización; y, servicios de salud. Por lo que se refiere a la Secretaría de Marina, la dependencia informó que además de haber agregado tres indicadores de gestión para evaluar su operación, se están realizando los trabajos pertinentes para modificarlos y ampliarlos para el ejercicio de 2003.

 

 

k)     Que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), amplíe la base de cobertura de los programas asistenciales cuando hayan sido generados ahorros presupuestales.

 

Al mes de junio de 2002, la SEDESOL informó que durante el primer semestre del año no existía información sobre el ahorro presupuestal, pero que en dicho lapso formuló un programa de ahorro conforme a las disposiciones aplicables a la  Administración Pública Federal.  La ASF realizará el seguimiento para determinar si la dependencia está cumpliendo la recomendación formulada por la Cámara de Diputados.

 

 

l)      Que la Secretaría de Gobernación (SEGOB), desarrolle en lo sucesivo indicadores de evaluación de sus programas y actividades institucionales que permitan precisar la eficacia y los beneficios de la ejecución de sus recursos presupuestarios, asimismo considere disminuir el gasto de actividades no prioritarias y de aquellas comprendidas en el capítulo de servicios generales.

 

La SEGOB aún no ha concluido los trabajos para establecer los indicadores de evaluación y en cuanto a disminuir el gasto de las actividades no prioritarias y de servicios generales, en el año 2001 este capítulo absorbió 14.1% del total del gasto ejercido por esa dependencia, lo que significó un incremento de 4.6 puntos porcentuales respecto al observado en 2000.

 

La ASF programará las auditorías pertinentes para verificar la atención de esta recomendación.

 

 

m)    Que la Comisión Nacional del Agua (CNA) revise sus procesos de programación y presupuestación para evitar transferencias innecesarias.

 

La CNA remitió la información para atender esta recomendación, así como el dictamen presupuestal y el informe ejecutivo del ejercicio 2001, emitido por el auditor externo.  De su análisis se desprende que la autorización del presupuesto y sus posteriores modificaciones, cumplieron con la normatividad aplicable; que los ingresos por transferencias federales fueron registrados de acuerdo con la calendarización de las ministraciones de la TESOFE  al momento en que se ingresaron los fondos; y que no existieron ampliaciones virtuales que la SHCP no hubiera autorizado.

 

También se observó que las erogaciones de costos de programas y proyectos fueron financiados con los ingresos por transferencias y que su ejercicio se registró cuando se realizó el pago o se conoció el compromiso de pago, sin implicar obligaciones anteriores, ni con cargo a presupuestos de años posteriores.

 

El presupuesto le fue autorizado tanto por su coordinadora de sector como por la SHCP.  El programa financiero autorizado en el PEF para el año 2001, se formuló con los parámetros macroeconómicos establecidos e instruidos por la SHCP y la SEMARNAT.

 

Finalmente, la CNA para llevar a cabo la planeación, control, ejercicio y seguimiento de su presupuesto, ha implantado sistemas que le permiten obtener la información contable y presupuestal en forma mensual y acumulada, y actualmente la CNA desarrolla un sistema destinado a formular escenarios y programas de desarrollo hidráulico de corto, mediano y largo plazos, denominado Sistema de Programación Hidráulica (SPH), con el que se pretende lograr en forma integral un adecuado ejercicio presupuestal y consecución de metas.

 

 

Artículo 8. A la Auditoría Superior de la Federación, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, se le hacen los siguientes requerimientos:

 

 

a)     Tener presentes las recomendaciones del artículo anterior para posteriores revisiones y auditorías de futuros informes.

 

La ASF, en atención a lo señalado en el artículo 7 del Decreto en comento, incluirá en sus auditorías la verificación de los aspectos y recomendaciones señalados por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

 

 

b)     Realizar una auditoría respecto a la aplicación de recursos por 30.8 mil millones de pesos correspondientes al extinto ramo 26 y ahora ramo 20, con la finalidad de determinar si la aplicación de los recursos se apegó a la normatividad correspondiente y en su caso, se proporcione la documentación comprobatoria.

 

Para dar atención a esta instrucción se realizó la auditoría a la Secretaría de Desarrollo Social, denominada Seguimiento a las Acciones de la SEDESOL para Finiquitar la Comprobación de Recursos del Extinto Ramo 26 (1994-2000).

 

Se observaron algunas inconsistencias en la aplicación del procedimiento autorizado por la SHCP para depurar la cuenta contable “Obras en Proceso”, y tres obras no concluidas, con un costo de 4.7 millones de pesos.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral IX.1.1.4.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

c)        En lo sucesivo, informar con detalle en los Informes Previos sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, que se remitan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, aquellas dependencias y entidades  que no hayan depurado sus cuentas de balance, creado sus reservas para el pago de cuotas por servicios médicos y regularizado la propiedad de los bienes que hubieran sido recibidos en donación.

 

1)     Como resultado de sus intervenciones, la ASF ha podido constatar que las dependencias y entidades que a continuación se indican, no han depurado las cuentas de balance que se señalan:

 

 

Secretaría de Gobernación:

 

·         Almacén

·         Mobiliario y Equipo

·         Maquinaria

·         Herramientas y Aparatos

·         Colecciones Científicas, Artísiticas y Literarias

·         Armamento

·         Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos

·         Obras en Proceso e Inmuebles

 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores:

 

·         Almacén

 

 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación:

 

·         Responsabilidades

·         Créditos Sujetos a Resolución Judicial

·         Anticipos a Proveedores y Contratistas

·         Almacén

·         Remesas de Bienes de Consumo

·         Elaboraciones

·         Mobiliario y Equipo

·         Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos

·         Maquinaria, Herramientas y Aparatos

·         Colecciones Científicas, Artísticas y Literarias

·         Armamento

·         Remesas de Bienes Muebles, Semovientes, Especies Menores, Piscícolas y de Zoológicos

·         Remesas de Especies Animales

·         Obras en Proceso

·         Inmuebles

·         Descuentos y Percepciones a Favor de Terceros

·         Impuestos Retenidos Derivados de Servicios Personales

·         Cheques Expedidos para el Pago de Remuneraciones

·         Descuentos por Faltas y Retardos

 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes:

 

·         Obras en Proceso

·         Fideicomisos

·         Transferencias de Saldos

·         Créditos Sujetos a Resolución Judicial

·         Otras Inversiones

·         Patrimonio de Organismos Descentralizados Sujetos a Control Directo

·         Empresas Paraestatales Sujetas a Control Directo

·         Inversiones en Empresas de Participación Mayoritaria

·         Responsabilidades

·         Mercancías en Tránsito

 

 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial:

 

·         Fideicomisos

·         Inversión en Empresas de Participación Mayoritaria

·         Transferencias de Bienes Inventariables

 

 

Secretaría de Educación Pública:

 

·         Obras en Proceso

·         Descuentos y Percepciones a Favor de Terceros

·         Cheques Expedidos para el Pago de Remuneraciones

·         Descuentos por Faltas y Retardos

·         Transferencias de Recursos a Organismos Desconcentrados

 

 

Secretaría de Salud:

 

·         Créditos Sujetos a Resolución Judicial

·         Descuentos y Percepciones a Favor de Terceros

·         Anticipos a Proveedores y Contratistas

·         Obras en Proceso

 

 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social:

 

·         Créditos Sujetos a Resolución Judicial

 

 

Secretaría de la Reforma Agraria:

 

·         Créditos Sujetos a Resolución Judicial

·         Fideicomisos

 

 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

 

·         Bancos

·         Almacenes

·         Obras en Proceso

·         Inversiones en Empresas de Participación Mayoritaria

 

Procuraduría General de la República:

 

·         Obras en Proceso

 

 

Secretaría de Energía:

 

·         Inversiones en Empresas de Participación Mayoritaria

·         Otras Inversiones

·         Patrimonio a Organismos Descentralizados

·         Fideicomisos

·         Deudores del Erario

 

 

Secretaría de Desarrollo Social:

 

·         Fideicomisos

·         Patrimonio de Organismos Descentralizados

·         Transferencias de Bienes Inventariables

·         Otras Inversiones

·         Deudores Diversos

 

 

Secretaría de Turismo:

 

·         Cheques Expedidos para el Pago de Personal Federal

·         Transferencias de Bienes Inventariables

·         Deudores Diversos

·         Anticipos a Proveedores y Contratistas

 

 

IMSS:

 

·         En el IMSS, las cuentas: “Obras en Construcción”, “Cuentas por Pagar a Proveedores, Contratistas y Otros”, y “Mercancías en Tiendas”, no han sido objeto de conciliación y depuración, conforme lo señalado por el auditor externo en su carta de sugerencias.

 

LOTENAL:

 

·         Obras en Proceso

·         Bancos e Inversiones en Valores

 

 

2)       Respecto a las entidades que no han creado sus reservas para el pago de cuotas por servicios médicos, se comprobó que LOTENAL a la fecha no ha constituido las reservas correspondientes.

 

3)       Por lo que se refiere a las dependencias y entidades que no han regularizado la propiedad de los bienes que recibieron con carácter de donación, se constató que la Secretaría de Salud, la SEDESOL y el ISSSTE no han llevado a cabo la regularización de los citados bienes.

 

 

d)       Que informe con mayor detalle sobre aquellas dependencias y entidades que hubieran incumplido con el sistema de registro presupuestario.

 

De las revisiones efectuadas a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, otros Poderes y Órganos Autónomos, se determinó que los entes públicos que se mencionan a continuación, incumplieron con el sistema de registro presupuestario.

 

·         En el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), Instituto Nacional de Migración (INM), Policía Federal Preventiva (PFP), Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Presidencia de la República (PR), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de Turismo (SECTUR), se observó que sus registros presupuestarios no concuerdan con lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

 

·         En el CEPROPIE, INM, SESNSP, Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Instituto Federal Electoral (IFE), INSP, PR, Procuraduría General de la República (PGR), SCT, SEDENA, SECTUR, Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en PEMEX Exploración y Producción, se observó que algunos gastos no se registraron de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto.

 

·         En la PR, PGR, SEDESOL, Secretaría de Educación Pública (SEP) y SEDENA se observó que no efectuaron el registro correspondiente por el pasivo circulante (ADEFAS), al 31 de diciembre de 2000.

 

·         En el CEPROPIE, PFP, PR, Registro  Agrario Nacional (RAN) y SEDENA se observó que sus auxiliares presupuestales, no concuerdan con el estado del ejercicio del presupuesto (ministraciones).

 

·         En el INM, SESNSP, SCT, SEDESOL y TEPJF se observó que se registraron como ejercidos gastos que no fueron devengados al 31 de diciembre de 2000.

 

·         En la SEDESOL y SEDENA se observó que existen gastos devengados y pagados que no fueron registrados en la contabilidad.

 

·         En el CISEN, SESNSP, PGR, SAGARPA, SCT, SEDESOL, SEDENA y TEPJF se observó que recursos financieros no utilizados, depositados en bancos, se reintegraron a la TESOFE extemporáneamente, quedando registrados como ejercidos en la contabilidad.

 

 

e)     Que en lo referente a las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, se reporte un apartado especial en el Informe Previo, de aquellas dependencias y entidades que hubieren realizado adquisiciones, arrendamientos o enajenaciones, sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o que incumplan con la Ley y disposiciones aplicables.

 

De las revisiones efectuadas a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, otros Poderes y Órganos Autónomos, se determinaron incumplimientos a las disposiciones en materia de adquisiciones. A continuación se detallan los más relevantes:

 

·         En la SEP, INM, STPS, PFP, SESNSP, Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE (SITyF-ISSSTE) y PEMEX Refinación se adquirieron  bienes sin contar con oficio de autorización.

 

·         En el INSP y la SCT se adquirieron bienes o servicios que no se contemplaron en el programa anual de adquisiciones.

 

·         La SEDENA adquirió bienes sin contar con suficiencia presupuestal.

 

·         En la SEP, Instituto Nacional de Ecología (INE), INSP, SECTUR y PFP, algunas convocatorias y bases de licitación no incorporaron requisitos que por disposiciones normativas deben estipularse.

 

·         En la SEP, INE, IFE, CEPROPIE, SESNSP y Petroquímica Pajaritos, S.A. de C.V. no se  formalizaron pedidos o contratos dentro del plazo establecido para ello.

 

·         En la SEMARNAT, SEP, IFE, PFP, SESNSP, CISEN, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y el IMSS se adquirieron bienes no destinados al cumplimiento de sus programas y objetivos,  ya que permanecen sin utilizarse.

 

·         En el IFE, Secretaría de Marina (SEMAR), STPS, SESNSP, CISEN, SEMARNAT, SEP, CEPROPIE, Secretaría de Salud (SS), CAPUFE, IMSS, ISSSTE y PEMEX Refinación no se aplicaron o se aplicaron incorrectamente las penalizaciones por retraso en la entrega de bienes.

 

·         En la SEDENA y PFP se realizaron adquisiciones sin contar con el dictamen del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

 

·         En la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), CEPROPIE, PFP, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), LOTENAL, PEMEX Refinación y el IMSS no se acreditaron en varios casos los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez en los que se fundamentaron las adquisiciones.

 

·         En la STPS, PGR, INE y LOTENAL no se presentaron los informes al Órgano Interno de Control sobre las adjudicaciones que no se sujetaron al procedimiento de licitación pública.

 

·         La STPS, SE, PGR, CEPROPIE, SESNSP, CISEN, SENEAM, SEMAR, PEMEX Refinación, LOTENAL y CAPUFE recibieron fianzas fuera de los plazos estipulados en las bases y contratos respectivos.

 

·         En el SESNSP y CEPROPIE no se solicitaron  fianzas de cumplimiento en algunos casos.

 

·         El SITyF-ISSSTE, no aseguró la totalidad del parque vehicular con que cuenta.

 

·         La Universidad Autónoma de Hidalgo y la de México (UNAM) contravinieron en algunos casos, cláusulas de los convenios o acuerdos que regulan el ejercicio de fondos federales para la adquisición de bienes.

 

 

f)      Que realice una auditoría en los procedimientos y registros contables del Instituto Federal Electoral sobre las adquisiciones de equipos y servicios informáticos adquiridos durante el 2000.

 

Se efectuaron dos auditorías al IFE, la primera de ellas respecto de los Egresos Presupuestales del Capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”.

 

Se observaron deficiencias en el proceso de programación y presupuestación del Capítulo 5000; asimismo, adquisiciones de vehículos y bienes informáticos que no contaron con la dictaminación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y 1407 bienes ociosos.

 

Los resultados de la auditoría se presentan en el numeral II.5.1.4.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

La segunda revisión fue a los Insumos y Servicios Informáticos.

 

No se presentó evidencia de la prestación de  determinados servicios informáticos y no se aplicaron penas convencionales.

 

Los resultados de la auditoría se presentan en el numeral II.5.1.4.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

g)       Que efectúe una auditoría a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre los errores de información que presente la actividad institucional 408, en el Banco de Información Programática Presupuestal de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2000.

 

Se realizó la revisión denominada Egresos Presupuestales de la Actividad 408 “Procurar Justicia” en los Conceptos 1500 “Pago por Otras Prestaciones”, 1700 “Pago de Estímulos” y 2200 “Alimentos y Utensilios”.

 

Se constató que existe un error menor en la presentación de la explicación a las variaciones programáticas, ya que no se menciona el gasto de inversión efectuado.

 

Los resultados de la auditoría se presentan en el numeral II.6.1.3.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

h)     Que efectúe una auditoría a la Dirección General de Bienes Decomisados para conocer el destino de los recursos obtenidos por la incautación de los equipos de tala clandestina que la PROFEPA realiza en sus tareas de inspección y vigilancia forestal.

 

Se constató que derivado del largo tiempo que transcurre entre las fechas del decomiso y la del destino final, además de la falta de control de los bienes, la obtención de recursos es casi nula.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral IV.3.4.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

i)      Que audite y presente un informe amplio sobre los gastos de mantenimiento, arrendamiento y los que resulten de 22 aeronaves utilizadas por la Presidencia de la República, si tales son justificados y apegados a los lineamientos de austeridad y disciplina presupuestaria y demás normas relativas.

 

Se practicó una auditoría a la Presidencia de la República, denominada: Egresos Presupuestales de los Conceptos 3200 “Servicios de Arrendamiento” y 3500 “Servicios de Mantenimiento, Conservación e Instalación”.

 

Las aeronaves utilizadas por la Presidencia de la República se localizaron aseguradas y en funcionamiento. Los gastos de mantenimiento de las mismas se realizaron con apego a las especificaciones del fabricante y éstos fueron comprobados y justificados correctamente; se localizaron controles por centro de costo (aeronave) y bitácoras actualizadas; de igual forma, los gastos por consumo de combustible. No se efectuaron gastos por arrendamiento de aeronaves en el 2000.

 

En cuanto a la programación y justificación del uso de las aeronaves, se determinó que los vuelos fueron programados y autorizados mediante oficios de instrucción; se revisó el 20% del total de traslados realizados en el ejercicio 2000. Los servidores públicos que se transportaron formaron parte de la comitiva y seguridad presidencial y   viajaron para cumplir comisiones oficiales y en algunos casos, funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial efectuaron giras de trabajo oficiales.

 

El reporte de las cifras en Cuenta Pública fue correcto, excepto que no se proporcionaron los oficios de adecuación presupuestaria que amparan ampliaciones y reducciones por 8,053.2 y 6,548.0 miles de pesos respectivamente.  Asimismo, algunos pagos por concepto de asesorías no se formalizaron ni notificaron a la SHCP.

 

Los resultados de la auditoría se presentan en numeral II.2.1.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

j)      Que audite sobre las adquisiciones realizadas por la Secretaría de Gobernación respecto a las aeronaves y equipos de comunicaciones y seguridad pública que fueron destinadas a la Policía Federal Preventiva.

 

Se practicó auditoría a la Policía Federal Preventiva, denominada: Adquisición de Aeronaves, Equipos de Comunicación y Seguridad Pública de la PFP.

 

Las adjudicaciones directas de las aeronaves no se sustentaron con la documentación que justificara la selección de los proveedores y la excepción de la licitación pública. No se aplicaron sanciones por incumplimiento en la entrega de bienes, se efectuaron pagos previos a la entrega de las aeronaves y se identificaron bienes ociosos.

 

La PFP realizó adquisiciones directas sin justificar el riesgo, la excepción y la urgente necesidad.  Algunas adquisiciones no se sustentaron con la documentación original.  Con recursos de la partida 4310 “Acciones Policiales Especiales” se otorgaron préstamos a la SEGOB, en contravención de la norma. Existen saldos bancarios no reintegrados a la TESOFE.

 

Los resultados de la auditoría se presentan en el numeral II.3.5.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

k)     Que realice una auditoría sobre las adquisiciones de bienes informáticos de la Secretaría de Educación Pública durante 2000 destinados a la Red de Sistema de Educación Vía Satélite cuyo monto de compra, no es especificado en el Banco de Información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

 

Para dar atención a esta instrucción se realizó auditoría a la SEP denominada: Egresos Presupuestales del Capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”.

 

Se observó que los bienes informáticos adquiridos durante el ejercicio 2000, no fueron para el equipamiento de la Red EDUSAT sino para la  Red Escolar, cuyo procedimiento de adquisición fue realizado por el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, comprobando que de manera general, cumplió con la normatividad en la materia. Además, se constató documentalmente la entrega de la totalidad de los bienes mediante actas de entrega-recepción y se comprobó en algunos planteles, la existencia física de los bienes.  Asimismo, se revisó la instalación y el mantenimiento de diversos equipos de recepción para la Red EDUSAT, comprobando documentalmente que en el ejercicio de 2000 y 2001 fueron instalados 2,228 equipos de acuerdo con lo programado.

 

Los resultados de la auditoría se presentan en el numeral VII.1.1.3.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

l)      Que realice una auditoría al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), sobre el destino del tiraje de 1.7 millones de libros desagregando aquellos que fueron comercializados o dados en donación y los recursos ejercidos para tal fin.

 

En atención a lo requerido se practicó una revisión al CONACULTA, denominada: Egresos Presupuestales de la Partida 4303 “Transferencias para la Contratación de Servicios”.

 

Respecto del destino del tiraje total de 1,781,309 libros, se constató que 706,334 (39.6%) son propiedad de diversas casas editoriales; 593,110 libros (33.3%), se entregaron a Educal, S.A. de C.V. para su comercialización; 410,775 (23.1%) fueron donados a bibliotecas y salas de lectura y 71,090 (4.0%) se entregaron a la Dirección General de Publicaciones para su comercialización y promoción.

 

El presupuesto ejercido para el ejercicio en 2000 fue de 35,700.9 miles de pesos, de los cuales se eligió una muestra de 20,228.4 miles de pesos,  comprobando que éste se erogó conforme a la disposiciones legales y normativas aplicables.  Sin embargo, el organismo no cuenta con políticas o lineamientos que regulen la elección de los títulos que se habrán de coeditar o editar.

 

Los resultados de la auditoría se presentan en el numeral VII.1.6.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

 

m)    Que se realice una auditoría a las adquisiciones realizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) en el capítulo de Materiales y Suministros.

 

Al efecto, se realizó la auditoría: Egresos Presupuestales de los Capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”.

 

Se determinó que se efectuaron compras dirigidas de materiales y útiles de oficina, y de consumibles de cómputo, donde los proveedores participantes se encontraban vinculados, lo que se tradujo en sobrepecios y daños al erario federal estimados en  1,114.7 miles de pesos.

 

En relación con las adquisiciones de insumos para los comedores de la dependencia, se determinó un probable daño al erario por 581.1 miles de pesos, en virtud de que no ingresaron a los almacenes las  mercancías pagadas mediante CLC. Además existen facturas que contienen firmas de los responsables de los comedores y/o almacenistas presumiblemente falsificadas y sellos de recepción que no corresponden a los utilizados oficialmente en dichos comedores. Finalmente, se constató que un proveedor no declaró ante la SHCP todos los ingresos percibidos en las operaciones que celebró con la STPS.

 

Los resultados de la auditoría se presentan en el numeral IV.6.1.4.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

n)     Que se realice una auditoría integral a DICONSA, S.A. de C.V., a fin de conocer si se cubrieron las metas programadas para el 2000, toda vez que los recursos fiscales asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación dentro de la actividad institucional 440 “Almacenar, Comercializar y Abastecer Productos Básicos” para ese año fueron de 715.90 millones  de pesos y sólo fueron erogados 405.36 millones; toda vez que 310.54 millones, fueron transferidos y no ejercidos por esta entidad y en caso de que este recorte y/o subejercicio haya sido una de las razones por las cuales no se alcanzaron las metas programadas, sea la Auditoría Superior de la Federación quien dé cuenta de esto, y en su caso, promueva el fincamiento de responsabilidades en su Informe Final.

 

El requerimiento se atendió con la revisión titulada: Transferencia de Recursos Fiscales, practicada a DICONSA, S.A. DE C.V.

 

La auditoría comprendió la revisión de la documentación presupuestaria relativa a la asignación de 715,900.0 miles de pesos y la canalización de 405,359.6 miles de pesos a través de las transferencias autorizadas a DICONSA en el 2000, así como el efecto que pudo ocasionar la reducción presupuestaria por 310,540.4 miles de pesos.

 

De la revisión efectuada al ejercicio 2000, se concluye que la reducción al presupuesto por 310,540.4 miles de pesos fue una de las causas  para que DICONSA no alcanzara las metas programadas.

 

En relación con el Programa de Abasto Rural, se concluye que DICONSA tuvo un desempeño no satisfactorio en cuanto al compromiso de incrementar en el mediano plazo la cobertura de atención a la población de alta y muy alta marginación; en la sustitución del parque vehicular; en el impacto social del programa en las localidades objetivo; y, en la dotación del capital de trabajo a las tiendas comunitarias.

 

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral IX.1.3.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

o)     Revise los procedimientos de ampliaciones líquidas a los presupuestos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), particularmente aquellos relacionados al capítulo de Servicios Generales.

 

Para atender esta instrucción se practicó la auditoría denominada: Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 “Servicios Generales”.

 

Se comprobó que la variación por 895,044.7 miles de pesos, respecto del presupuesto original autorizado de 483,600.0 miles de pesos, se debió principalmente al pago anticipado a BANOBRAS por el crédito que otorgó al Fideicomiso Núm. 1932, a fin de adquirir los derechos de uso, explotación, operación y conservación del tramo carretero Palmillas-Querétaro, por 757,655.2 miles de pesos, con fundamento en diversos acuerdos de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento. El pago correspondiente se registró en la partida 3407 “Otros Impuestos y Derechos”.

 

Los resultados de la auditoría se presentan en el numeral VI.1.3.4.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

p)     Que se promueva el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar, a los servidores públicos que realizaron pagos por servicios recibidos en 1999 con cargo al presupuesto de 2000, sin haber aplicado el procedimiento de registro conforme a la normatividad aplicable, así como a aquellos que no reportaron a la TESOFE los ingresos por intereses que generaron sus cuentas bancarias.

 

Se elaboraron los dictámenes técnicos para dar intervención a los OIC en los entes públicos, a efecto de que determinen e inicien las acciones procedentes por las presuntas irregularidades en comento, en virtud de que éstas se desprenden de la evaluación a las respuestas emitidas por las dependencias respecto a la observancia de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental y no de la ejecución de alguna auditoría practicada por la ASF.

 

En los casos en que estos hallazgos son, producto de las revisiones practicadas, invariablemente se promueven las acciones correspondientes.

 

 

 

I.5.2.Atención de los Puntos de Acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

 

 

Es de señalarse, que el Programa de Auditorías consideró las solicitudes planteadas por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la siguiente forma:

 

 

Solicitud CVASF/089/02, del 1º. de marzo de 2002

 

1)                                           “Solicitan se practique auditoría a FOVISSSTE y FSTSE, por irregularidades en la construcción de viviendas en el módulo habitacional fraccionamiento denominado “El Paraje”, ubicado en la ciudad de Tapachula de Córdova, Chiapas. Ejercicio Fiscal del año 2000”.

 

Para atender esta solicitud, se practicó revisión al FOVISSSTE denominada Otorgamiento de Créditos Hipotecarios. Sus resultados se presentan en el numeral VIII.3.2.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

2)                                           “Solicitan se practique una auditoría respecto de los recursos federales transferidos, para la pavimentación del Camino Las Choapas-Cerro de Nanchital, Veracruz. Ejercicio fiscal de 2000”.

 

La revisión de los aspectos solicitados, se consideró en la revisión al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, practicada en el Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas, Veracruz. Sus resultados se presentan en el numeral X.29.3.1.1. del tomo correspondiente.

 

 

3)                                           “Solicitan se practique auditoría a los recursos públicos federales asignados al estado de Tabasco, particularmente a los recursos provenientes del Ramo 33, que fueron asignados a diversos municipios de dicha Entidad Federativa. Ejercicio fiscal de 2000”.

 

Este requerimiento se atendió con la auditoría a los recursos transferidos al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, practicada a 17 municipios del estado de Tabasco. Los resultados de la revisión se presentan en el numeral X.26.2.1.1. del tomo correspondiente.

 

 

4)                                           “Piden se investigue la probable irregularidad en el manejo de recursos federales asignados al organismo descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, en agravio de los derechos de los Jubilados y Pensionados de dicho organismo público”.

 

Para su atención se practicó revisión a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, denominada Egresos Presupuestales del Concepto 4100 “Ayudas”. Los resultados se presentan en el numeral VI.1.1.4.2. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

5)                                           “Solicitan se practique una auditoría, respecto de los recursos federales transferidos al Estado de Veracruz-Llave, en el ejercicio fiscal de 2000”.

 

Se revisaron los recursos federales transferidos y ejercidos por la Secretaría de Salud y Asistencia del estado de Veracruz. Los resultados de revisión se presentan en el numeral X.29.4.1.1. del tomo correspondiente.

 

 

6)                                           Solicita se auditen: a la CFE “Planta Carboeléctrica José López Portillo, Unidad Carbón II”, ubicada en el Estado de Coahuila; y al IMSS, con relación a la licitación de los concursos para el abasto de medicamentos.

 

Para atender esta solicitud, se practicaron revisiones a la Comisión Federal de Electricidad y al Instituto Mexicano del Seguro Social, denominadas Adquisición de Carbón y Adquisición de Medicamentos y Materiales de Curación: Coordinaciones Regionales de Abastecimiento La Raza y Siglo XXI, respectivamente. Los resultados se reportan en los numerales V.1.1.4.3. y VIII.2.1.3.3. de los tomos sectoriales correspondientes.

 

7)                                           “Solicitan una auditoría a la Secretaría de Desarrollo Social, periodo 1994-2000, por la falta de documentación comprobatoria del gasto por 30 mil millones de pesos, ejercidos conforme a las Reglas de Operación de los Ramos 26 y 33 y transferidos e entidades federativas y municipios, así como a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.

 

Para atender lo solicitado, se realizó auditoría a la SEDESOL, denominada Seguimiento a las Acciones de la SEDESOL para Finiquitar la Comprobación de Recursos del Extinto Ramo 26 (1994-2000). Sus resultados se consignan en el numeral IX.1.1.4.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

8)                                           “Por otra parte, la Comisión también acordó que en la Revisión de la Cuenta Pública del año 2000, se incluya una auditoría a la Paraestatal Petróleos Mexicanos, respecto de los recursos federales que transfiere a su Sindicato”.

 

La solicitud se atendió con la revisión denominada Entrega de Recursos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, practicada a PEMEX Corporativo. Sus resultados se reportan en el numeral V.1.7.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Solicitud CVASF/219/02, del 14 de mayo de 2002

 

 

1)     “Solicitud de auditoría especial y de desempeño a la Comisión Federal de Electricidad, por presumir deficiencias administrativas que generan un gasto excesivo en la operación de la paraestatal que arrojan indicadores de ineficiencia. Fundamenta su propuesta a petición de ciudadanos del Comité de Usuarios del Municipio de Ahome, Sinaloa”.

 

El requerimiento se atendió con la auditoría de desempeño denominada Evaluación del Programa de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, practicada a la Comisión Federal de Electricidad y sus resultados se presentan en el numeral V.1.1.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

2)     “Solicitud de auditoría al Gobierno del estado de México, respecto de los recursos federales transferidos a aquella Entidad Federativa. Presumen probable desvío de recursos a campañas internas del Partido Político del Gobernador, así como la presunción de irregularidades que se desprenden de la cuenta pública del año 2000”.

 

Este planteamiento se atendió con las auditorías financieras y de cumplimiento a los fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social y para el Fortalecimiento de los Municipios, denominadas: Recursos del Fondo Ejercidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de México. Los resultados de estas revisiones se presentan en los numerales X.16.2.1.1. y X.16.3.1.1. del tomo del Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.

 

 

3)     “Solicitud para que se revise el ejercicio de recursos federales provenientes del Ramo 33, asignados al municipio de Santa Clara Ocoyucan, Estado de Puebla. Presumen probables irregularidades administrativas en el manejo de recursos”.

 

Para su atención se solicitó la participación del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla. Sus resultados se presentan en el numeral X.21.2.1.1. del tomo correspondiente.

 

 

4)     “Diputados de cuatro fracciones parlamentarias, que atienden las negociaciones de cartera vencida de deudores de la banca de aquella Entidad (Chihuahua), solicitan se audite a BANAMEX, BANORTE, SCOTIA BANK y BITAL”.

 

La atención de este punto, en cuanto a BANAMEX, se consideró en la auditoría especial titulada Programa de Capitalización y Compra de Cartera, practicada al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

 

Por lo que toca a BANORTE y BITAL, bancos que también recibieron apoyos de capitalización por el FOBAPROA, serán fiscalizados en el Programa de Revisión de la Cuenta Pública de 2001; en el caso de SCOTIA BANK (antes Inverlat), éste será fiscalizado en lo que corresponde al saneamiento financiero.

 

Sus resultados se presentan en el numeral III.1.12.3.3. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

5)     “Solicitud para que se revise el ejercicio de recursos federales provenientes del Ramo 33, asignados al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Estado de Jalisco. Presumen probable desvío de recursos en obra pública y obra de agua potable”.

 

Del análisis de la solicitud, se determinó que ésta corresponde al ejercicio fiscal 2001, motivo por el cual su atención se considerará en el Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones sobre la revisión de la Cuenta Pública del referido ejercicio.

 

 

6)     “Solicitud para que se audite PEMEX, por presumir irregularidades derivadas de la negativa para devolver beneficios fiscales en términos del Decreto del 22 de diciembre de 1999, en perjuicio de los trabajadores adscritos a la Coordinación Técnica Operativa, sector agua dulce. Agrega tener presunciones de que dicha irregularidad se presenta de manera sistemática”.

 

Los aspectos de la revisión planteada, fueron considerados en la auditoría financiera y de cumplimiento practicada a PEMEX Exploración y Producción, denominada Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 “Servicios Generales”. Los resultados se presentan en el numeral V.1.8.3.3. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

7)     “Solicitud para revisar la correcta aplicación de recursos federales provenientes del ramo 33, asignados al municipio de Huixquilucan, Estado de México, por presumir incorrecta aplicación por desviación de recursos, materiales facturados no suministrados, materiales suministrados no aplicados”.

 

Esta solicitud se atendió con la revisión a los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y para la Infraestructura Social. Sus resultados se incluyen en los numerales X.16.2.1.4. y X.16.3.1.3. del tomo correspondiente.

 

 

8)     “Piden se practique auditoría para verificar la correcta aplicación de los recursos provenientes del Ramo 33, asignados a los Municipios de: Atizapán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Lerma, Naucalpan, San Martín de las Pirámides, Temascapala, Tepotzotlán y Villa del Carbón, todos del Estado de México”.

 

La evaluación y seguimiento del ejercicio del gasto observado, se fiscalizó con la práctica de cinco auditorías financieras y de cumplimiento a los fondos de Aportaciones al Fortalecimiento Municipal y para la Infraestructura Social, ejercidos por diversos municipios del Estado de México. Los resultados de las revisiones practicadas se presentan en los numerales X.16.2.1.2., X.16.2.1.3., X.16.2.1.4., X.16.3.1.2. y X.16.3.1.3. del tomo del Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.

 

 

9)     “Solicitud para que se revise la operación de compra venta de BANCOMER y PROBURSA. Agrega escrito de denuncia de hechos, donde presume la existencia de ilícitos y supone el probable manejo irregular de recursos federales en las operaciones de compra venta de PROBURSA en 1995 y BANCOMER en 2000, por parte del Grupo Financiero Español”.

 

La fiscalización de esta operación quedó comprendida en la revisión practicada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, denominada Evaluación del Proceso de Fusión y Compra BBVA-BANCOMER y sus resultados se presentan en el numeral III.1.1.4.7. del tomo sectorial correspondiente.

 

10)   “Se incorpore a la segunda fase del programa de auditorías para la revisión de la cuenta pública federal, correspondiente al año 2000, una revisión respecto del caso MEXLUB”.

 

Para atender esta indicación se realizó una evaluación a PEMEX Refinación, denominada Mexicana de Lubricantes MEXLUB. Los resultados se presentan en el numeral V.1.10.3.1. del tomo sectorial correspondiente.

 

 

Solicitud CVASF/221/02, del 14 de mayo de 2002

 

 

1)     “Incorpore en la Segunda Fase del Programa de Auditorías para la Revisión de la Cuenta Pública Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2000, en lo que respecta a la revisión de los recursos federales transferidos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato”.

 

Para atender este requerimiento, se revisaron los recursos federales ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y sus resultados se presentan en el numeral X.12.4.1.1. del tomo correspondiente.

I.6. ACCIONES PROMOVIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2000 Y DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

La entidad de fiscalización superior de la Federación, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de las que le confieren la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, efectúa la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y determina observaciones, sobre las deficiencias e irregularidades que dan origen a la promoción de acciones correctivas y preventivas.

 

En consecuencia, y a efecto de dar cabal cumplimiento a las disposiciones que regulan la fiscalización superior, la ASF de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, inicia cuando es pertinente, las siguientes acciones de carácter correctivo:

 

 

·         Denuncias de Hechos ante las autoridades competentes, por la presunta comisión de ilícitos de naturaleza penal.

 

 

·         Fincamiento de Pliegos de Observaciones por presuntos daños o perjuicios, estimables en dinero, al erario federal. La ley establece un plazo de 45 días hábiles para que se informe sobre el resarcimiento a la Hacienda Pública Federal, o su justificación, sin perjuicio de que la ASF promueva otro tipo de acciones que estime procedentes.

 

 

·         Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas ante los órganos internos de control, en atención a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

 

 

·         Solicitud de Intervención a los Órganos Internos de Control en los entes auditados, en los casos en los que la ASF detectó posibles incumplimientos a las disposiciones normativas, para que en el ámbito de sus atribuciones, revisen y, en su caso, inicien el procedimiento administrativo que proceda e informen a este órgano técnico de sus actuaciones.

 

 

·         Señalamientos a las autoridades fiscales por probables errores u omisiones en las declaraciones de entes públicos, relacionados con la recaudación de impuestos, productos, derechos, aprovechamientos y aportaciones de seguridad social.

 

 

·         Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal ante las autoridades competentes, por posibles actos de evasión fiscal de los contribuyentes, detectados durante las intervenciones de la ASF.

 

 

·         Solicitud de Aclaración en los casos en que las operaciones realizadas no fueron debidamente soportadas, pero tampoco fue posible obtener los elementos suficientes para proceder a la formulación de pliegos de observaciones u otro tipo de acciones. En estos casos, los entes públicos disponen de un plazo de 45 días hábiles para presentar la documentación o información correspondiente; de no ser atendido este requerimiento en tiempo y forma, la ASF promoverá las responsabilidades que en su caso procedan.

 

Por cuanto hace a las acciones de carácter preventivo, la ASF promueve las siguientes:

 

·         Recomendaciones relacionadas con deficiencias del control interno en la operación de los entes auditados, con la finalidad de fortalecer sus sistemas administrativos, evitar la discrecionalidad en la toma de decisiones, propiciar el cabal cumplimiento de las disposiciones normativas y desalentar la comisión de ilícitos.

 

·         Recomendaciones al Desempeño, con objeto de que los entes evaluados mejoren su gestión, atiendan problemas estructurales, adopten las mejores prácticas y cumplan sus objetivos y metas con eficacia, eficiencia y economía.

 

En los apartados siguientes se presenta la situación de las acciones promovidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios de 1994 a 2000.

 

I.6.1.Acciones Promovidas con Motivo de la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2000

 

De la fiscalización a la Cuenta Pública de 2000, la ASF determinó 3,334 observaciones, de las cuales se desprendieron las siguientes acciones:

 

RESUMEN DE ACCIONES PROMOVIDAS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2000

 

 

TIPO DE ACCIÓN

 

NÚMERO

 

%

 

 

 

 

ACCIONES CORRECTIVAS:

 

1,470

 

31.6

 

·          Denuncia de Hechos

 

6

 

0.1

 

·          Pliego de Observaciones

 

24

 

0.5

 

·          Solicitud de Intervención de los Órganos Internos de Control

 

 

737

 

 

15.9

 

·          Señalamiento

 

10

 

0.2

 

·          Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal

 

 

22

 

 

0.5

 

·          Solicitud de Aclaración

 

671

 

14.4

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS:

 

 

3,183

 

 

68.4

 

·          Recomendación

 

2,900

 

62.3

 

·          Recomendación al Desempeño

 

283

 

6.1

 

TOTAL DE ACCIONES

 

4,653

 

100.0

 

 

De 4,653 acciones determinadas, 1,470 (31.6%) son de carácter correctivo y 3,183 (68.4%) preventivo, tal y como se muestra a continuación:

 



 


Del total de acciones correctivas, 6 (0.4%) corresponden a denuncias de hechos; 24 (1.6%) a pliego de observaciones; 737 (50.1%) a solicitudes de intervención de los órganos internos de control; 10 (0.7%) corresponden a señalamientos; 22 (1.5%) a solicitudes de promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 671 (45.7%) a solicitudes de aclaración, como lo muestra la gráfica siguiente:

 


 



Por cuanto hace a las acciones preventivas, 2,900 (91.1%) corresponden a recomendaciones sobre deficiencias de control interno de los entes auditados y 283 (8.9%) a recomendaciones al desempeño, como se presenta a continuación:


 

 


Por otra parte, como resultado de la intervención de la ASF se concretaron resarcimientos a la Hacienda Pública Federal por 4,199.7 miles de pesos  y 235.0 miles de dólares a la fecha de este informe.

 

Asimismo, se estimaron posibles resarcimientos por un monto de 329,307.5 miles de pesos, 4,180.3 miles de dólares estadounidenses y 64.6 miles de marcos alemanes.

 

Sobre las acciones determinadas, la ASF realizará el seguimiento indicado para cada caso, con objeto de verificar que se apliquen las medidas preventivas y correctivas recomendadas, se aclaren documentalmente las observaciones, se efectúen los resarcimientos que procedan y, en su caso, se promueva el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar.

 

 

1.6.2.Situación de las Observaciones y Acciones Promovidas con Motivo de la Revisión de la Cuenta Pública de Ejercicios Anteriores (1994 - 1999)

 

 

A)    Acciones Preventivas. CHPF 1996-1999

 

 

Por cuanto hace a la CHPF de 1995 y de años anteriores, no existen recomendaciones pendientes de solventar.

 

En lo que respecta a la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios de 1996 a 1999, al 30 de junio de 2001 existían 1,240 recomendaciones en proceso de solventación, a las que se sumaron 2,778 formuladas durante la revisión de la Cuenta Pública de 1999, lo que arroja un total de 4,018.

 

 

Mediante las acciones de seguimiento efectuadas por la ASF, de julio de 2001 a junio de 2002, se constató la atención de 2,812 recomendaciones (70.0%), por lo cual al cierre de ese periodo continuaban en proceso de solventación 1,206 recomendaciones (30.0%), como se muestra a continuación:

 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA ASF

SOBRE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 1996 A 1999

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2002

 

 

RECOMENDACIONES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL

 

TOTAL

 

%

1996

1997

1998

1999 (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitidas en años anteriores

 

2,624

 

3,766

 

3,562

 

 

 

9,952

 

100

 

 

 

 

 

 

 

A junio de 2001:

 

 

 

 

 

 

          a) Solventadas

2,618

3,649

2,445

 

8,712

87.5

          b) Por solventar

6

117

1,117

 

1,240

12.5

 

 

 

 

 

 

 

Total por solventar

6

117

1,117

2,778

4,018

100

 

A junio de 2002:

 

 

 

 

 

 

          a) Solventadas

4

81

864

1,863

2,812

70.0

          b) Por solventar

2

36

253

915

1,206

30.0

 

 

 

 

 

 

 

(*)            Incluyen 181 “Recomendaciones al Desempeño”.

 

 

 

B) Acciones Correctivas. CHPF 1999

 

Respecto a las 1,181 acciones correctivas formuladas por la ASF, sobre la fiscalización de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio de 1999, durante el periodo julio 2001 a junio de 2002, se observa la siguiente evolución:

                                                                                                                                                

1)            Denuncias de Hechos

 

Las 13 Denuncias de Hechos presentadas ante las instancias correspondientes, representaron presuntos desvíos de recursos federales por 320,763.8 miles de pesos, imputables a servidores públicos que en el desempeño de un cargo o comisión, incurrieron en: uso indebido de atribuciones y facultades; evasión fiscal; peculado; falsificación de documentos; o, ejercicio indebido del servicio público.

 

A la fecha que se reporta, las denuncias se encuentran en la etapa de averiguación previa, por parte de las autoridades competentes.

 

DENUNCIAS DE HECHOS

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 1999

 

 

 

TIPO DE ACCIÓN

 

PRESENTADA

 

CONSIGNADA

 

AVERIGUACIÓN PREVIA

 

 

 

 

 

Denuncias de Hechos 1/

 

13

 

 

 

 

13

 

1/             Incluye 3 casos que en el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1999, se reportaron como “Probable Denuncia de Hechos”; las otras no contaron con los elementos técnicos para su promoción.

2)            Pliegos de Observaciones

 

Sobre la revisión de la CHPF 1999, la ASF ha formulado 49 Pliegos de Observaciones; de ellos, en el Informe de Resultados correspondiente se consignaron 15, los cuales han evolucionado como sigue:

 

·         3   (20.0%), solventados.

·         12 (80.0 %), en proceso de atención.

 

Respecto de los 34 Pliegos de Observaciones adicionales, formulados durante el periodo julio de 2001 a junio de 2002:

 

·         4 (11.8%), han derivado en responsabilidades.

·         30 (88.2%), se encuentran en proceso de atención.

 

El resumen de este tipo de acciones, se presenta a continuación:

 

 

 

PLIEGOS DE OBSERVACIONES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 1999

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ACCIÓN

 

FORMULADO

 

SOLVENTADO

PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD

EN PROCESO DE ATENCIÓN

 

 

 

 

 

 

Pliegos de Observaciones:

Porcentaje

 

 

49

100.0%

 

3

6.1%

 

4

8.2%

 

42

85.7%

a) Informe de Resultados 1999

15

3

 

12

          b) Adicionales (julio 2001 a junio 2002)

34

 

4

30

 

 

3)             Promoción del Fincamiento de Responsabilidades

 

Al 30 de junio de 2002 se han generado 3, de las cuales en el Informe de Resultados 1999, sólo se consignaron las dos que a esa fecha habían sido promovidas ante la SECODAM.

 

Al respecto, se informa que todas ellas se encuentran en proceso de atención por parte de esa Secretaría.

 

El resumen de su evolución se presenta a continuación:

 

 

 

PROMOCIÓN DEL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 1999

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ACCIÓN

 

EMITIDA

 

ATENDIDA

 

EN PROCESO DE ATENCIÓN

 

 

 

 

 

Promoción del Fincamiento de Responsabilidades Administrativas:

 

 

 

3

 

 

 

3

          a) Informe de Resultados 1999

2

 

2

          b) Adicionales (julio 2001 a junio 2002)

1

 

1

 

 

 

 

4)            Otras Acciones

 

Los Señalamientos, Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, Solicitudes de Aclaración y Solicitudes de Intervención del Órgano Interno de Control, en conjunto totalizan 1,148. El 49.6% de ellos está a cargo de los órganos internos de control, el 3.4% a cargo del Servicio de Administración Tributaria y el 47.0% restante a cargo de los propios entes auditados.

 

a)     De los 21 señalamientos formulados, principalmente al SAT, se reporta que 1 (4.8%), ha sido atendido por dicha instancia y 20 (95.2%) están en proceso.

 

b)       De las 18 solicitudes de comprobación fiscal dirigidas al SAT, se informa que en 3 de ellas (16.7%), dicho organismo procedió en consecuencia y 15 casos (83.3%), se encuentran en proceso de análisis.

c)     De las 540 solicitudes de aclaración formuladas, 30 (5.6%) han sido solventadas por los entes públicos auditados. Los restantes 510 casos (94.4%) continúan en proceso de atención, para que se justifique lo observado o, en su caso, se operen los resarcimientos determinados y/o se promueva el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar.

 

d)     De las 569 Solicitudes de Intervención del Órgano Interno de Control, 120 (21.1%) se han atendido y 449 (78.9%) se reportan en proceso de atención.

 

El resumen de este tipo de acciones y su evolución se presenta a continuación:

 

 

 

 

 

ACCIONES PROMOVIDAS ANTE OTRAS INSTANCIAS DE CONTROL

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 1999

 

 

TIPO DE ACCIÓN

 

EMITIDA

 

ATENDIDA

 

EN PROCESO DE ATENCIÓN

 

 

 

 

 

a)        Señalamiento

21

1

20

 

b)        Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal

 

 

18

 

 

3

 

 

15

 

 

 

 

 

c)        Solicitud de Aclaración

 

540

 

30

 

510

 

 

 

 

 

d)        Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control

 

 

569

 

 

120

 

 

449

 

 

 

 

TOTAL

 

Porcentaje

1,148

 

100.0%

154

 

13.4%

994

 

86.6%

 

 

 

 

 

C)    Acciones Correctivas. CHPF 1994-1998

 

Respecto a las acciones correctivas promovidas por la ASF, durante el periodo de 1998 a junio de 2002, derivadas de las auditorías practicadas sobre la Cuenta Pública de los ejercicios de 1994 a 1998, se informa lo siguiente:

 

a)     Denuncias de Hechos. De la Cuenta Pública del ejercicio de 1998, se presentaron 2 ante las instancias correspondientes, las cuales se encuentran en la etapa de averiguación previa.

 

b)     Pliegos de Observaciones. De la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios fiscales de 1994 a 1998, se han formulado, durante el periodo de 1998 a junio de 2002, 55 pliegos, de los cuales 20 han sido solventados, 3 motivaron el fincamiento de responsabilidades y 32 se encuentran en proceso de aclaración o solventación.

 

c)     Promoción del Fincamiento de Responsabilidades Administrativas. La ASF ha promovido ante las instancias de control correspondientes, 2 acciones de esta naturaleza, las cuales, a la fecha que se reporta, se encuentran en proceso de resolución.

 

La evolución de las acciones referidas se presenta a continuación:

 

 

 

EVOLUCIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN LOS AÑOS DE 1998 A 2002

SOBRE LOS RESULTADOS DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL

DE LOS EJERCICIOS DE 1994 A 1998. DATOS AL 30 DE JUNIO DE 2002

 

TIPO DE ACCIÓN

 

CHPF

 

 

FORMULADO

 

SOLVENTADO

PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDAD

EN PROCESO DE ATENCIÓN

 

 

 

 

 

 

 

a)         Denuncia de Hechos

 

1998

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

b)        Pliego de Observaciones

 

1994

 

 

7

 

3

 

 

 

4

 

1995

 

9

6

 

3

 

1996

 

4

3

 

1

 

1997

 

25

7

 

18

 

1998

 

10

1

3

6

 

TOTAL

 

 

55

 

20

 

3

 

32

 

 

 

 

 

 

c)       Promoción de Fincamiento de   Responsabilidades Administrativas

 

1997

 

1998

 

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

TOTAL

 

 

2

 

 

 

 

2

 

TOTAL DEL PERIODO 1998-2002

 

Porcentaje

 

 

 

59

 

100.0%

 

20

 

33.9%

 

3

 

5.1%

 

36

 

61.0%

 

 

D)    Resarcimientos. CHPF 1996-1999

 

Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios de 1996, 1997, 1998 y 1999, se promovieron: 313, 660, 465 y 540 acciones de carácter resarcitorio, respectivamente.

 

Sobre el particular, durante el periodo que se reporta (julio de 2001 a junio de 2002), se han obtenido los siguientes resultados:

 

a)       Cuenta Pública del ejercicio de 1996. De un saldo pendiente de resarcir o justificar al mes de junio de 2001 de 159.9 millones de pesos, se operaron resarcimientos por 15.2 millones de pesos y se actualizaron o justificaron cifras por 4.6 millones de pesos, con lo cual a junio de 2002 el saldo es de 149.3 millones de pesos por resarcir o justificar.

 

b)       Cuenta Pública del ejercicio de 1997.  De un saldo pendiente de resarcir o justificar al mes de junio de 2001 de 303.0 millones de pesos, se actualizaron saldos por 29.1 millones de pesos, se operaron resarcimientos por 102.3 millones de pesos y se justificaron 79.0 millones de pesos, con lo cual a junio de 2002 queda un saldo de 150.8 millones de pesos por resarcir o justificar.

 

Del saldo de 7.3 millones de dólares al mes de junio de 2001, se actualizaron saldos por 1.5 millones de dólares, se operaron resarcimientos por 0.2 millones de dólares y se justificaron 2.6 millones de dólares, lo que arroja un saldo por resarcir o justificar, a junio de 2002, de 6.0 millones de dólares.

 

c)        Cuenta Pública del ejercicio de 1998. De un saldo pendiente de resarcir o justificar al mes de junio de 2001 de 680.0 millones de pesos,  se actualizaron saldos por 228.0 millones de pesos, se operaron resarcimientos por 253.0 millones de pesos y se justificaron 33.3 millones de pesos, con lo cual a junio de 2002 queda un saldo de 621.7 millones de pesos por resarcir o justificar.

 

Del saldo de 15.2 millones de dólares al 30 de junio de 2001, en el periodo que se reporta, se actualizaron saldos por 10.5 millones de dólares, se operaron resarcimientos de 1.8 millones de dólares y se justificaron montos por 3.4 millones de dólares, quedando un saldo pendiente de justificar o resarcir al 30 de junio de 2002, por 20.5 millones de dólares.

 

d)       Cuenta Pública del ejercicio de 1999. Del total determinado en septiembre de 2001 por 3,244.0 millones de pesos, en el periodo que se reporta, se operaron resarcimientos por 208.8 millones de pesos y se justificaron 21.0 millones de pesos, quedando pendiente un saldo por resarcir o justificar de 3,014.2 millones de pesos.

 

Del importe determinado en dólares por 232.5 millones de dólares, se operaron resarcimientos por 108.6 millones de dólares y se justificaron 0.5 millones de dólares, lo que arroja un saldo pendiente de resarcir o justificar de 123.4 millones de dólares.

 

Los resarcimientos operados y justificados por ejercicio fiscal y por moneda, se presentan a continuación:

 

 

RESUMEN DE RESARCIMIENTOS OPERADOS COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN

DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 1996

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2002

 

 

CONCEPTO

TOTAL

DETERMINADO

 

RESARCIMIENTOS

 

JUSTIFICADO

PENDIENTE DE

RESARCIR O JUSTIFICAR

 

 

 

 

 

En pesos (Millones)

 

 

 

 

 

Situación a junio de 2001

980.5

434.3

386.3

159.9

 

 

 

 

 

Movimientos en el periodo julio 2001 a junio de 2002

 

0.0

 

15.2

 

(4.6)

 

(10.6)

 

 

 

 

 

Situación al 30 de junio de 2002

 

Porcentaje

980.5

 

100.0%

449.5

 

45.8%

381.7

 

39.0%

149.3

 

15.2%

 

 

 

 

RESUMEN DE RESARCIMIENTOS OPERADOS COMO RESULTADO

DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 1997

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2002

 

 

CONCEPTO

TOTAL

DETERMINADO

 

RESARCIMIENTOS

 

JUSTIFICADO

PENDIENTE DE

RESARCIR O JUSTIFICAR

 

 

 

 

 

En pesos (Millones)

 

 

 

 

 

Situación a junio de 2001

724.2

281.5

139.7

303.0

 

 

 

 

 

Movimientos en el periodo julio de 2001 a junio de 2002

 

29.1

 

102.3

 

79.0

 

(152.2)

 

 

 

 

 

Situación al 30 de junio de 2002

 

Porcentaje

753.3

 

100.0%

383.8

 

51.0%

218.7

 

29.0%

150.8

 

20.0%

 

 

 

 

 

En dólares (Millones)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación a junio de 2001

76.9

59.6

10.0

7.3

 

 

 

 

 

Movimientos en el periodo julio de 2001 a junio de 2002

 

1.5

 

0.2

 

2.6

 

(1.3)

 

 

 

 

 

Situación al 30 de junio de 2002

78.4

59.8

12.6

6.0

 

Porcentaje

 

100.0%

 

76.3%

 

16.1%

 

7.6%

 

 

RESUMEN DE RESARCIMIENTOS OPERADOS COMO RESULTADO

 DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 1998

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2002

 

 

CONCEPTO

TOTAL

DETERMINADO

 

RESARCIMIENTOS

 

JUSTIFICADO

PENDIENTE DE

RESARCIR O JUSTIFICAR

 

 

 

 

 

En pesos (Millones)

 

 

 

 

Situación a junio de 2001

866.4

141.4

45.0

680.0

 

 

 

 

 

Movimientos en el periodo julio de 2001 a junio de 2002

 

228.0

 

253.0

 

33.3

 

(58.3)

 

 

 

 

 

Situación al 30 de junio de 2002

 

Porcentaje

1,094.4

 

100.0%

394.4

 

36.0%

78.3

 

7.2%

621.7

 

56.8%

 

 

 

 

 

En dólares (Millones)

 

 

 

 

Situación a junio de 2001

35.8

1.8

18.8

15.2

 

 

 

 

 

Movimientos en el periodo julio 2001 a junio de 2002

 

10.5

 

1.8

 

3.4

 

5.3

 

 

 

 

 

Situación al 30 de junio de 2002

 

Porcentaje

46.3

 

100.0%

3.6

 

7.8%

22.2

 

47.9%

20.5

 

44.3%

 

 

 

RESUMEN DE RESARCIMIENTOS OPERADOS COMO RESULTADO

DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 1999

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2002

 

 

CONCEPTO

TOTAL

DETERMINADO

 

RESARCIMIENTOS

 

JUSTIFICADO

PENDIENTE DE

RESARCIR O JUSTIFICAR

 

 

 

 

 

En pesos (Millones)

 

 

 

 

Situación a septiembre de 2001

3,244.0

0.0

0.0

3,244.0

 

 

 

 

 

Movimientos en el periodo septiembre de 2001 a junio de 2002

 

 

0.0

 

 

208.8

 

 

21.0

 

 

(229.8)

 

 

 

 

 

Situación al 30 de junio de 2002

 

Porcentaje

3,244.0

 

100.0%

208.8

 

6.4%

21.0

 

0.6%

3,014.2

 

93.0%

 

 

 

 

 

En dólares (Millones)

 

 

 

 

Situación a septiembre de 2001

232.5

0.0

0.0

232.5

 

 

 

 

 

Movimientos en el periodo septiembre 2001 a junio de 2002

 

 

0.0

 

 

108.6

 

 

0.5

 

 

(109.1)

 

 

 

 

 

Situación al 30 de junio de 2002

 

Porcentaje

232.5

 

100.0%

108.6

 

46.7%

0.5

 

0.2%

123.4

 

53.1%

 

 

En resumen, durante el periodo del 1º de julio de 2001 al 30 de junio de 2002, se operaron resarcimientos correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios 1996 a 1999 por 579.3 millones de pesos y 110.6 millones de dólares, los cuales fueron ingresados a la Tesorería de la Federación y se justificaron 128.7 millones de pesos y 6.5 millones de dólares, tal como se muestra a continuación:

 

 

RESUMEN DE RESARCIMIENTOS OPERADOS COMO RESULTADO

DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 1996-1999

CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2002

 

 

CONCEPTO

TOTAL

DETERMINADO

 

RESARCIMIENTOS

 

JUSTIFICADO

PENDIENTE DE

RESARCIR O JUSTIFICAR

 

 

 

 

 

En pesos (Millones)

 

 

 

 

 

Situación a junio de 2001

2,591.1

857.2

571.0

1,142.9

Determinado a septiembre 2001

3,224.0

0.0

0.0

3,244.0

Total

5,815.1

857.2

571.0

4,386.9

 

 

 

 

 

Movimientos en el periodo julio de 2001 a junio de 2002

 

257.1

 

579.3

 

128.7

 

(450.9)

 

 

 

 

 

Situación al 30 de junio de 2002

 

Porcentaje

6,072.2

 

100.0%

1,436.5

 

23.7%

699.7

 

11.5%

3,936.0

 

64.8%

 

 

 

 

 

En dólares (Millones)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación a junio de 2001

112.7

61.4

28.8

22.5

Determinado a septiembre 2001

232.5

0.0

0.0

232.5

Total

345.2

61.4

28.8

255.0

 

 

 

 

 

Movimientos en el periodo julio de 2001 a junio de 2002

 

12.0

 

110.6

 

6.5

 

(105.1)

 

 

 

 

 

Situación al 30 de junio de 2002

357.2

172.0

35.3

149.9

 

 

 

 

 

Equivalente en Moneda Nacional (T.C. 9.9615) al 30 de junio del 2002 (millones de pesos)

 

Porcentaje

 

 

 

3,558.2

 

100.0%

 

 

 

1,713.3

 

48.1%

 

 

 

351.6

 

9.9%

 

 

 

1,493.3

 

42.0%

 

 

 

 

 

Total General en Millones de Pesos

 

Porcentaje

 

9,630.4

 

100.0%

 

3,149.8

 

32.7%

 

1,051.3

 

10.9%

 

5,429.3

 

56.4%

 

 

 

 

 

1.6.3.Resumen de las Acciones Promovidas

 

De la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios de 1994 a 2000, la entidad de fiscalización superior de la Federación promovió 18,662 acciones, de las cuales 2,749 (14.7%) son de carácter correctivo y 15,913 (85.3%) son de naturaleza preventiva.

De las 18,662 acciones, al 30 de junio de 2002 se han atendido o resuelto 11,708 (62.7%) y se reportan en proceso de solventación o resolución 6,954 (37.3%), como se muestra a continuación:

 

 

 

 

RESUMEN DE ACCIONES PROMOVIDAS CUENTA PÚBLICA 1994-2000

 

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL

ACCIONES PROMOVIDAS

TOTAL

ATENDIDAS Y/O RESUELTAS

POR SOLVENTAR Y/O RESOLVER

 

 

 

 

a) Acciones Correctivas

 

 

 

 

 

 

 

1994

7

3

4

1995

9

6

3

1996

4

3

1

1997

26

7

19

1998

13

4

9

1999

(*)     1,220

161

1,059

Subtotal

1,279

184

1,095

2000

1,470

 

1,470

Total

 

Porcentaje

2,749

 

100.0%

184

 

6.7%

2,565

 

93.3%

 

 

 

 

b) Acciones Preventivas

 

 

 

 

 

 

 

1996

2,624

2,622

2

1997

3,766

3,730

36

1998

3,562

3,309

253

1999

2,778

1,863

915

Subtotal

12,730

11,524

1,206

2000

3,183

 

3,183

Total

 

Porcentaje

15,913

 

100.0%

11,524

 

72.4%

4,389

 

27.6%

 

 

 

 

Total General

 

Porcentaje

18,662

 

100.0%

11,708

 

62.7%

6,954

 

37.3%

 

(*)     Incluyen 35 acciones promovidas con posterioridad a la entrega del Informe de Resultados de 1999.

 

I.7.CONSIDERACIONES FINALES   

 

Con el presente Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2000, concluye una trascendental etapa de la fiscalización a cargo del Poder Legislativo en México.

 

Como lo establecen los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se reforman los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 30 de julio de 1999, y Cuarto Transitorio de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, publicada en el DOF del 29 de diciembre de 2000, la Cuenta Pública de 2000 fue la última que la entidad de fiscalización superior de la Federación revisó al amparo de los ordenamientos jurídicos vigentes hasta antes de la entrada en vigor del Decreto y la Ley antes referidos.

 

Con la entrega de este documento, y salvo las acciones de seguimiento sobre la atención de las observaciones determinadas por la entidad de fiscalización superior de la Federación y la promoción de responsabilidades, en los casos de incumplimiento, se dejan sin efecto las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, publicada en el DOF del 29 de diciembre de 1978, que en su momento estableció la práctica de auditorías, en sustitución del examen de la Cuenta Pública a través de la glosa documental.

 

La creación de la ASF, a partir de las reformas constitucionales y en particular del artículo 79, fortalece la facultad de fiscalización superior de la H. Cámara de Diputados ejercida a través de su órgano técnico. Destacan en este sentido, las atribuciones conferidas a la ASF que a continuación se mencionan:

 

a)       Autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de las atribuciones de fiscalización y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.

 

b)       Considerar como sujetos de fiscalización a los Poderes de la Unión, los entes públicos federales, incluidos los organismos públicos constitucionalmente autónomos, las entidades federativas, los municipios y los particulares que hayan recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.

 

c)     Evaluar el Informe de Avance de Gestión Financiera, respecto de los avances físico y financiero de los programas autorizados y sobre procesos concluidos, que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales deben rendir a más tardar el 31 de agosto del año en que se ejerza el presupuesto respectivo y por el periodo comprendido del 1º de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal que esté en curso.

 

d)       Requerir a los sujetos de fiscalización, en situaciones excepcionales, la revisión de conceptos que estime pertinentes y la rendición del correspondiente informe.

 

e)       Fiscalizar los subsidios que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales hayan otorgado con cargo a su presupuesto, a entidades federativas, particulares y, en general, a cualquier entidad pública o privada, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado.

 

f)         Fincar directamente responsabilidades resarcitorias y aplicar multas y sanciones a quienes incurran en actos y omisiones que afecten a la Hacienda Pública Federal.

 

g)       Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y archivo, de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto público, así como todos aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías y revisiones.

 

Para cumplir con las responsabilidades que le han sido encomendadas, la ASF ha establecido su plataforma de desempeño institucional a partir de dos premisas fundamentales:

 

·         Fortalecer los valores éticos de sus servidores públicos en el ámbito profesional y personal, independientemente de los derechos y obligaciones que establecen las normas jurídicas que regulan su actuación en lo general.

 

·         Promover la mordernización y fortalecimiento de los sistemas de control interno de los Poderes de la Unión y entes públicos federales, mediante la emisión de observaciones y la promoción de acciones, preponderantemente proactivas, orientadas a consolidar el proceso democrático de la rendición de cuentas, así como la transparencia y rentabilidad social en la administración de los recursos públicos federales.

 

Para atender la primera vertiente se expidió, en octubre de 2001, el Código de Ética Profesional de la Auditoría Superior de la Federación, que tiene como propósito arraigar una cultura de respeto hacia los más altos valores éticos en que debe sustentarse la gestión gubernamental, con la absoluta convicción de que la administración pública mejorará en la medida en que los individuos a quienes se ha encomendado, comprometidos con esos valores, antepongan el interés general al personal y asuman plenamente las responsabilidades que les asignan las leyes.

 

El mandato conferido a la ASF para realizar la fiscalización superior de la gestión gubernamental, convierte a la institución en una pieza clave del proceso de rendición de cuentas y, por consiguiente, el desempeño de sus servidores públicos debe fundamentarse en esos valores, ya que la autoridad moral de la ASF se sustenta en la conducta intachable de sus servidores públicos, que debe ser ejemplo para los sujetos fiscalizados.

 

Los postulados éticos que deben observar en su diario quehacer los servidores públicos de la ASF son:

 

 

1.     Profesionalismo Competente

 

El personal responsable de la revisión de la Cuenta Pública Federal y la fiscalización a cargo de la ASF debe proceder conforme a las normas, los criterios y el rigor profesional más estrictos en la realización de sus tareas, con objeto de alcanzar la excelencia.

 

2.     Independencia

 

Los profesionales al servicio de la ASF deben actuar con independencia de criterio, libres de prejuicios o intereses de cualquier índole, con el fin de preservar la imparcialidad y objetividad a las que la institución está obligada.

 

3.     Objetividad

 

Los profesionales al servicio de la ASF deben proceder con toda objetividad en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, principalmente en lo que se refiere a sus informes, que se basarán exclusivamente en los resultados de las pruebas efectuadas.

 

4.     Imparcialidad

 

Los profesionales al servicio de la ASF deben dar un trato equitativo a los sujetos de fiscalización.

 

5.     Confidencialidad

 

Los profesionales al servicio de la ASF deben guardar estricta reserva de la información que obtengan en el desempeño de sus funciones de fiscalización.

 

6.     Actitud Constructiva

 

El personal debe mantener una actitud constructiva en las auditorías que se practiquen con motivo de la revisión de la Cuenta Pública Federal, para lo cual considerará que el fin último de la ASF es contribuir a mejorar la gestión gubernamental.

 

 

7.     Integridad

 

El personal al servicio de la ASF debe ajustar su conducta a las normas legales y éticas aplicables y actuar con integridad en el ejercicio de sus atribuciones y funciones.

 

 

La segunda vertiente atiende a la visión y pautas estratégicas de actuación, orientadas a promover que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales, eliminen gradualmente las áreas generadoras de corrupción, adopten las mejores prácticas gubernamentales y operen con eficacia, eficiencia, economía y compromiso social en el manejo, administración y ejercicio de los recursos públicos.

 

Con ese objetivo institucional, se expidió en enero de 2002, la “Visión Estratégica de la Auditoría Superior de la Federación”, que se incluye en el numeral I.2. de este Tomo y que contempla los siguientes aspectos:

 

1)     Áreas Generadoras de Corrupción

 

2)     Mejores Prácticas Gubernamentales

 

3)     Seguridad Laboral de los Servidores Públicos

 

4)     Indicadores Estratégicos

 

5)     Rendición de Cuentas

 

6)     Supervisión y Control

 

7)     Fiscalización de Alto Impacto

 

8)     Oportunidades de Mejora

 

Para la revisión la Cuenta Pública de 2000, la actividad fiscalizadora desarrollada por la ASF, consideró las líneas y políticas que establece la plataforma referida.

 

La práctica de las 312 auditorías realizadas sobre la Cuenta Pública que se comenta, permitió a la ASF emitir recomendaciones para que los entes públicos auditados atiendan la problemática identificada en cada una de esas áreas estratégicas, a efecto de elevar la calidad de la gestión de los Poderes de la Unión, los entes públicos y las entidades federativas y los municipios auditados.

 

Atendiendo al objetivo primordial de las auditorías practicadas, éstas y el número de las acciones promovidas con motivo de sus resultados, se han clasificado por área estratégica, presentando el siguiente panorama:

 

·         40 auditorías (12.8% del total), se focalizaron en la revisión de áreas o procesos potencialmente generadores de prácticas de corrupción, entre ellos: la adquisición de bienes o servicios y el otorgamiento de permisos y concesiones, habiéndose promovido 600 acciones.

 

·         25 revisiones (8.0%) se orientaron al análisis y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas, tanto institucionales como de algunos programas, en términos de eficacia, economía y eficiencia; al respecto se emitieron 401 recomendaciones.

 

·         3 auditorías (1.0%) tuvieron como objetivo principal, la evaluación de los esquemas de servicio civil de carrera, la verificación de la  constitución de reservas para contingencias laborales (pasivos) y los programas de capacitación a los servidores públicos, generando en conjunto 66 acciones.

 

·         4 revisiones (1.3%), se orientaron a evaluar la existencia, pertinencia y utilidad de los indicadores estratégicos y de gestión de los entes públicos auditados. Sus resultados se tradujeron en 108 acciones.

 

·         122 auditorías (39.1%) tuvieron como principal objetivo, constatar que la rendición de cuentas fuera clara, y el ejercicio de los recursos públicos transparente. Lo observado generó la promoción de 2,585 acciones.

 

·         27 auditorías (8.7%) se enfocaron a evaluar procesos de desincorporación y apoyos para saneamiento financiero, que permitieron a la ASF fincar 176 acciones.

 

·         91 revisiones (29.1%) se relacionaron, entre otros aspectos, con la aplicación de los recursos federales en entidades federativas y municipios, en cuyo caso, la ASF determinó 516 acciones derivadas de sus intervenciones directas y otras 201 fueron dirigidas a los órganos técnicos de los Congresos Locales, para que realicen el seguimiento sobre lo observado e informen a la ASF sobre su atención.

 

·         El carácter proactivo de la función fiscalizadora de la ASF se refleja en la emisión de un importante número de recomendaciones para mejorar los resultados institucionales y subsanar deficiencias del control interno.

 

En igual sentido, la ASF ha adoptado como política, cuando así procede, el reconocimiento de fortalezas institucionales, el señalamiento de aspectos vulnerables y la identificación de oportunidades de mejora. Avances importantes al respecto, pueden constatarse en los informes detallados de las auditorías de desempeño llevadas a cabo.

 

Adicionalmente, la ASF realizó durante el periodo de julio de 2001 a junio de 2002, cuando menos una reunión de seguimiento de observaciones con 96 entidades fiscalizadas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios fiscales de 1996 a 1999.

 

Las acciones puestas en marcha para responder a las atribuciones conferidas a la ASF, se han llevado a cabo con oportunidad y consistencia, con el firme propósito de obtener de la fiscalización superior resultados más propositivos y útiles y, en los casos en que se presuma de un daño a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos auditados, promover las acciones correctivas pertinentes.

 

El objetivo final de la actuación de la ASF es inspirar y merecer la confianza de la sociedad, de la H. Cámara de Diputados y, en un horizonte más amplio, recuperar la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones republicanas.

 

En resumen, a través de las 2,900 recomendaciones emitidas para mejorar el control administrativo y de las 283 relacionadas con el desempeño institucional, se pone de manifiesto la actitud constructiva de la ASF, marcando senderos, señalando caminos, estableciendo pautas, para que las entidades fiscalizadas atiendan la inoperancia de los sistemas de control interno establecidos y, evitar la recurrencia de las irregularidades, los incumplimientos a las normas y la comisión de actos ilícitos, así como para elevar la eficiencia, la eficacia y la economía con que se captan y utilizan los recursos federales.

 

Por otra parte, se promovieron 1,470 acciones de carácter correctivo, orientadas a deslindar y fincar responsabilidades cuando se presume la existencia de un daño al erario federal y, en los casos de probables responsabilidades administrativas, se solicitó la intervención de los órganos internos de control en los entes auditados para que, en el ámbito de su competencia, promovieran las acciones correspondientes.

 

Los resultados y observaciones que se rinden en el presente informe, proporcionan una gama de elementos cuantitativos y cualitativos que permiten a la ASF sugerir acciones e informar sobre aspectos que, a su juicio, deben ser conocidos por el H. Congreso de la Unión.

 

Las consideraciones que a continuación se presentan tienen carácter general, porque se trata de apreciaciones a las que se arriba después de analizar en su conjunto, los resultados de trabajos de revisión. Se estiman pertinentes porque tienen el propósito de contribuir al fortalecimiento de la gestión gubernamental mediante un uso más claro y transparente de los fondos federales, y coadyuvar a potenciar el impacto social de las políticas públicas.

 

1.        Obras Públicas 

 

Los incrementos en volumen, plazo y ajuste de precios, más allá de lo razonable, con frecuencia impide que se concluyan oportunamente un  importante número de obras.

 

Como resultado de la práctica de las auditorías de obra pública, la ASF observó la recurrencia de los siguientes incumplimientos normativos y deficiencias:

 

·         Carencia de estudios previos;

 

·         Deficiente planeación, programación y presupuestación de los proyectos;

 

·         Asignaciones directas injustificadas;

 

·         Retraso en el desahogo de trámites administrativos y legales que impiden el inicio de las obras (licencias, permisos, liberación de derechos de vía);

 

·         Bitácoras de obra incompletas;

 

·         Fianzas de garantía que no amparan las obras contra vicios ocultos, a partir de su conclusión;

 

·         Supervisión externa e interna deficiente;

 

·         Frecuente autorización (extraordinaria) de precios unitarios por conceptos no contemplados en el proyecto original;

 

·         Atraso en la entrega de recursos y en la formalización de contratos y convenios;

 

·         Rescisiones extemporáneas y jurídicamente mal fundamentadas;

 

·         Omisiones en la recuperación de anticipos; y

 

·         Obras no concluidas, pagadas en su totalidad conforme a los montos establecidos en los contratos.

 

 

2.     Adquisiciones

 

En materia de adquisiciones se observó una problemática que parte, en ocasiones, desde la falta de capacitación del personal a cargo de la función y la incorrecta aplicación de las disposiciones jurídicas y normativas, hasta la deliberada comisión de irregularidades. En términos generales puede destacarse, por su frecuencia, lo siguiente:

 

·         Omisiones en la elaboración de los programas anuales de adquisiciones;

 

·         Falta de precisión y claridad en la formulación de las bases de concursos y licitaciones públicas, lo que propicia inconformidades de los proveedores;

 

·         Irregularidades en la aplicación de los criterios de adjudicación;

 

·         Falta de observancia del criterio de consolidación de pedidos, lo que propicia el encarecimiento de los bienes;

 

·         Fincamiento de pedidos sin contar con suficiencia presupuestal de recursos;

 

·         Adquisición directa, o mediante invitación restringida, de bienes que debieron haberse licitado, lo que se traduce en sobreprecios;

 

·         Compras innecesarias que se traducen en bienes ociosos en el almacén; e

 

·         Injustificada falta de aplicación de sanciones y penas convencionales por la entrega extemporánea de los bienes adquiridos.

 

 

3.     Recursos Federales Transferidos a Entidades Federativas y Municipios

 

En opinión de la ASF, la necesaria e impostergable canalización de mayores recursos hacia las entidades federativas y municipios, no ha sido correspondida, particularmente en el caso de estos últimos, con las acciones tendientes a fortalecer su infraestructura administrativa y sus mecanismos de supervisión y control, tanto en aspectos de capacitación como normativos. Esta circunstancia es la principal causa de las irregularidades detectadas en el ejercicio de los recursos trasferidos a través del Ramo 33 y de los reasignados por las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal.

 

Por cuanto hace a las actividades de fiscalización, los convenios de colaboración suscritos entre la AFS y los órganos técnicos de los Congresos Locales, han permitido ampliar la muestra auditada del universo revisable; aún así, resulta indispensable concluir la formalización de estos instrumentos con 16 entidades. De igual forma, concretar apoyos financieros adicionales para dichas instancias fiscalizadoras, vía la Ley de Coordinación Fiscal o el Decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación.

 

En relación con las deficiencias e irregularidades en el ejercicio de los recursos federales, destacan por su incidencia las siguientes:

 

·         Carencia de sistemas de supervisión, control y registro de las operaciones realizadas;

 

·         Desvío de los fondos hacia otros fines distintos a los autorizados;

 

·         Falta de supervisión del avance de las obras contratadas;

 

·         Carencia de proyectos;

 

·         Falta de documentación comprobatoria;

 

·         Pagos a personal no identificado con los trabajos objeto de la asignación de recursos;

 

·         Vehículos adquiridos en exceso y destinados al uso de funcionarios;

 

·         Pagos efectuados sin autorización o dictamen técnico;

 

·         Omisión de los procesos de licitación en la adquisición de bienes; y

 

·         Recursos financieros ociosos en bancos.

 

 

4.     Registro, Control y Administración de Activos

 

De la revisión a diversos rubros de los activos institucionales de los entes públicos fiscalizados, se observa, entre otros, la recurrencia de las anomalías en los siguientes aspectos o áreas:

 

·         Carencia de resguardos de los activos a cargo de los servidores públicos;

 

·         Falta de conciliación entre los registros y los bienes existentes;

 

·         Deficiente o nula recuperación de cartera;

 

·         Inoportunidad en la comprobación de los anticipos para gastos;

 

·         Recursos financieros ociosos en bancos;

 

·         Reintegro extemporáneo a la TESOFE de los recursos no devengados, conforme a las disposiciones normativas; y

 

·         Entero inoportuno de productos, derechos y aprovechamientos a la TESOFE.

 

 

5.     Registro y Control de Pasivos

 

De la revisión a diversos rubros del pasivo de los entes públicos fiscalizados, se contempla entre otros, la recurrencia de las observaciones en los siguientes rubros:

 

·         Constitución de reservas técnicas. Aplicación de criterios actuariales;

 

·         Entero de impuestos mal calculados; e

 

·         Inadecuado registro de los compromisos devengados y no devengados.

 

 

 

6.        Otros Conceptos o Áreas Críticas

 

Independientemente de lo señalado en relación con los temas de obra pública y adquisiciones, la ASF considera prioritario que las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, atiendan el reforzamiento de los mecanismos de control en las siguientes áreas:

 

·         Registro de mercancías en tránsito y pago de contribuciones;

 

·         Retención y entero de impuestos al comercio exterior;

 

·         Control, manejo y disposición de las mercancías decomisadas;

 

·         Utilización de recursos captados para fines distintos a los autorizados;

 

·         Captación de derechos por la concesión, uso o goce temporal de las zonas federales marítimo terrestres;

 

·         Devolución de impuestos, en especial, IVA y Especial sobre Producción y Servicios;

 

·         Declaraciones de impuestos de personas físicas y morales, en relación con lo facturado a los entes públicos federales por concepto de venta de bienes o prestación de servicios;

 

·         Bases de cálculo para el entero de aportaciones de seguridad social; y

 

·         Bonificaciones, descuentos, sanciones y penas convencionales, así como la ampliación de plazos contractuales o convenidos. (Facultades discrecionales).

 

 

7.     Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Contratos Análogos

 

Como parte de las acciones preventivas emprendidas por la ASF, se realizó una evaluación enfocada a constatar los procedimientos para el registro, operación, control y extinción o terminación de la vigencia de estos instrumentos.

 

La revisión consideró una muestra de 98 de ellos, que representa el 8.4% de un universo de 1,165 instrumentos vigentes. Para su análisis se tomó en cuenta la normatividad establecida para su constitución; inscripción al Registro de Fideicomisos y Mandatos de la Administración Pública Federal; los acuerdos y documentos utilizados para su creación; la renovación de su clave de registro presupuestal; en su caso, las modificaciones a los contratos respectivos; y las disposiciones relativas a su conclusión y baja de las claves de inscripción.

 

Se advirtieron diversas omisiones, insuficiencias e incumplimientos normativos, destacando los siguientes:

 

a)       Inconsistencias en el registro de inscripción de la SHCP con relación a la información financiera de los instrumentos;

 

b)       Inobservancia de la norma en materia de presentación de los estados financieros, tanto en tiempo como en forma, así como de diferentes omisiones referentes a las aportaciones patrimoniales; e

 

c)        Incumplimientos en el período máximo de vigencia del mandato administrativo e indefinición de si son fideicomisos con estructura, personalidad jurídica y patrimonio propio.

 

Del total de recursos fideicomitidos, por 615 mil millones de pesos, el 94.6% se ubica en la SHCP, SCT y SENER, en un cálculo preliminar. Es menester que la SHCP inicie un programa para la depuración de estos instrumentos, la actualización de los registros, la cuantificación de los recursos involucrados y la instrumentación de las medidas de control indispensables.

 

8.     Deuda Pública

 

La ASF iniciará una evaluación de la deuda pública, titulada y contingente, de las medidas adoptadas para medir el riesgo de materialización de esta última y su potencial impacto en el presupuesto de egresos y la canalización de recursos para la atención de las prioridades nacionales.

 

Para tal propósito será necesario revisar el marco legal, la evolución reciente del saldo y costo financiero, la pertinencia de los controles internos, así como la estructura, composición y términos de contratación, tanto de los empréstitos y colocaciones de títulos (deuda directa), como de las obligaciones garantizadas y avaladas (deuda contingente).

 

 

9.     Indicadores Estratégicos

 

Dentro de la Cuenta Pública, el apartado de Análisis del Ejercicio del Presupuesto Programático se fortaleció con la presentación del análisis del gasto programable devengado por clasificación económica, y de diversos cuadros que registran los porcentajes de cumplimiento de las metas físicas y financieras de los indicadores estratégicos. Al revisar dichos indicadores estratégicos, se ha encontrado que un número importante de ellos no satisfacen el propósito de medir el cumplimiento de los objetivos de los programas sectoriales y especiales y de algunas actividades institucionales; se trata más bien, de indicadores de gestión que miden procesos internos de actividades que lleva a cabo el Gobierno Federal para cumplir con sus objetivos establecidos en la Constitución, leyes y demás ordenamientos jurídicos.

 

En consecuencia, el Gobierno Federal deberá profundizar en la estructuración y elaboración de indicadores estratégicos, que realmente cumplan su cometido de cuantificar los resultados en función del grado y forma de cumplimiento de los objetivos gubernamentales.

 

 

 

CONCLUSIÓN

 

Por último, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000 se presentó en tiempo y forma, por el Ejecutivo Federal a la H. Cámara de Diputados para su revisión, y fue turnada por la Comisión de Vigilancia a esta entidad de fiscalización superior de la Federación, la cual procedió a practicar las auditorías correspondientes, tal y como lo disponen los ordenamientos legales aplicables.

 

El periodo de trabajo comprendió 15 meses; en el mes de noviembre de 2001 se entregó a esa Soberanía el Informe Previo; ahora, se presentan los resultados finales. La revisión comprendió 312 auditorías practicadas a 129 entes públicos, en las que se aplicaron los procedimientos y técnicas de auditoría pertinentes para cada caso. Los objetivos y alcances de las revisiones se determinaron con imparcialidad, honestidad, responsabilidad y profesionalismo, siempre con estricto rigor técnico, sujeto a las Normas para la Fiscalización Superior de la ASF.

 

Los resultados de las auditorías, visitas e inspecciones que se obtuvieron derivan en la promoción de 4,653 acciones, de las cuales: 3,183 son preventivas, y 1,470 correctivas. Los entes públicos tendrán un plazo de 45 días hábiles para su aclaración o solventación. El seguimiento de las acciones promovidas se vuelve tarea fundamental para la ASF, ya que a través de ésta, se asegura que los entes públicos auditados atiendan las observaciones y recomendaciones formuladas, con el propósito de coadyuvar a: adoptar medidas correctivas y preventivas que eviten su recurrencia; optimizar el aprovechamiento de capacidades y recursos; establecer sistemas de control y supervisión eficaces; eliminar áreas generadoras de corrupción; y en general, a la adopción de sanas prácticas gubernamentales y de mejora continua del quehacer público.

 

El Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2000, cumple con el mandato constitucional y con el espíritu de autonomía y neutralidad que el legislador plasmó en la ley, para que la fiscalización superior coadyuve a que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, teniendo como único compromiso la prevalencia de la Ley y el imperio del derecho.