Derecho a ser asistido gratuitamente en procedimientos por faltas administrativas graves ante la ASF


Antecedentes

El 27 de mayo del 2015 se publicó la reforma Constitucional en materia anticorrupción que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, con el objetivo de combatirla eficazmente, a través de políticas públicas y procedimientos que prevengan, detecten y sancionen las faltas administrativas y hechos de corrupción.

Derivado de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, se aprobaron nuevas leyes y se reformaron otras.

Entre las nuevas leyes se encuentra la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta Ley prevé el cumplimiento de funciones de las y los servidores públicos, así como las sanciones por actos u omisiones que realizan en el ejercicio de sus funciones como personas servidoras públicas y/o los actos u omisiones de particulares que pudieran constituir faltas administrativas graves.

Asimismo, se creó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la cual prevé el manejo adecuado de los recursos públicos federales, así como el proceso de fiscalización.

La Auditoría Superior de la Federación, es el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, encargada de realizar auditorías para revisar y comprobar que las acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión se realizan de conformidad con la normativa establecida y asegurando una gestión pública adecuada.

Derivado de dichas auditorías, se realizan observaciones que podrán derivar en:

- Acciones y previsiones

- Recomendaciones

Los sujetos que no realicen las acciones ordenadas por las auditorías o que en su caso hayan sido señalados como presuntos responsables por la omisión o comisión de acciones que pudieran derivar en responsabilidad administrativa, serán investigados y en su caso, se iniciará un procedimiento en su contra por la comisión de faltas administrativas graves.

Es por eso que la Auditoría Superior de la Federación instaló la Dirección de Defensoría de Oficio en materia de Responsabilidades Administrativas para garantizar el derecho de las y los servidores públicos a contar con una defensa adecuada, de encontrarse en alguno de los supuestos que marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas por la comisión de faltas graves.

       

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